Ciudad de México, 31 de julio de 2019
En la sesión de este miércoles, los Grupos Parlamentarios de la Comisión Permanente fijaron postura sobre las reformas legales aprobadas por el Congreso de Tabasco, que sancionan en esa entidad a quien extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas para la ejecución de obras públicas.
Por el Grupo Parlamentario de Morena, el senador Eduardo Ramírez Aguilar hizo un llamado a “no confundir” la ley, y rechazó que la misma criminalice la libre manifestación de las ideas y la protesta. Con ello, precisó, se busca impedir que intereses ajenos “se agandallen y busquen beneficio propio, obstruyendo obras públicas y privadas”.
La senadora Kenia López Rabadán, de Acción Nacional, lamentó que la mayoría de Morena en el Congreso de Tabasco viole los derechos de libre manifestación y criminalice la protesta. “Es terrible que lo que se está haciendo. ¿Para eso llegaron al gobierno? ¿Para encarcelar a quienes no están de acuerdo con ustedes?”, preguntó.
La diputada Soraya Pérez Munguía, del PRI, afirmó que la reforma al Código Penal de Tabasco es un ejemplo de que no se puede permitir a los gobernantes reformar las leyes a su modo. Aseguró que, hace más de 20 años, sus promotores tomaron y secuestraron instalaciones estratégicas y adelantó que su partido apoyará las demandas que surjan para que la Suprema Corte deseche la llamada “ley garrote”.
Por su parte la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, asentó que si se desea dejar en el pasado al antiguo régimen, se debe comenzar por desmantelar el aparato legislativo que permitía sus excesos. Advirtió que la clase política no puede permitir “una involución legislativa en materia de derechos humanos y muchos menos permitir dar pasos en el camino de la criminalización de la protesta social”.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PT, destacó que la reforma busca hacer frente a grupos que bloquean carreteras con el objetivo de cobrar a particulares que quieren transitar por ellas. También, a los que buscan impedir construcciones de obras públicas mediante cobro de cuotas. “Hay que tener claro que los manifestantes no caen en este supuesto. Pero entonces hay que legislar, de tal manera, que la ley no se preste a interpretaciones”.
Por el Grupo Parlamentario del PVEM, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat dijo que el dictamen “en ningún momento me dice que yo no me pueda manifestar. Yo lo puedo hacer donde yo quiera, pero sin obstruir una obra que legalmente ya fue aprobada o autorizada”.
La diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que con estas reformas “se suma otro acto contrario a la democracia, el cual representa un signo claro de regresión a los peores años de autoritarismo mexicano”.
La senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, criticó que algunos actores políticos mal informen a la sociedad en torno a una reforma legal a un código que existe hace 22 años. “Que quedé claro: sólo afecta a los delincuenciales que llevan tiempo secuestrando la voluntad popular y cobrando cuotas en carreteras”, expresó.
En el debate también participaron la senadoras Marybel Villegas Canché, Ana Lilia Rivera Rivera e Imelda Castro Castro, de Morena; Beatriz Paredes Rangel y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI; así como la diputadas María de los Ángeles Huerta del Río, de Morena; Elías Lixa Abimerhi, del PAN; y María Rósete Sánchez, del PES.
Texto y Foto: Senado de la República
