México, 10 de enero del 2019.- Tras la denuncia que presentó en diciembre pasado el gobierno federal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero de más de 80 millones de pesos, procedentes de la compra-venta de hidrocarburos, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió carpetas de investigación contra militares, ex y funcionarios federales, mandos policiacos, servidores públicos y personal sindicalizado de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La querella que derivó a la PGR enfocar su investigación a diversos personajes fue presentada por la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra un sujeto –del cual no se revelaron mayores datos–, debido a que realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado del huachicoleo, como se conoce cotidianamente a la ordeña de ductos de Pemex.
Ministerios públicos de la Federación se coordinan en la integración de las carpetas de investigación que se enmarcan en el plan urgente de combate al robo de combustible, en el que el Ejército y la Marina resguardan 58 instalaciones estratégicas de la petrolera mexicana, la cual ha tenido sólo en lo que va del año pérdidas por alrededor de 60 mil millones de pesos.
En diciembre pasado, Hacienda detalló que en una investigación se detectaron una serie de depósitos bancarios que se realizaron en efectivo, lo cual permitió corroborar la mecánica financiera de las operaciones de 80 millones de pesos de los cuales se presume 27 millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular.
Abundó que la persona que presuntamente cometió dichos ilícitos tenía un historial que incluye una detención por parte de autoridades federales por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
La indagatoria también reveló que el sujeto que es señalado por las autoridades federales tiene presumiblemente vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra-venta ilegal de hidrocarburos.
En su momento la SHCP reveló que se ordenó el bloqueo de cuentas bancarias, pues estas estarían vinculadas con una organización criminal y por la otra, por ser un caso de corrupción política.
Recordó que esto forma parte de las acciones emprendidas por el mandatario, las cuales incluyen iniciar procesos administrativos y penales contra una red interna de funcionarios.
Hasta el momento la PGR ha iniciado procedimientos penal contra tres funcionarios del área de monitoreo de ductos de Pemex, cuyos nombres no han sido revelados.
La investigación de la PGR se extiende a ex y directivos de la petrolera y personal de vigilancia entre los que se encuentra el General Eduardo León Trauwitz quien en la pasada administración fungió como jefe de la subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex; era responsable de vigilar la red de ductos y encargado de combatir la ordeña de combustible.
El Ministerio Publicó de la Federación (MPF) recaba evidencias para deslindar responsabilidades; luego de que en su discurso de «cero tolerancia», el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el robo de gasolinas viene «desde arriba» y que la ordeña de ductos es sólo «una pantalla».
“Estamos hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil distribuir, vender 600 pipas de gasolina diarias” subrayó el mandatario, subrayó el mandatario en su discurso de cero tolerancia.
Es una operación de gran magnitud, pues según el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, este año el robo de combustibles es de 58.200 barriles al día.
Cada barril contiene 159 litros de hidrocarburos. Y según López Obrador, el 80% del robo se cometía con apoyo de la red interna en Pemex.
“Hay la hipótesis de que, de todo el robo, sólo el 20% se da con la ordeña de ductos, que es una especie de pantalla”, aclaró.
“La mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y una red de distribución” sostiene el funcionario.
Las carpetas de investigación de la PGR se extiende a concesionarios de gasolineras, compradores, transportistas del hidrocarburo, familias y ex y funcionarios de gobiernos municipales y estatales.
Con información de: https://www.enfoquenoticias.com.mx/
