23 de Abril de 2015
Justifican los partidos opacidad de candidatos Aunque promueven entre sus candidatos la publicación de declaraciones patrimoniales, de intereses e impuestos, dependerá de cada aspirante transparentar dicha información, coincidieron líderes locales de los partidos PRD, PAN, PRI y Nueva Alianza. Después de tres días de campañas electorales, sólo seis de los 122 candidatos a jefes delegacionales hicieron públicas en internet estas tres declaraciones a través de la plataforma Candidato Independiente, como informó El Universal ayer. Algo similar ocurrió ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), pues si bien los aspirantes entregan sus declaraciones patrimoniales y de intereses al órgano, a través de la plataforma “Yo decido DF”, éstas se harán públicas y muy pocos habían cargado sus documentos, aunque ayer varios empezaron a subir información al sitio. “Hay buena disposición y comunicación (con los candidatos), es un acto de voluntad que ellos tienen que consentir, no es algo que el partido pueda obligar”, dijo Mauricio López, presidente del PRI-DF sobre la propuesta de abrir las declaraciones de aspirantes. Dijo que sus candidatos nutrirán varias plataformas, entre ellas la del IEDF, y por ahora cada uno elabora sus cartas patrimoniales y de intereses, pues —por tiempos de ley— la declaración fiscal tendrá que esperar unos días. “La meta es que 100% de nuestros candidatos presenten sus declaraciones”, comentó Raúl Flores, dirigente local del PRD, pero aclaró que esta tarea dependerá de cada aspirante; añadió que “algunos han expresado reservar datos como nombres de cónyuge o montos por seguridad personal”. Mauricio Tabe, líder del PAN-DF, aseguró que la próxima semana estará disponible la información de todos sus candidatos capitalinos en el sitio del IEDF, “no tenemos inconveniente”. Jorge Gaviño, líder de Nueva Alianza, expresó que sus candidatos participarán primero en la plataforma de transparencia del IEDF y después en otras de organizaciones sociales.
Ordena IFAI abrir Mty VI Banobras deberá entregar la información relacionada con el proyecto Monterrey VI, ordenó ayer el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Entre los documentos que deberán hacerse públicos están el contrato de Asociación Pública-Privada (APP), sus anexos, instrumentos notariales, estados financieros, propuesta técnica y económica del desarrollador y diversos estudios sobre la viabilidad del proyecto. La información, detalló la comisionada ponente, Areli Cano, deberá ser entregada en versiones públicas en los casos en que contengan datos personales, confidenciales o de secreto industrial. Asimismo, dijo, deberán clasificarse por razones de seguridad los datos técnicos, planos y mapas que puedan significar una vulnerabilidad para la seguridad de la obra. Hasta ahora, indicó Cano, Banobras no ha otorgado un crédito para la construcción del acueducto, pero sí ha aportado recursos con los que se realizaron estudios de factibilidad. En la sesión pública del pleno, la comisionada explicó que el banco negó a un particular la entrega de la información bajo el argumento de que está protegida por los secretos bancario y fiduciario. Banobras también afirmó que los datos están inmersos en un proceso deliberativo, pues todavía no resuelve si otorgará el crédito. Cano determinó, empero, que ninguna de estas causales de reserva es procedente. Aunque Agua y Drenaje de Monterrey ya había hecho público el contrato, los anexos permanecen en opacidad, pues el organismo dijo haberlos publicado, pero la liga lleva a múltiples archivos sin identificar. Con el acueducto, de 372 kilómetros de largo, se pretende llevar agua de la cuenca del río Pánuco a la presa Cerro Prieto, en Nuevo León. Un análisis del contrato de la obra publicado por Grupo Reforma en marzo señala que realizarla mediante una APP a 27 años, como se pretende, requeriría pagos por 61 mil 791 millones de pesos, 131 por ciento más que con un crédito bancario. Además, el comisionado del IFAI Joel Salas indicó ayer que organizaciones civiles han señalado 12 razones técnicas, ecológicas, económicas y socio-políticas por las cuales el acueducto no debe construirse.
A la horca La Corte Federal de Malasia ratificó cerca de la medianoche de forma unánime la pena de muerte contra los hermanos José Regino, Luis y Simón González Villarreal por el delito de narcotráfico. El fallo da por cerrado un proceso judicial que se inició en 2008, con su detención en una fábrica de metanfetaminas en Johor Bahru. El panel que votó el caso de los mexicanos fue presidido por Zulkefli bin Ahmad Makinudin y le acompañan Hakim Besar Malaya, Datuk Seri Panglima, Abdull Hamid Bin Embong, Ahmad Bin Haji Maarop y Hasan Bin Lah. La decisión de la Corte abre ahora la vía a la ejecución de los tres mexicanos por medio de la horca. Agotadas todas las instancias, ya solo les queda pedir clemencia al sultán de Johor Bahru. En la sala, integrantes de la familia de los sinaloenses, que viajaron desde México para apoyarlos, se mostraban afligidos. Tras despedirse de su hermana Alejandrina, José Regino, Luis y Simón fueron sacados por agentes de la Real Policía de Malasia para regresar a sus celdas en la prisión de Bentong, donde estarán sometidos a custodia permanente para evitar su suicidio de cara a su eventual ejecución, para la cual no hay fecha asignada. A diferencia de audiencias anteriores, en esta ocasión estuvo presente el nuevo embajador de México en Malasia, Carlos Félix, especialista en el tema de pena de muerte y quien hasta el año pasado encabezaba el consulado en San Francisco. Una vez que todas sus apelaciones han sido rechazadas, los tres sinaloenses ya no cuentan con recursos legales para evitar ir al patíbulo y ahora están a la merced de que el sultán de Johor les conceda clemencia para evitar su muerte, que un escenario poco probable.
BM: México con estancamiento de 20 años en pobreza México padece un estancamiento de 20 años en reducir los niveles de pobreza. Es una mala noticia, asegura el Banco Mundial en un estudio publicado esta semana. En América Latina todavía viven 75 millones de personas en extrema pobreza, la mitad de ellas en Brasil y México, de acuerdo con un informe publicado esta semana por el organismo. La pobreza no ha disminuido en los últimos 20 años. Una medición basada en el ingreso muestra que la tasa de pobreza en México es la misma que en 1992, aseguró el Banco Mundial en el reporte Prosperidad compartida y erradicación de la pobreza en América Latina y el Caribe. Medidos a partir de su ingreso, el número de mexicanos en extrema pobreza –con un ingreso diario que es insuficiente para adquirir una canasta básica alimentaria– se ubicó en 23.1 millones de personas, la cifra más elevada desde 1988. Mientras, en la clasificación de pobreza moderada se encuentra un universo de 61.4 millones de mexicanos, la mayor cantidad desde 1996. El estudio del Banco Mundial recurre a dos mediciones diferentes de pobreza: la primera, que era la más utilizada hasta hace algunos años, que sólo consideraba el ingreso de la población; una segunda, que comenzó a utilizarse en México desde la creación de la Ley General de Desarrollo Social en 2004, es la llamada multidimensional, que además del ingreso toma en cuenta el acceso de la población a servicios como salud, seguridad social o educación, áreas atendidas por los programas sociales de transferencia focalizada. La medición de la pobreza por ingreso sí puede ser calculada para los 20 años precedentes; en cambio, la medición oficial que enfoca la medición en un plano multidimensional sólo puede hacerse de 2008 a la fecha, comenta el Banco Mundial.
Colusión de transportistas causa daños por 9,400 mdp La conducta ilegal de colusión que llevó a cabo la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) para transferir los aumentos del precio del combustible directamente a sus clientes causó un daño por 9 mil 400 millones de pesos, además de un incremento de hasta 25 por ciento en los precios de los alimentos transportados, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Entre septiembre de 2008 y junio de 2010, la Canacar y sus miembros se coludieron para transferir los aumentos en el precio del combustible directamente a sus clientes a través del Cargo por Ajuste de Combustible (CPAC), es decir, cobraban un sobreprecio en sus servicios de transporte en función de las fluctuaciones de la gasolina o el diésel. La extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) recibió una denuncia contra dicho organismo e inició una investigación y en 2010 multó a los involucrados con 31 millones de pesos. La conducta anticompetitiva de la Canacar provocó un aumento de 3.2 puntos porcentuales en la inflación de los servicios de transporte de carga, debido a la existencia de la colusión. Si la Canacar no hubiera violado la ley, la inflación se habría mantenido en 4.05 por ciento, pero la observada fue de 7.25 por ciento, detalló un estudio publicado por la Cofece. «Dado que la inflación es un factor que afecta a la economía y al bienestar de los individuos, esta alza artificial provocó un daño acumulado al mercado durante los tres años que se realizó la práctica, del orden de 9 mil 400 millones de pesos», detalló la actual Cofece, organismo que retomó el caso para calcular el impacto de la conducta de la Canacar, como parte de un acuerdo celebrado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para el análisis de información en materia de competencia.
