En las comunidades indígenas de Colombia, tanto el hijo como la madre fallecen durante o después del parto. Las causas se deben a factores socioeconómicos, geográficos y culturales; la solución reside en un sistema de salud que reconozca las prácticas propias de estas culturas y dialogue con las de Occidente.
Su muerte pudo haberse evitado. En la ranchería de Jipumana, área rural del corregimiento de Urú, que hace parte de La Guajira, nadie entiende cómo una criatura tan indefensa pudo morir de esa manera. Ya son dos generaciones, cinco niños muertos durante el parto: dos de la misma mamá, tres de su hermana y dos de su tía. Es como estar viviendo una tragedia común. ¿Qué pudo haber sucedido?
La madre del bebé siguió cada uno de los pasos, acudió a la partera que le acomodó la barriga con masajes y le dijo que su hijo venía en buena posición. Ella había tenido un control paulatino de la posición de su bebé y el seguimiento había sido apropiado, pero después de estar en trabajo de parto en cuclillas, a pesar de que la partera trató de acomodar al bebé, para ella, la esperanza de tener un hijo se desvaneció por segunda vez: no salió la cabeza de primeras sino un piecito morado. Ellas presumen que el pequeño venía muerto desde el vientre. La primera vez que la mujer wayú perdió a uno de sus hijos tenía 15 años, y hasta cuando le iniciaron las contracciones sintió cómo el pequeño se movía dentro del vientre. El bebé murió.
La mujer wayú ‘corrió con suerte’ porque, aunque murieron sus dos hijos, ella sobrevivió. Por el contrario, en el asentamiento de indígenas Iku, que recibe el nombre de Yewrwa en el Cesar, una mujer ha muerto y no por causa natural. Después de que una partera la asistiera, nació su hijo, lloró y lo limpiaron, pero pese a los “sobos” en el abdomen y los senos, y las “tomas calientes” de ruda y altamisa para combatir el frío, tras 20 minutos del nacimiento, la placenta nunca salió; el órgano, que un día unió a madre e hijo, se aferró al vientre de la mujer, tanto como ella quiso aferrarse a su hijo.
Al esposo le preocupaba la falta de dinero, pero tenían que remitirla a un centro de salud. En medio de la lluvia, varios hombres la bajaron de la montaña por trocha cargando la hamaca tapada con un caucho; demoraron algo más de una hora en recorrer la distancia hasta el puesto de salud. Al llegar, ella gritaba: “¡Ayúdenme!, ¡Ayúdenme!, ¡Ayúdenme!”. La colocaron sobre una sábana tendida en el piso e inmediatamente intentaron canalizarla para ponerle suero, había perdido mucha sangre y el médico no estaba de turno. Y así, sin más, mientras organizaban todo para llevarla a Valledupar, falleció. Igual, en el puesto de salud no se le podía tratar porque no estaba habilitado para el manejo de emergencias obstétricas.
Estos casos se reproducen, uno tras otro, en las comunidades indígenas del país, pero con seguridad no son la expresión única y total de lo que allí sucede.
Ante la necesidad de buscar respuestas acerca de los factores determinantes de la mortalidad materna y neonatal en las poblaciones indígenas, investigadores javerianos del Instituto de Salud Pública, en convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA , la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS , el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos PMA , tomaron sus morrales y se embarcaron en un viaje para llegar a las comunidades wayú y arhuaca más apartadas del Cesar y La Guajira. Su objetivo: analizar y proponer estrategias de intervención oportuna para la problemática.
En Colombia, según el informe desarrollado por los investigadores y titulado Determinantes sociales de las desigualdades en mortalidad materna y neonatal en las comunidades indígenas arhuaca y wayú: evidencias y propuestas de intervención del 2017, de 100.000 niños que nacen, mueren entre 50 y 93 madres. En cuanto a la mortalidad de neonatos, países como Cuba, Puerto Rico y Costa Rica presentan tasas inferiores a 10 muertes de niños por 1.000 nacidos vivos, mientras que Colombia se encuentra en el grupo de países con tasas de entre 14 y 20 decesos.
Y aunque en la última década las muertes maternas en Colombia se han reducido de manera significativa, las grandes desigualdades socioeconómicas, regionales y poblacionales, como la falta de protección en salud y la falta de transparencia en la administración pública, han desencadenado la concentración de pobreza en las zonas rurales, en especial de indígenas y afrodescendientes, sostiene el informe.
Por poner un ejemplo, de las madres que fallecen, el 20% tiene menos de 19 años y mueren más las que son menos educadas, las que no están afiliadas a algún servicio de salud y pertenecen a las poblaciones indígena y afro. Pero esto no es nuevo: los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos y discriminados en América Latina. Son la expresión viva de la desigualdad regional, porque así como lo determinó la CEPAL en 2014, aunque ha habido una disminución global de los indicadores de pobreza, esta población sigue presentando bajos niveles de calidad de vida y altos índices de vulnerabilidad; allí es en donde se generan más muertes maternas y de neonatos.
Las condiciones estructurales e históricas ubican a los indígenas entre los más pobres y vulnerables por razones culturales, sociales, económicas y políticas. Ser indígena y vivir en zonas rurales apartadas hace de la geografía y de las particularidades culturales una barrera que limita el acceso a los servicios de salud y contribuye al aumento de la mortalidad. “El sistema ha dejado desprotegidos a los pueblos indígenas, quienes insisten en el apoyo gubernamental sin necesidad de maltratar su identidad,” dice Amparo Hernández Bello, doctora en salud pública e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana.
Las comunidades actúan de acuerdo con su cosmovisión: es su cultura, son sus valores y creencias, y no siempre coinciden con la formación occidental. “Creo que lo que no se ha captado es que hay una diferencia entre los servicios formales y la atención informal, una distancia, una brecha, una forma en la que los servicios culpan a la gente de sus problemas y la gente culpa a los servicios por no entender su cultura”, resalta Hernández Bello. La vida y la muerte de las mujeres de los pueblos indígenas está entre estos dos discursos: los médicos, políticos occidentales, y los políticos, ancestrales y de conocimientos tradicionales de los indígenas.
En el informe, los investigadores concluyen que, aunque la mayor parte de los nacimientos se produce en el territorio, esta circunstancia no constituye el problema. “Las mujeres indígenas deben tener acceso a toda la atención posible, tanto en sus comunidades como, complementariamente, en los servicios de salud”, explica la investigadora, y resalta la necesidad de implementar un sistema con enfoque diferencial, “que comprenda que existe diversidad, que existen desigualdades y que tú no puedes tratar a todo el mundo de la misma forma, porque en el momento en el que eso sucede se producen enormes injusticias”.
En especial porque cómo hace una mujer para ser atendida en un servicio de salud si este se encuentra a grandes distancias de donde vive; si al llegar de lograrlo , el centro de salud no está adecuado para su atención y además nadie le entiende porque no hablan su lengua.
“Se requiere superar la hegemonía que caracteriza a la política de salud y que limita las posibilidades de crear un sistema de salud intercultural que respete lo propio y se complemente con lo ajeno. Además de un enfoque diferencial que permita dar respuesta a las necesidades y demandas de las comunidades” puntualiza el informe.
con información de: http://es.rfi.fr/
