La soberanía popular, como génesis y fundamento del Estado, es la antítesis de la máxima de Luis XIV “El Estado soy yo”. Advierte en nuestros días, la sana distancia entre el Ancien Regime y las estructuras políticas modernas, que se oponen al autoritarismo y a la verticalidad discrecional.
Ser ciudadano en un país, no es un privilegio que el Estado confiere a sus habitantes, sino el reconocimiento de una conquista social, de una lucha histórica por imponer desde la racionalidad armónica de los hombres, la vertebración política que dio origen al orden público, del que proviene el espíritu de emancipación de la Nación.
Así, el Contrato Social consagra un sistema de pesos y contrapesos, que desde un régimen político democrático, está concebido para impedir los abusos, atropellos y discrecionalidad de los actos de autoridad, y mucho más profundo, del respeto a la libertad y dignidad humana, porque todo poder del Estado emana del pueblo, quien es su titular y soberano.
En este trazo, los poderes públicos deben ser el rostro de la vanguardia de la soberanía popular, porque son erigidos para hacer valer la representación ciudadana, y no pueden constituirse como parcelas de intereses mezquinos, y mucho menos, feudos políticos de impunidad.
Los poderes públicos encarnan la racionalidad que proscribe la discrecionalidad y el autoritarismo. Son, en esencia, la máxima virtud de una democracia representativa, y condensan en su humanismo ciudadano la oportunidad de construir un futuro digno y para todos.
Entonces, ¿Por qué los ciudadanos advierten de la representación popular, la lejanía y desesperanza de quienes se representan a sí mismos y son el quiebre de la armonía y paz social? ¿Por qué la motivación racional de preservar el Estado Democrático, puede ser sustituida por la arbitrariedad, el autoritarismo y el despojo ciudadano? ¿Qué sucede cuando no se protegen los derechos de los ciudadanos? ¿Quién puede tener derecho y potestad de violentar el valor y la virtud de lo público?
La respuesta es contundente: porque se ha trastocado el Estado Democrático de Derecho, que ha sido concebido para preservar al ciudadano y hacer valer la voz del pueblo, ignorando el principio de la soberanía popular, pavimentando con ello el camino del autoritarismo, reviviendo a Luis XIV y creando una casta de mirreyes, que creen y asumen que el Estado es botín de mercenarios.
Pero el pueblo se levanta, es valiente e inteligente y defiende las causas justas.
Recordemos la valentía de Emilio Zolá, escritor que ante la arbitrariedad del sistema político escribió “Yo acuso”, carta dirigida al Presidente de la Republica de Francia, en la que defendía del abuso y autoritarismo político en 1898 al capitán Alfred Dreyfus, quien cayó en desgracia y pagó en prisión, los abusos del poder público.
Hoy, más allá de retrotraer la historia en Hidalgo, Estado generoso y de gente noble, se ha cometido una infamia y abuso de autoridad frente a la sociedad, y la ciudadanía encarna el “Yo acuso”.
Los representantes del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, haciendo alarde de un abuso de autoridad, aprobaron el 19 de diciembre del 2017 una reducción superior al 85% al Presupuesto de Egresos del Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, propuesto por el C. Gobernador Constitucional Omar Fayad Meneses, concretando con esta acción, la extinción de facto del Consejo, lo que consuma distintas violaciones al Estado de Derecho por quienes deben preservarlo, ya que protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Esta determinación del Congreso del Estado pone fin a una Institución creada 16 años atrás, y que hace 11 años, le fue otorgada su autonomía por el entonces Gobernador del Estado Miguel Ángel Osorio Chong.
Durante este tiempo, más de 2000 Consejeras y Consejeros Ciudadanos se sumaron a la tarea de informarse y participar activamente en todas las actividades del quehacer público con opiniones y propuestas, que contribuyeron al mejorar y fortalecer el desarrollo democrático y la institucionalidad.
El CCCEH se constituyó en un espacio en el que los ciudadanos encontraron un foro de expresión libre, abierta y plural, en el que las aportaciones siempre se formularon buscando la gestión de los intereses de la ciudadanía, frente al déficit de representatividad popular que hoy caracteriza la actuación de cámaras y legisladores.
La decisión tomada por la LXIII Legislatura es violatoria del Derecho Humano a la participación ciudadana de las y los hidalguenses, al reducir y hacer nugatorios, los actuales mecanismos de participación.
Trastoca el equilibrio de poderes, porque sin que exista abrogación del Decreto que le dio vida por parte del Ejecutivo, el Poder Legislativo ha realizado recortes presupuestales mayúsculos al Consejo, vulnerando el orden Constitucional, minando su autonomía y el sistema de pesos y contrapesos, mandatado por el pueblo en el marco del Sistema Republicano.
Violenta las reglas básicas del debido proceso, en perjuicio de esta Institución, ya que sin derecho de audiencia previo, ni considerar los múltiples resultados y evaluaciones que se han realizado por las instancias competentes; sin fundamentación ni motivación, decidió unilateralmente, y de un plumazo, privarlo de la suficiencia presupuestaria que le permita seguir operando, en tanto se encuentre vigente su Decreto de Creación.
La extinción de facto del Consejo, cristaliza los esfuerzos de la fracción partidaria del PAN, que arrastró a las demás fuerzas políticas y lesionó la conquista social del Derecho Humano a la Participación Ciudadana, al vulnerar la constitucionalidad y la legalidad.
Tengo la certeza que la decisión de la Cámara es errónea y se equivoca frente a una realidad que demanda fortalecer el derecho humano a la participación ciudadana y al buen gobierno. El tiempo y los procesos sociales pronto lo confirmarán.
La motivación de los actos de autoridad cumple una importante función política, jurídica, publica y democrática, es la conciencia de que en toda decisión pública, priman elementos racionales que respetan el Estado Democrático de Derecho, y por lo tanto, al pueblo.
El pueblo de Hidalgo no se equivoca y sólo espera que sus representantes, tampoco lo hagan.
Ha llegado el tiempo de escuchar y hacer valer la voz del ciudadano, porque ya no vivimos en el México ni de caudillos ni del autoritarismo, sino en una Nación digna, democrática y humana.
Agenda
- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, renunció para contender como candidato a Senador de la República por el Estado de Hidalgo.
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