Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2018
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada Martha Hortencia Garay Cadena (PRI), aprobó cinco dictámenes con punto de acuerdo con el fin de garantizar los derechos de las personas de este sector, y promover un mejor desarrollo y calidad de vida.
El primer exhorto es para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el gobierno de las Entidades Federativas, establezcan acciones que vinculen a los adultos mayores con un empleo digno en todo el país.
El instituto antes mencionado, procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, brindándoles empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida; reduciendo desigualdades e inequidades.
Se señala que existen poco más de 10 millones de mexicanos de 60 años y más. No obstante, se estima que únicamente 18 por ciento de este sector son remuneradas y gozan de prestaciones laborales; hay un gran número de adultos mayores que busca trabajo, pero la oferta laboral no es suficiente.
Otro punto de acuerdo es para exhortar al Gobierno Federal para que, a través de las Secretarías de Salud y Cultura, y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, fortalezcan acciones que promuevan una amplia inclusión de adultos mayores en actividades culturales y deportivas.
Establece que se requiere impulsar y garantizar que estas personas en nuestro país encuentren actividades que les permitan tener una vida digna, lo que coadyuva en la psicología y la integración social
Los Adultos mayores constituyen uno de los sectores de la población más vulnerable, sus capacidades se ven reducidas en gran medida por el paso del tiempo, afectando su condición física y mental, que influye en sus actividades diarias, por ello la necesidad de incluirlos dentro de estas acciones con el fin de que tengan un mejor desarrollo.
También avalaron exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que elabore un diccionario de Lengua de Señas Mexicanas (LSM) con definiciones y conceptos que permitan la homologación con el fin de que tengan un significado técnico común.
La LSM es un idioma que cuenta con regionalismos, modismos y variantes por regiones, por lo tanto una homologación resulta imposible. Sin embargo existe la necesidad de la misma en las áreas jurídicas, médicas y de otras áreas de especialización similares, con el fin de una mejor comunicación.
El documento señala que esta lengua se encuentra regulada, han existido esfuerzos para que desde distintas áreas de estudio se conozca su gramática y estructura; pero al interior de las Secretarías de Salud, de Educación o de Desarrollo Social, no hay una entidad facultada o alguna unidad responsable que pueda hacer esta homologación.
Otro punto es para exhortar a entidades federativas y municipios del país a integrar en sus planes de desarrollo estatales y municipales, y sus presupuestos para el año fiscal 2019, acciones y obras para asegurar el acceso de personas con discapacidad al entorno físico y equipamiento urbano, así como a instalaciones abiertas al público o de uso público.
La necesidad de accesibilidad universal es una prioridad en todo el territorio nacional, y el ejercicio de los recursos federales existentes en el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, es competencia de las entidades federativas.
También aprobaron exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, establezcan acciones que permitan garantizar los derechos humanos de personas con discapacidad, con el fin de promover su pleno desarrollo y mejorar su calidad de vida.
Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.
Texto y Foto: Cámara de Diputados
