Ixmiquipan, Hgo., a11 de enero de 2021
- En 2018 el Seguro Popular tenia afiliados al 62.3 % de la población indígena
En México la población indígena representa cerca de 10 por ciento de la población total, lo que equivale a poco más de 12 millones de personas. Este grupo poblacional se concentra principalmente en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo, con alrededor de 75 por ciento del total.
En Hidalgo más de 1 millón de personas se consideran indígenas, y pertenecen a las culturas: Hñahñu, Náhuatl y Tepehua, en estas comunidades según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el Covid-19 ha alcanzado el 80% de las comunidades, mismas que reportan, 7 de cada 10 personas se encuentran en situación de pobreza y casi un tercio experimentan pobreza extrema.
Esta situación se agrava con la eliminación del Seguro Popular, programa de seguridad social que el año 2018 alcanzó un cobertura del 62.3 porciento de la población indígena, en contraste el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, del partido de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), lo eliminó lo que dejado a las comunidades indígenas en el limbo.
Esto se ve reflejado en los datos que reporta el Coneval los cuales destacan que el 78.2 porciento de la población indígena carecen del acceso a la seguridad social, situación que pone en la vulnerabilidad total a estas comunidades, que viven en el Valle del Mezquital, la Huasteca, la Sierra Alta, y la Sierra Tepehua.
Los vecinos de las comunidades nos relatan que las personas que tienen síntomas parecidos al Coronavirus, no tienen acceso a los servicios de salud, y por la precariedad de sus ingresos les resulta imposible pagar la atención médica en hospitales privados.
Por ello el Consejo Supremo Hñahñu hace un llamado enérgico con el objetivo de ampliar las medidas sanitarias entre la población indígena para reducir la tasa de contagio y mortalidad por COVID-19, además de implementar medidas encaminadas a mitigar el impacto de la crisis social y económica.
Ya que la población indígena en el ejercicio de sus derechos se encuentra sistemáticamente comprometido y es en este sector que se observan obstáculos o menores niveles de bienestar respecto al promedio de la población.
