Pachuca, Hgo., a 2 de febrero de 2016.
De acuerdo con el índice de sentencias condenatorias obtenidas de la autoridad judicial por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, durante el gobierno de José Francisco Olvera Ruiz, la dependencia observa un 90 por ciento de efectividad en la función persecutoria del delito del Ministerio Público.
Con un total de mil 731 sentencias condenatorias, 265 mixtas, es decir, que el procesado recibió sentencia como culpable en algún delito imputado y como no responsable en otro y 113 absolutorias durante el último año, la PGJEH mantiene una alta efectividad en la integración jurídica de los expedientes consignados.
La función persecutoria del delito, explicó el procurador general de justicia de la entidad, Alejandro Straffon Ortiz, “es aquella en la que el Ministerio Público, una vez concluida la integración de una averiguación previa, realiza ante la autoridad judicial, es decir, ante el juez en los tribunales donde se llevará a cabo el proceso correspondiente”.
Straffon señaló que “ha sido una instrucción constante del gobernador Paco Olvera la preparación jurídica y científica de Ministerios Públicos, Peritos y Agentes de Investigación para mantener el alto índice de efectividad en la sólida integración de una investigación para perseguir delitos denunciados por la ciudadanía”.
Sin embargo, destacó Straffon Ortiz, “la integración de averiguaciones previas en el Sistema Tradicional y de Carpetas de Investigación en el nuevo Sistema de Justicia es solamente el primer paso en la persecución del delito; la labor de la PGJEH concluye cuando se le aportan al juez los elementos suficientes para consolidar y demostrar la responsabilidad de los imputados y que los delitos no queden impune».
“La función persecutoria, como su nombre lo indica, consiste en perseguir los delitos o lo que es lo mismo, en buscar y reunir los elementos necesarios y hacer las gestiones pertinentes para procurar que a los autores de ellos se les apliquen las consecuencias establecidas en la ley”, señaló Alejandro Straffon.
Durante el proceso, el Ministerio Público adscrito al juzgado penal, dependiente de la Dirección de Control de Procesos de la PGJEH, en su calidad de representante social de la víctima y sus familiares, aportan elementos de prueba suficientes para que el juez competente resuelva que los señalados de cometer algún delito efectivamente son responsables de ello”.
Finalmente, Straffon Ortiz aseveró: «es instrucción permanente del mandatario Olvera que todas las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, tengan sustento en pruebas científicas y técnicamente procesadas para lograr el esclarecimiento del delito, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que los daños causados sean reparados».
