México, 08 de abril del 2019.- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, representa un “caso paradigmático” que muestra la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta el gobierno para atender las violaciones a las garantías fundamentales.
“Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa, es una obligación del Estado mexicano. A la vez es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia”, enfatizó.
Esta mañana la funcionaria internacional firmó un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, por el cual la representación de la ONU-DH en México brindará asesoría y asistencia técnica para resolver el caso Ayotzinapa.
“El objetivo será alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y de otros crímenes perpetrados en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala”, subrayó Bachelet en la ceremonia en la que se signó este acuerdo.
La reunión se celebró en el Salón José María Morelos de la cancillería, donde también estuvieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los subsecretarios de Asuntos MUltilaterales y Derechos HUmanos de la SRE, Martha Delgado; y de Derechos HUmanos de la SG, Alejandro Encinas.
Atestiguaron el acuerdo una comisión de los padres de los normalistas y los representantes de las organizaciones que los han acompañado en más de cuatro años y medio de mucha por la justicia y la verdad.
Bachelet reconoció la voluntad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para iniciar una nueva etapa en el caso Ayotzinapa, que permita superar los cuestionamientos formulados por distintas instancias nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República.
“Confiamos en la implementación de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo las del informe de mi Oficina (en México) “Doble injusticia”. Prácticas como la tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos. Y ese mismo estándar es el que debe regir el caso Ayotzinapa: el pleno respeto a los derechos humanos”, añadió.
Llamó a las autoridades mexicanas a asumir la búsqueda de las más de 40 mil personas desaparecidas en el país como una prioridad ineludible.
Por su parte, el canciller Ebrard subrayó que el caso que congregó esta forma de acuerdo “es la principal preocupación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la inmensa trascendencia y los significados que tiene para la vida pública Mexicana. Si hablamos de un nuevo régimen, más que en reformas legales y constitucionales estamos pensando en la verdad y la justicia”.
Subrayó que es muy relevante para el gobierno federal que la ONU-DH respalde este proceso, pero a la vez exija que éste se lleve con base en las más altas normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, detalló que esta mañana, en la reunión del gabinete de seguridad, el presidente López Obrador dejó en clara la principal prioridad de su gobierno, y tiene que ver con la dependencia a su cargo: la protección y garantía de los derechos humanos.
La agenda de Bachelet continúa. Este lunes estará en la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de Gobernación.
Foto: Notimex
Texto: Emir Olivares Alonso | La Jornada
