19 de Noviembre del 2018.

*Recortan 32% a universidades.* 
Las universidades públicas tendrán un recorte de hasta 32.5 por ciento en el Presupuesto de Egresos de 2019. Esto de acuerdo con los techos presupuestales que envió Hacienda a la SEP, los cuales ya empiezan a circular entre las instituciones de educación superior. La información elaborada en conjunto con el equipo de transición del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a la que tuvo acceso REFORMA, incluye a universidades tecnológicas, politécnicas, estatales y solidarias, las cuales destinan esos fondos principalmente al pago del personal administrativo y docente. El techo presupuestal en el Programa U006 Subsidios federales para Organismos Descentralizados de la SEP contempla pasar de 58 mil 437 millones de pesos aprobados para 2018 a 39 mil 429 millones para el próximo año para universidades públicas estatales y de apoyo solidario.

*Alerta por fiscalía electoral frágil.* 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) va por autonomía plena, presupuestal, operativa y de investigación, además de un marco legal actualizado para hacer realidad el combate efectivo a la delincuencia en la política y las elecciones, afirma su titular, Héctor Díaz Santana, en entrevista con EL UNIVERSAL. Propone al Senado legislar para que se sancione con prisión la corrupción política; de cuatro a ocho años por presentación de firmas simuladas para candidatos independientes (actualmente no es delito electoral) y la creación de juzgados y tribunales especializados en materia electoral. Ante el inicio de una nueva época en México, en la que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha ofrecido el fin del fraude electoral y la compra del voto, el fiscal propone campañas de reducción de delito, modelos de denuncia pública, poner penas a los ilícitos en la materia y avanzar a una nueva ética política, pues no hay comercio de sufragio sin ciudadanos que la admitan. Refiere los rezagos de la FEPADE por ausencia de autonomía plena.

*Burócratas se aferran a su salario.* 
Personal de confianza de 297 entes de la administración pública federal contactó al despacho de abogados Trusan & Roma para asesorarse en busca de un amparo que impida la reducción de su salario. La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que los funcionarios no podrán ganar más que el presidente electo (108 mil pesos netos al mes) y que ya no habrá compensaciones. Servidores públicos de la administración actual federal y del Poder Judicial de la Federación están con una grave preocupación, afirmó Rodolfo Martínez, experto en derecho constitucional y socio de la firma Trusan Roma. En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares informan de una colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener mayor información de su propuesta de amparo.

*Caso Iguala: libres ya, cuatro implicados clave.* 
Desde hace poco más de tres semanas, personajes clave en el voluminoso expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya están libres: Agustín García Reyes, alias El Cheje o El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, alias El Joña; Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y Salvador Reza Jacobo, alias Lucas o El Wereke, fueron dejados en libertad el 26 de octubre por falta de elementos. El juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinó lo anterior. Con esa decisión judicial, todo el caso Iguala y la llamada verdad histórica se tambalean, aunque la juez Martha Georgina Comte Villalobos aclara que su determinación no quiere decir que los hechos no hayan sucedido como los narró la Procuraduría General de la República (PGR sino que el Ministerio Público no pudo comprobar lícitamente que así fue. Por ello, el viernes 26 de octubre pasado las puertas del penal federal número 4 noroeste, del municipio de Tepic, Nayarit, se abrieron para dejar en libertad a esos cuatro hombres imputados por delincuencia organizada y acusados del secuestro y asesinato de los normalistas.

*Entre sillazos, PRD modifica sus estatutos.* 
En medio de protestas del Bloque Alternativo y renuncias incluidas, el PRD aprobó modificaciones a sus estatutos rumbo a su refundación, que incluye la disolución de las corrientes y la creación de una dirigencia provisional  conformada por cinco integrantes que se mantendrá hasta que se realicen elecciones para la próxima dirigencia nacional el 28 de abril. “Queda extinto cualquier método de control y representación, derivado del conjunto de personas afiliadas que se agrupen en torno a un mismo ideario y concepto. La única forma de toma de decisiones legítima y legal es la que surja de las instancias, y sólo mediante los métodos democráticos estatutariamente reconocidos”, establece el estatuto aprobado. Los reclamos y gritos prevalecieron en este Congreso Nacional por parte de la disidencia, que acusó la repartición de la dirigencia provisional entre las corrientes mayoritarias.  

*Van contra acoso de televentas.* 
Tras descubrir que no hay ninguna multa a empresas que practican el hostigamiento telefónico en la venta de productos financieros y otros servicios, la bancada de Morena va tras una prohibición a este tipo de prácticas. A todos nos es cercana la experiencia de recibir, diariamente y de distintos números telefónicos, llamadas con la intención de ofertar la venta de productos financieros o el cambio de proveedores de servicios de telecomunicaciones, explicó el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal, a través de un comunicado, para anunciar la propuesta. De acuerdo con el morenista, los call centers, encuestadoras, bancos y empresas acosan constantemente a los usuarios de los 20 millones de líneas fijas y 115 millones de líneas móviles registradas en el país, sin que haya consecuencia alguna. El riesgo de esta práctica, explicó el senador, es que se hace uso indebido de bases de datos que contienen la información personal de miles de ciudadanos, y que se encuentran en posesión de particulares.

*El presidente del Supremo brasileño propone un gran acuerdo nacional* 
El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, elogia en un artículo para EL PAÍS, la fortaleza de la democracia brasileña y de sus instituciones. Junto a ello reclama un gran acuerdo de los poderes públicos, con la participación de la sociedad civil, para discutir de la reforma de la seguridad social, las pensiones y la inseguridad. Las cuestiones que Dias Toffoli considera prioritarios, las reformas económicas y las medidas para la seguridad, forman parte de los principales desafíos que encara el futuro Gobierno de Jair Bolsonaro. Toffoli advierte además de que la corte que preside ejercerá un “papel de moderador de los conflictos nacionales y garantizador de los derechos”, y menciona la defensa de la libertad de expresión en un contexto de profunda polarización política después del triunfo en las urnas del ultraderechista, quien se convertirá en presidente de Brasil el 1 de enero.