La Política Nacional Anticorrupción y la Participación Ciudadana | Esteban Ángeles Cerón.

El Instituto Nacional Electoral (INE), en su estrategia ENCCIVICA, sostiene que en la construcción de ciudadanía activa, la cultura cívica es el vínculo sociopolítico que fortalece la funcionalidad de las estructuras institucionales. Por su parte, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), en su propuesta, “Hacia una Política Nacional Anticorrupción”, destaca el papel de la participación ciudadana al ubicarlo como vector transversal a los cuatro ejes operativos que la conforman.

No obstante, en el plano analítico del poder público, la vertebración de la participación ciudadana tiene un acceso y aceptación restringida, condición que ahoga el dinamismo del asociativismo y la horizontalidad en la toma de decisiones del quehacer público; profundiza el déficit de aislacionismo político del tejido social, erosiona la transparencia, la rendición de cuentas, las prácticas de Gobierno Abierto, e incide negativamente en la probidad e integridad pública.

Ante este pesar sobre el obstruccionismo institucional, resulta halagüeño saber lo que Mauricio Merino señala: “La Ley ordena que haya una política nacional anticorrupción y hoy está en curso una consulta nacional entre académicos y activistas de todo el país, que convocados por la comunidad universitaria, estudian estas materias en 72 centros de investigación, para recuperar propuestas y afinar la puntería.”

En este contexto, es necesario precisar para fortalecer el equilibrio y la integridad del Estado, si la Política Nacional Anticorrupción que apruebe el Comité Coordinador del SNA, ¿aceptará que la participación ciudadana sea el principal vector transversal como lo propone la RRC?

Esta interrogante cuestiona la responsabilidad de la administración pública, ya que tiene que definir si reconoce la transversalidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Actualmente las decisiones se llevan de arriaba hacia abajo con una gran discrecionalidad, lo que las entorpece significativamente.

Efectivamente, el uso y abuso del poder público es una realidad que causa estragos al hacer de la corrupción un problema de captura de puestos, presupuestos, decisiones y por limitar el acceso a la justicia, menoscabando la visión política universalista del Estado, que impida la parcelación del interés público y preserve la autonomía gubernamental.

La incapacidad del Estado para controlar esta captura, enclaustra a los ciudadanos, vulnera el equilibrio sistémico al violar las lógicas de la soberanía popular, y hace de la conducción política, un ejercicio ciego y sesgado que obstaculiza la dinámica social. Ante este atropello, la indefensión ciudadana se incrementa por la precaria organización, insuficiente información y escaso debate horizontal, que impiden contrarrestar las anomias de probidad del ejercicio de gobierno.

Este es el escenario que perciben los ciudadanos y diversas organizaciones de la sociedad civil como la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), porque advierte que el desarrollo y la seguridad humana son aspectos quiméricos en una sociedad donde la integridad del Estado se ha perdido, y se escatima la incorporación de la participación ciudadana como dimensión transversal de la Política Nacional Anticorrupción.

Para los ciudadanos, la concentración del poder y sus dimensiones de corrupción e impunidad, los aleja del ejercicio público, los obliga a procesar sus conflictos al margen del Estado y de los actores políticos y gubernamentales; y explicaría prácticas de disociación ciudadana como la evasión fiscal, la compra y abasto de bienes públicos, que habitualmente satisface el Estado, o bien, la organización paralela de estructuras, como las guardias comunitarias y por ende, un ascenso en la incidencia delictiva.

En esta circunstancia, todo indica que la corrupción omnipresente es un problema institucional y no social, y revela que el control político sobre la ciudadanía es una forma de preservar el poder, lo que explica las históricas redes clientelares de control ciudadano, la discrecionalidad de las políticas de Estado y de gobierno, el inmovilismo de la gobernanza, el anacronismo de la data pública y, la profunda erosión de la cocreación de la tarea gubernamental.

La frustración ciudadana advierte que corrupción e impunidad se vinculan al grado de hacer inoperantes las estructuras públicas, que lejos de abrirse a la horizontalidad corresponsable del tejido social, se han vuelto enclaves de poder cuya retórica hacen del gatopardismo, la práctica evidente del anquilosamiento del Estado.

En este punto de quiebre social, las propuestas ciudadanas aportadas por la RRC para el diseño de la Política Nacional Anticorrupción, han quedado al margen de las acciones del Estado, lo que resulta contraproducente porque erosiona la gobernanza e irrita a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil, condición que merece, más allá del encono social, detenernos en el camino para brindar puntos de encuentro para el análisis y el acuerdo.

El primer aspecto que ubica la corrupción e impunidad como conductas que afirman la discrecionalidad, el control político y su poder, han sido planteados como preocupaciones y compromisos de la Cuarta Transformación de la Nación, pero todavía sin los trazos de las medidas que la sustentarán, ni del papel que jugará la ciudadanía en la preservación y custodia de la probidad e integridad del aparato administrativo del servicio públicos.

La segunda premisa estriba en el estudio de las anomias públicas (teratología); la deformación del control del poder por la conducta de las estructuras y los servidores públicos; la reticencia a la apertura corresponsable de la ciudadanía en la toma de decisiones; y a considerar que la participación ciudadana sea el elemento transversal de la Política Nacional Anticorrupción.

En tercer lugar, es necesario escudriñar si la concentración del poder de los altos mandos de la administración pública, genera cuotas de castigo y enclaustra las carreras de los mandos subalternos, los cuales suelen verse marginados aunque tengan los méritos del servicio civil de carrera o de preparación para ascender en escalafón, condición que los segrega y puede predisponerlos a un escenario de corrupción.

La moralización pública debe acompañar a la Cuarta Transformación de la Nación. No debe estar disociada de protocolos de probidad que hagan de estructuras como el Sistema Nacional Anticorrupción, la vanguardia de la participación ciudadana en la reconducción del poder público.

Agenda

• Se conmemoró el cincuenta Aniversario de la tragedia del 2 de octubre en Tlatelolco, que marcó el parteaguas político para la reestructuración de la democracia en México.
• El Presidente Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), que organizó la Semana Nacional de Transparencia, para analizar los avances, resultados y retos en acceso a la información, rendición de cuentas y archivos, que conforman al Sistema Nacional Anticorrupción.