México, 30 de abril del 2019.- Con 70 votos a favor y 50 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Así como, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, democracia y libertad sindical y negociación colectiva.
El dictamen aprobado se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, señaló que se trata de un triunfo y resultado de una larga lucha de los trabajadores mexicanos por la democracia y libertad sindical, por el salario y mejores condiciones de vida.
Con 118 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención se aprueba dictamen la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional; en materia de libertad y democracia sindical.
Se remite a @Mx_Diputados.
— Senado de México (@senadomexicano) April 30, 2019
Responde también a los compromisos del Estado mexicano derivado de la reforma constitucional de 2017 y a los tratados internacionales como el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el tratado México Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
En los artículos transitorios, se establece un plazo de 180 días para expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después que entren en vigor los cambios realizados.
También, un periodo no mayor a dos años para que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie sus funciones en materia de registro de asociaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo.
Un tercer plazo, máximo de tres años, para que los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas inicien operaciones.
También se establece que en máximo cuatro años, a partir de la entrada en vigor de las reformas, cada delegación u oficina regional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará la tramitación de solicitudes de conciliación que sean de su competencia, al mismo tiempo que los Tribunales del Poder Judicial de la Federación inicien su operación en el circuito judicial al que correspondan.
Cada circuito judicial iniciará sus funciones en el orden y secuencia en que se determine en las declaratorias que emita el Senado de la República, a propuesta del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a las disposiciones previstas en la reforma aprobada.
Durante los posicionamientos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la reforma es una deuda histórica con la clase trabajadora, pues atiende una necesidad añeja derivada de un sistema legal obsoleto que ha frenado el desarrollo económico y laboral de las y los trabajadores. Ha impedido contar con el dinamismo productivo que se requiere para impulsar el desarrollo económico de México.
El senador Carlos Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó a su vez que el objetivo de los sindicatos es lograr certeza en el empleo, garantizar mejoras laborales y bienestar para las y los trabajadores, por lo que no se debe descalificar al movimiento obrero. La reforma aprobada da un giro total al derecho de los trabajadores mexicanos.
En su participación, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, consideró que este nuevo modelo de justicia laboral ayudará a cerrar la brecha de desigualdad en el país, pues el respeto a los derechos de los trabajadores aumentará la productividad de éstos, y ello se traducirá en crecimiento económico.
Por el Partido del Trabajo (PT), el senador Joel Padilla Peña manifestó el respaldo de su bancada a la reforma, al considerar que representa un gran avance en justicia laboral y recoge las demandas históricas de los trabajadores mexicanos.
El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que las modificaciones benefician a la clase trabajadora y contienen componentes fundamentales para el crecimiento de México.
Coincidió en analizar más adelante, y en parlamento abierto, las observaciones que han enviado al Senado los grupos interesados.
Miguel Ángel Mancera, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que la mayor parte de esa reforma tiene la intención de modernizar y adecuar la relación obrero-patronal.
Sin embargo, dijo que se tienen que encontrar equilibrios entre productividad y buenas condiciones laborales, y confió en que más adelante haya una discusión detallada y profunda en temas que quedaron pendientes.
Previo a la discusión de las reservas, el senador Pedro Haces, de Morena, hizo ver la necesidad de brindar los elementos que revolucionen y fortalezcan la vida laboral de los años por venir, sobre todo en un país que cuenta con una fuerza laboral de 52 millones de trabajadores, y donde sólo uno por ciento gana más de 10 salarios mínimos al mes.
Texto y Foto: Notimex
