- La Revolución cubana, como todas las revoluciones modernas, produjo un cambio radical de la sociedad y el Estado en la isla y un giro notable en las relaciones de esa nación caribeña con el mundo.
La Revolución cubana, como todas las revoluciones modernas, produjo un cambio radical de la sociedad y el Estado en la isla y un giro notable en las relaciones de esa nación caribeña con el mundo. Después de enero de 1959 la historia cubana y la historia latinoamericana dieron un vuelco tan inesperado como trascendente. Sin esa Revolución y sus líderes, sin sus políticas domésticas e internacionales, el último medio siglo en América Latina y el Caribe, habría sido distinto.
Al igual que la mexicana de 1910 o la rusa de 1917, la cubana de los años cincuenta comenzó como una reacción política contra un régimen autoritario —la dictadura de Fulgencio Batista—, encabezada por un pequeño círculo de jóvenes de clase media. En poco tiempo, como en México o en Rusia, casi todos los sectores de la población insular —campesinos, obreros estudiantes, militares, políticos, empresarios, hacendados, comerciantes— se involucraron en un conflicto de dimensión nacional. La participación popular no sólo se manifestó en el bando revolucionario, que militarmente fue menor, sino también en el ejército de Batista y, sobre todo, en la intensa vida pública cubana de la segunda mitad de los cincuenta.
A diferencia de la Revolución mexicana, cuyos historiadores han caracterizado como un conjunto de revoluciones simultáneas, con sus propias ideas y liderazgos (la maderista, la zapatista, la villista, la carrancista), y a semejanza de la rusa, el proceso cubano parece escalonarse en dos momentos discernibles. Así como León Trotski hablaba de una “revolución de febrero” y otra de “octubre”, se podría hablar también de una revolución cubana, que estalla en 1956 y triunfa en enero del 59, y otra, emprendida desde el poder para transformar radicalmente la sociedad, que a partir de 1960 y, sobre todo, 1961, impulsa la transición a un socialismo del tipo comunista.
Las marcadas diferencias sociales y políticas, ideológicas e institucionales de esas dos revoluciones no impiden pensar, como en Rusia o en México, la Revolución cubana como un proceso único que arranca propiamente en 1956 y que concluye 20 años después, en 1976, con el fin de la institucionalización y la creación del nuevo orden constitucional del socialismo. Es en el lapso de esas décadas cuando se inicia y se consuma el cambio histórico que alteró la estructura social y económica del país, las instituciones del Estado, la cultura, la ideología y la educación y el rol de Cuba en el mundo bipolar de la Guerra Fría y en los movimientos nacionalistas y descolonizadores del Tercer Mundo.
Si en la primera etapa revolucionaria, el objetivo de consenso entre las diversas organizaciones o líderes era la remoción de la dictadura de Batista, instaurada el 10 de marzo de 1952, y la restauración de la Constitución del 40, ya en el momento de la radicalización comunista la finalidad será la negación de todo el pasado republicano, en tanto “burgués”, “capitalista” y “neocolonial”, Sin embargo, la Revolución cubana, como todas las revoluciones, desde la británica, la francesa y la norteamericana, en los siglos XVII y XVIII, tiene su origen, en buena medida, en valores y prácticas de resistencia pero también de afirmación del antiguo régimen.
Durante todo el año de 1959, el primer gobierno revolucionario promulgó decretos que comenzaban a transformar la economía y la sociedad cubanas. La principal medida de aquel año fue la segunda Reforma Agraria, en mayo de ese año, si se toma como “primera” la firmada por los comandantes Humberto Sorí Marín y Fidel Castro en la Sierra Maestra, en 1958. A pesar de haber sido una reforma moderada, esa ley provocó un fuerte debate en la esfera pública de la isla y las primeras tensiones con Estados Unidos. Aun así, las principales disensiones dentro del primer gabinete estuvieron determinadas por el dilema de cuál era la orientación ideológica del proyecto cubano.
Esa primera etapa de la transición socialista está caracterizada por una imaginativa política de masas, que en pocos meses articuló el tejido de las principales organizaciones sociales (Central de Trabajadores de Cuba, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas…) y propició la gran incorporación popular a la defensa, por medio de las milicias o de la alfabetización, con las brigadas de maestros voluntarios. A la vez que la sociedad se politizaba y el Estado afirmaba su hegemonía sobre la sociedad, distintas capas sociales del antiguo régimen o de la nueva oposición anticomunista eran excluidas del nuevo orden en construcción.
A principios de los años setenta, con el ingreso de Cuba al CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica) y un proceso de institucionalización bastante apegado al modelo soviético, aunque con las peculiaridades asociativas y discursivas de la Revolución, en su primera década, el Estado socialista entró en periodo de larga continuidad en sus políticas públicas. Es durante ese prolongado tramo de estabilidad y crecimiento, que alcanza su clímax con la instalación de la Asamblea Nacional y la proclamación de la Constitución de 1976, cuando puede afirmarse que un nuevo orden social y un nuevo régimen político han sido finalmente creados.
A partir de entonces será sumamente difícil hablar de revolución en Cuba, si por revolución entendemos lo que la historiografía contemporánea argumenta a propósito de otras revoluciones, como la francesa, la norteamericana, la rusa, la china o la mexicana. Un Estado ya constituido y un cambio social consumado entrarán, desde mediados de los setenta, en una estabilidad y una continuidad que, a pesar de leves giros ideológicos y políticos en las décadas siguientes, se mantendrán, en lo esencial hasta la primavera de 2011. Cuando se celebra el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, que introduce las reformas más importantes a la política económica de la isla en más de medio siglo.
Luego del primer Congreso del Partido Comunista de Cuba y de la Constitución de 1976, que dejó instalada la Asamblea Nacional del Poder Popular, la política económica, social y cultural del gobierno cubano siguió pautas institucionales básicas, como la planificación quinquenal y la aprobación de presupuestos anuales de ingresos y egresos. No es raro que las propias estadísticas oficiales, a partir de 1976, se vuelvan más transparentes y confiables. De acuerdo con esas estadísticas, José Luis Rodríguez ha ubicado en los quinquenios siguientes a 1976, el periodo más constante de crecimiento económico de la isla y de expansión del gasto social del Estado que conoce la historia posterior a 1959.
Sostiene Rodríguez, en su libro Desarrollo económico de Cuba (1990), que entre 1976 y 1980, el producto social global (PSG), a precios constantes de 1981, subió más de 14,000 millones de pesos a más de 17,000 millones. Este mismo economista cubano, que años después llegaría a ser ministro de Economía, señala que en el quinquenio siguiente el salto fue aún mayor, ya que el PSG creció de poco más de 22,000 millones de pesos en el cierre de 1981 a casi 27,000 millones en 1985. El crecimiento también se reflejó en el aumento de las exportaciones y las importaciones, a la par de una estabilización de la balanza comercial, ya que si en el primer quinquenio, la tasa de crecimiento de las exportaciones fue de 5% y la de las importaciones de 7%, en el siguiente quinquenio fueron de 7% y cerca de 10%, respectivamente.
El motor de ese crecimiento fue, naturalmente, la industria azucarera, pero los resultados de la misma en aquella década no se pueden aislar de un modelo de planificación nacional, asociado a la integración de la isla al mercado socialista. Ese orden macroeconómico era, por lo visto, favorable al aumento de la producción azucarera, ya que entre 1981 y 1989, el año de la caída del muro de Berlín, la producción insular siempre estuvo por encima de los siete millones de toneladas métricas y en tres años, 1982, 1984 y 1985, rebasó los ocho millones. Un repunte similar al del azúcar se observa, en los mismos años, en la producción de níquel, cítricos, tabaco, arroz, leche, acero y cemento, por lo que el aumento de la producción era sistémico y no únicamente localizado en las áreas estratégicas del mercado socialista.
Aquella bonanza económica, atada a los términos subsidiarios del intercambio con la URSS, Europa del Este y el CAME, comenzó a desestabilizarse entre fines de los ochenta y principios de los noventa, con la secuencia de hechos asociados a la perestroika y la glasnost emprendidas por Mijaíl Gorbachov a partir de 1985, la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la URSS en 1991. El gobierno cubano se enfrentó a esa secuencia de eventos en medio de presiones domésticas e internacionales como la última y crítica etapa de la guerra en Angola, entre 1987 y 1989, y el estallido, este último año, de la crisis provocada por los juicios contra el general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Arnaldo Ochoa, jefe de las campañas africanas, y los hermanos Patricio y Antonio de la Guardia, oficiales del Ministerio del Interior, acusados de contrabando, corrupción y narcotráfico.
A partir de 1986, Fidel Castro intentó contrarrestar la propuesta de la perestroika y la glasnost de Gorbachov, que no carecían de popularidad entre la población joven de la isla, con un programa ideológico alternativo llamado “Rectificación de errores y tendencias negativas”. Más allá de movilizaciones concretas de sectores sindicales y juveniles y de un giro retórico a favor de las ideas económicas del Che Guevara, ese proceso no alteró las premisas del funcionamiento del Estado socialista ni la racionalidad de la planificación establecidos en 1976. El congreso del Partido Comunista de Cuba se pospuso un año, pero finalmente se celebró, en octubre de 1991, y sentó las bases para una reforma constitucional, aprobada al año siguiente, que preparó la isla para la coyuntura de la ausencia de la URSS.
La Constitución de 1992 parecía insinuar un cambio mayor que el que se produjo, en la práctica, durante los noventa. El texto rebajaba el perfil doctrinal y retórico del marxismo-leninismo y, naturalmente, eliminaba las frases de adhesión al bloque soviético y al campo socialista. A la vez, aquella Constitución regresaba al acento ideológico del nacionalismo revolucionario, presentando al Partido Comunista como una organización “marciana y marxista, vanguardia organizada de la nación cubana” que, sin embargo, “Seguía siendo la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. La nueva ley de leyes eliminó cualquier alusión al ateísmo y alentó la incorporación de religiosos al Partido Comunista.
Desde principios de los años ochenta, la legislación comercial había abierto la posibilidad de inversiones de capital extranjero que reprodujeran la propiedad mixta. Ahora, el artículo 23 establecía que el “Estado reconocía la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley”. Estos ajustes del viejo sistema de corte soviético, consagrado en 1976, buscaban una reintegración de la isla al mercado occidental que intentara suplir el golpe que representaba la ausencia de la URSS y el campo socialista. Abruptamente, el enorme subsidio soviético, que Carmelo Mesa Lago ha calculado en unos 65,000 millones de dólares entre 1960 y 1990 —60.5% del mismo en donaciones y precios no reembolsables, y el 39.5% restante en préstamos— desapareció.
El gobierno cubano trató de contener el impacto con una mínima flexibilización a principios de los noventa, por medio de la despenalización del dólar, la liberación del mercado libre campesino y aproximaciones a países latinoamericanos, occidentales y asiáticos. Pero no fue suficiente, la isla entró en una profundísima crisis, oficialmente denominada “periodo especial en tiempo de paz” o, en su versión extrema, “opción cero”, que produjo un dramático deterioro de las condiciones de vida. Según Mesa Lago, el gobierno mantuvo la alta porción del gasto público y el presupuesto de egresos que destinaba a los derechos sociales, especialmente la salud y la educación. No obstante, el 50% de inflación, además de la depresión del consumo, produjo una caída de 78% en el gasto social por habitante.
A fines de los noventa, con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela comenzó una ligera recuperación en el suministro energético y otras áreas del comercio exterior. El gobierno cubano intentó recomponer la relación con Rusia y el primer país latinoamericano que visitó el nuevo jefe de ese gran Estado, Vladimir Putin, fue la isla, a fines del año 2000. En aquellos años le interesaba a Putin el desmontaje o la refuncionalización de la base de espionaje electrónico de Lourdes, cerca de La Habana, que los soviéticos habían establecido a principios de los años sesenta, pero también la renegociación de un acuerdo petrolero con la isla. A partir de entonces, la colaboración entre Rusia y Cuba se ha recuperado gradualmente, hasta llegar a niveles importantes en la segunda década del siglo XXI.
En el verano de 2006, una enfermedad intestinal provocó el retiro, primero temporal y luego definitivo, de Fidel Castro. Se inició entonces una compleja sucesión del poder, encabezada por Raúl Castro, hasta entonces segundo secretario del Partido Comunista y primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, además de ministro de las Fuerzas Armadas. A pesar de que Fidel Castro había dejado escrita una proclama en la que parecía proponer que el gobierno sucesor se repartiera entre distintas figuras de su último gabinete, la sucesión transcurrió como lo establecían la Constitución y las leyes internas del partido, el Estado y el gobierno.
Raúl Castro fue elegido en 2008 como nuevo presidente dando inicio al periodo de mayores ajustes en el funcionamiento del orden socialista desde 1976. Durante su primer periodo (2008-2013), Castro recompuso las élites de poder, deshaciéndose de importantes políticos de los años noventa y 2000. Luego de reorganizar el liderazgo estratégico del país, el nuevo mandatario comenzó una reforma económica llamada “Actualización del socialismo”, que se proyectó en los “Lineamientos al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba”. Tras la aprobación del documento, que fue debatido por la población desde el nivel local hasta el nacional, en el congreso celebrado en 2011 se inició el periodo de reformas propiamente dicho.
En síntesis, el saldo de las reformas se ha concentrado en cuatro áreas: 1) la entrega de tierras en usufructo a los campesinos, con lo cual la propiedad estatal en el campo se ha reducido al mínimo; 2) la multiplicación del trabajo por cuenta propia, en un registro tres o cuatro veces mayor al que existía antes de 2011; 3) la activación del mercado de automóviles, casas, cuartos y equipos electrodomésticos, y 4) la nueva Ley Migratoria, que elimina trabas internas para la emigración, la residencia temporal o definitiva en el exterior y la repatriación. Estas medidas se han aplicado en medio de un proceso de reducción laboral del sector estatal, que tiene previsto el desplazamiento dos millones de trabajadores al ámbito privado y que, como ha observado Carmelo Mesa Lago, ha puesto en crisis el modelo de seguridad social y ha admitido la estratificación que vive la sociedad insular desde los noventa.
La apertura del mercado interno y el cambio en la estructura de la propiedad han avanzado lentamente en los últimos años, junto a una mayor integración de la isla al mercado mundial que ha favorecido la multiplicación de empresas mixtas. Las inversiones y los créditos también han crecido, como se evidencia en proyectos concretos de los gobiernos de Venezuela y Brasil —el ambicioso puerto del Mariel en este último caso— y, en menor medida, de Rusia y China. La ampliación del mercado interno, de la trama del comercio exterior y el aumento de las remesas de la emigración colocan a la economía cubana en un proceso de capitalización.
Si en 1976 la Revolución terminaba porque se institucionalizaba y se constituía jurídica y políticamente, podría afirmarse que, en los últimos años, el orden socialista creado por el cambio revolucionario comienza a ser removido. Todo parece indicar que se ha iniciado un proceso de reformas en Cuba, inicialmente en el orden económico y migratorio que, en buena medida, reconoce la evidente transformación que ha vivido la sociedad cubana entre fines del siglo XX y principios del XXI. Esa sociedad, cada vez más heterogénea y globalizada, demandaba un cambio, que el gobierno de Raúl Castro echó a andar, aunque dejando fuera del mismo el régimen político de partido único, la ideología de Estado y el control gubernamental de la sociedad civil y la esfera pública.
Foto: AP
Texto: Rafael Rojas | La Razón Online
