- Austeridad. Eliminará puestos de directores generales adjuntos para ahorrar 717 mdp el próximo año; también reducirá el espacio físico que ocupan los servidores en oficinas.
Ciudad de México, 15 de septiembre del 2019.- Para 2020, el gobierno federal propone desaparecer una parte de la llamada burocracia dorada que creció a partir de los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Se trata de la eliminación de 479 plazas de Direcciones Generales Adjuntas (DGA) en la administración pública federal para reducir el costo de la nómina burocrática en 717.2 millones de pesos, de acuerdo con los analíticos de plazas que se desprenden del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esas direcciones generales adjuntas forman parte del personal de mando cuyo rango salarial —mínimo 86 mil y máximo 103 mil pesos mensuales netos, incluidas las prestaciones— se establece en el propio decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que tiene nivel de ley y ocupa el quinto lugar en el nivel jerárquico después de secretario de Estado, subsecretario, jefe de unidad y director general.
Este año, la Cámara de Diputados aprobó mil 985 plazas de Dirección General Adjunta, el mayor número en toda las historia desde que comenzara la creación sostenida de este tipo de plazas en el sexenio de Vicente Fox.
El plan original del actual gobierno federal era desaparecer en su totalidad las direcciones adjuntas, cuando el 5 de mayo pasado se difundió un memorando que ordenaba nuevas medidas de austeridad, con el fin de captar más recursos para capitalizar a Petróleos Mexicanos.
El pasado 24 de julio, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Orador declaró que debían eliminarse las Direcciones Generales Adjuntas a las cuales llamó “burocracia dorada”, creadas durante el sexenio de Felipe Calderón, que duplican funciones y se encuentran entre los más altos salarios de la administración pública.
De acuerdo con el primer informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, desde el inicio de la presente administración hasta el 30 de agosto se habían realizado diversos esfuerzos para cumplir con la austeridad republicana que impulsa el presidente López Obrador, por lo que se “consideró la eliminación de plazas con nivel de Dirección General Adjunta que no tuvieran un sustento normativo para su creación, en este sentido, al mes de agosto se incluyeron en el proceso de reubicación-cancelación 629 plazas de nivel DGA”.
Las medidas no solo se limitaron a recortar la plantilla laboral, también se tocaron los salarios de los servidores públicos y en el caso de los directores adjuntos se registró una caída de 11.9 por ciento en las percepciones
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con sus órganos descentralizados y entidades, será la más afectada con la propuesta económica, pues perderá 58 direcciones adjuntas, lo que significaría un ahorro de 116.3 millones de pesos para las metas de austeridad del gobierno federal.
En materia de salarios en el sector hacendario, los directores adjuntos del Banco del Bienestar y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) tendrán la mayor percepción con 2 millones 268 mil pesos anuales y 2 millones 262 mil pesos, respectivamente.
Ambas cantidades representan una cifra menor por 132 mil pesos a la percepción que recibirá el Presidente de la República. Cabe señalar que a partir de este año ningún director general adjunto ganará más que el Ejecutivo federal; ya que hasta el año pasado se observaban sueldos de hasta 3.5 millones de pesos para esos cargos.
La Secretaría de Educación Pública sería la segunda dependencia con mayor reducción de direcciones adjuntas en la administración pública federal con 50 lugares de trabajo cancelados. Para 2020 se prevé que el sector educativo tenga 50 cargos de este dicho nivel, mientras que en 2019 contaba con 100 plazas.
En el caso de la Secretaría de Gobernación se observa una disminución mayor que cualquier otra dependencia con 101 direcciones generales menos que el año anterior; sin embargo, la totalidad de estos puestos de trabajo se trasladará directamente a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
En todas las dependencias se muestra una reducción de los puestos con nivel de Dirección General Adjunta para 2020, salvo en las Entidades No Sectorizadas donde se observa un aumento marginal de dos plazas con respecto a las 60 que se aprobaron para 2019.
El pasado 8 de septiembre, Hacienda entregó al Congreso el Paquete Económico para 2020, en el que se prioriza el uso del gasto público hacia los programas sociales que permitan reducir las desigualdades económicas. Además, se privilegia el gasto en seguridad, en bienestar social y en infraestructura de Pemex para lograr su reactivación.
TAMBIÉN BUSCA REDUCIR LAS OFICINAS A SERVIDORES
Las oficinas de gobierno también se compactarán como parte de las medidas de austeridad y se prevé que al final del sexenio los funcionarios dispongan de 81 centímetros menos en sus áreas de trabajo.
La medida busca usar eficientemente las oficinas, a partir del próximo año el espacio por servidor público federal tendrá que reducirse de los 17.11 metros cuadrados que actualmente ocupa a 17.08 metros cuadrados y así sucesivamente hasta llegar a 16.3 metros cuadrados en 2024.
Así lo establece el Programa Nacional del Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, entre cuyos objetivos está el de “promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado”, el cual establece las superficies a ocupar por empleado federal.
El texto describe que utilizar un espacio superior a la meta sexenal de 16.3 metros cuadrados por servidor, implica desaprovechar un inmueble federal y menos de los 17.11 metros cuadrados actuales se consideran condiciones de hacinamiento.
El documento dice que actualmente la superficie útil de los inmuebles de la administración pública federal es de 2 millones 672 mil 551 metros cuadrados, según la Base de Datos del Patrimonio Inmobiliario Federal, y hay 156 mil 111 puestos, de acuerdo con el Sistema de Registro Único de Servidores Públicos.
Así, al dividir el espacio disponible en oficinas entre el número de empleados que laboran en el gobierno federal, el programa determina que cada empleado público utiliza un espacio de 17.11 metros cuadrados.
Sin dar detalles ni justificaciones técnicas y con la intención de ahorrar en gasto de operación, mantenimiento y conservación de inmuebles, en el programa se fijaron las metas de superficie a ocupar por persona, desde 17.11 metros cuadrados, que es el dato de la actualidad, hasta 16.3 en 2024.
Sin embargo, la superficie a utilizar por trabajador podría ser menor, pues los lineamientos establecen que “el rango óptimo de aprovechamiento deberá de encontrarse entre los 12 y los 25.5 metros cuadrados”.
Para cumplir con el objetivo, también se consideran actualizar la Ley General de Bienes Nacionales; revisar y actualizar los instrumentos normativos de carácter inmobiliario y valuatorio; capacitar y actualizar a los responsables inmobiliarios, y elaborar nuevas normas para la administración de los bienes federales.
El proyecto explica que “para promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado es necesario practicar los servicios valuatorios libres de corrupción dando el justo valor del patrimonio federal, que es también el patrimonio del pueblo de México”.
El seguimiento en la medición de los espacios que ocupa cada empleado se hará cada año y será el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de Hacienda el responsable de reportar los avances.
AMONTONAR EMPLEADOS PROVOCARÁ CONFLICTOS
Érika Villavicencio-Ayub, académica de la UNAM e investigadora en Recursos Humanos y Salud Ocupacional, consideró que el espacio en metros cuadrados para cada empleado que propone el gobierno federal está dentro del rango de la norma de la Organización Internacional del Trabajo, pero advirtió que será necesario sensibilizar a los servidores para evitar conflictos laborales por la convivencia extenuante que se podrá dar.
Explicó que la tendencia mundial está enfocada a cambiar los espacios de trabajo: “Hay una redefinición de lo que es la privacidad y hay evidencia empírica de que entre menos espacios cerrados existan, se promueve la colaboración, el fomento a la creatividad y mejora la comunicación”.
No obstante, “si no tengo habilidad para trabajar en equipo y ahora estos espacios van a fomentar mayor interacción, lejos de aprovecharlos se va a volver un problema y va a generar conflictos”.
Calificó de positiva la medida del uso eficiente de espacios, pues se podrán generar ahorros: “Pareciera que en función de la jerarquía que tengo es el espacio con el que se cuenta: un director podía tener una oficina con ciertos metros, que incluye baño privado, y de ahí para abajo, el coordinador tenía una oficina más pequeña; el subdirector puede llegar a tener demasiado espacio para lo que ocupa de trabajo y además baño privado”.
Con información de: https://www.milenio.com
