El Refrendo de la Legitimidad Democrática y la Cultura Cívica | Esteban Ángeles Cerón.

El pasado proceso electoral del 1º de julio dio paso a una conformación inédita del poder, que requiere refrendar en el ejercicio de gobierno, la legitimidad democrática de las urnas.

El umbral democrático fortalecido con la madurez de las fuerzas políticas que lo reconocieron, representa para los partidos políticos de oposición un desafío que les exige, para recuperar su estatus y credibilidad, un esfuerzo de una magnitud superior al peso de su derrota.

La triunfante (autoasignada) izquierda, deberá garantizar que la corrupción y la impunidad no constituyan un lastre para que el ejercicio del quehacer público, desde el crisol de ciudadanía-gobierno, transforme el diseño institucional y la creación de un espacio público para todos.

Si la Cuarta Transformación de la Nación es un compromiso serio que implica cambiar de manera profunda y radical el sistema político y de gobierno, deberá edificarse en el desarrollo y la seguridad humana; en una nueva dinámica de la economía libre y democrática; y en un ejercicio de gobierno que concrete, con sensatez, las necesidades y oportunidades que demanda y aspira la sociedad.

Este propósito, reclama que la acción pública se traduzca en vigencia de derechos ciudadanos y en la creación de condiciones de racionalidad institucional; donde el juego de pesos y contrapesos otorgue viabilidad política, permita construir acuerdos, y vincule la toma de decisiones de la ciudadanía a una nueva era del ejercicio público.

El reto de este compromiso es recuperar la funcionalidad de las estructuras formales y reales del Estado; y ampliar la ciudadanía efectiva, para que sus valores y derechos se unan a la legitimidad democrática de la concreción del ejercicio público, que como dimensión de la cultura cívica, exprese y se exprese en la sostenibilidad de la convivencia armónica, que a través de la inteligencia social e institucional, permita alcanzar los objetivos programáticos y las expectativas sociales de la Nación.

La dicotomía de la responsabilidad pública del partido en el poder, deberá recuperar la imaginación política perdida con un esfuerzo de comunión entre sociedad y gobierno, y evitar cualquier sombra de autoritarismo y decisionismo público, que obstruya el sano desarrollo de la pluralidad democrática.

Es imprescindible que la conducta de la mayoría que gobernará, como signo de responsabilidad, extinga el gatopardismo y la demagogia. No se puede mutar a un escenario de simulación y pantomima discursiva, porque la democracia no es un juego pendular que oscile entre buenos y malos, sino un ejercicio de construcción del poder, donde la sensatez, la racionalidad y la concreción constituyen elementos esenciales de las virtudes políticas del quehacer público.

Se requiere que el próximo gobierno construya condiciones esenciales para racionalizar la institucionalidad y entienda que la vertebración del poder público es cosa de todos, que debe abrirse a la crítica, detectar desafíos, debilidades, oportunidades y vacíos en el ejercicio público y muy especialmente, deberá dar sentido y valor a la oposición política como contrapeso de los poderes públicos.

Los ciudadanos esperamos que las fuerzas partidistas del nuevo gobierno no se conviertan en mimos de la política, sino en verdaderos conductores sociales, cuya tarea es deliberar y debatir para consolidar la racionalidad pública. No es admisible la complacencia partidista como comparsa gubernamental.

Por su parte, la responsabilidad política de la oposición deberá jugar un papel prioritario en la construcción del ejercicio público y superar en racionalidad y operatividad lo hecho hasta ahora; abrir para el ciudadano espacios en la cultura cívica; y asumir un papel deliberante, inteligente, sin rencor y con la responsabilidad de construir un gobierno con rostro social.

Esto confirma que la erosión política ha hecho patente la necesidad de fortalecer la cultura cívica en la construcción de instituciones gubernamentales, y que la clase política y la ciudadanía deben estrechar lazos de corresponsabilidad; fortalecer el Estado Democrático de Derecho; y acreditar en el día a día, la prevalencia de la fuerza de la sociedad en el ejercicio de gobierno.

En el propósito de legitimar la acción pública, se dio peso y paso a las políticas públicas como premisas de solución de las necesidades sociales; empero, su éxito fue parcial, al no estar acompañadas de una verdadera Agenda Ciudadana, que permitiera al gobierno direccionar sus acciones e impedir que se convirtieran en planes y programas de escritorio cuyo fracaso fuera la crónica de una muerte anunciada.

No se puede olvidar que construir una Agenda Ciudadana en la dinámica de hacer gobierno, refrenda la legitimidad, le da sentido, respeto y valor a la toma de decisiones del quehacer público y crea un efecto de confianza y credibilidad, porque las determinaciones públicas devienen de la horizontalidad y del asociativismo, factores que se aprecian porque expresan el reconocimiento de los derechos ciudadanos.

Sin duda, la legitimidad entre la concreción gubernamental, la civilidad ciudadana activa y la oposición responsable, no están completas sin un sistema de partidos capaz de crear las condiciones para que la sociedad civil se una a prácticas que desde la cultura cívica permitan implementar parlamentos abiertos, observatorios ciudadanos y auditoría social; procesos imprescindibles en la transparencia, rendición de cuentas y gobernanza abierta, que hacen de la legitimidad democrática, razón ciudadana y no quimera de gobierno.

Insistir en un gobierno abierto y en público, sólo es posible desde un nuevo paradigma de la cultura cívica. Es imprescindible que se exprese desde las organizaciones de la sociedad civil para entender que la legitimidad se construye de abajo hacia arriba, no es un efecto residual de escritorio, sino una conquista que no puede ser negada por el Estado.

No podemos permitir el cuso incierto de la democracia ni de la ciudadanía, en el extravió o veleidad de la razón política. La responsabilidad del ejercicio público es de todos, todos jugamos en su construcción, por lo que la legitimidad de su ejercicio, es un acto de conciencia que se expresa en nuestra cultura política, que invariablemente refleja nuestro derecho humano a participar en la toma de decisiones del Estado.

Agenda

• Mi reconocimiento al Procurador saliente, Lic. Javier Ramiro Lara Salinas por la labor desarrollada durante su encargo, que de acuerdo al “Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2018”, posicionó a la PGJ del Estado de Hidalgo al lugar número 7, ascendiendo más de 18 posiciones a nivel nacional al incrementar su efectividad de investigación y combate a la delincuencia.
• Mi felicitación al Lic. Raúl Arroyo, quien fue nombrado por el Congreso del Estado de Hidalgo, Procurador General de Justicia. Le deseo éxito en esta vital tarea de gobierno.