24 de Octubre de 2016

Preparan en la Corte golpe a libre expresión La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una sentencia sobre el derecho de réplica en medios de comunicación que pone en riesgo la libertad de expresión, según lo muestra el proyecto de sentencia en poder de El Universal, A petición del PRD y Morena, la SCJN prevé votar el fallo con el que, de ser aprobado, cualquiera que se sienta agraviado por información difundida en medios podrá demandar judicialmente a sus autores. El fallo podrá ser aprobado si al menos ocho de los 11 ministros se pronuncian a favor. El proyecto de sentencia es realizado por el ministro Alberto Pérez Dayán y será puesto a consideración del resto de los integrantes de la Corte el próximo 7 de noviembre, cuando deberán resolverse las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los dos partidos políticos contra la Ley sobre el Derecho de Réplica. La propuesta, prevé eliminar del artículo tercero de la ley los requisitos de información inexacta o falsa para hacer valer el derecho de réplica, ante el medio y los tribunales. “Artículo 3. Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un agravio”, establece la norma vigente. En consecuencia, cualquier persona que se sienta agraviada con relación a información difundida en medios de comunicación podrá ejercer el derecho de réplica, sin importar si se trata de datos verídicos. También, de conformidad con lo requerido por ambos partidos, se establece la posibilidad de que en periodo electoral el derecho de réplica sea ejercido ante autoridades especializadas como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ordeñan partidos al INE Los nueve partidos políticos con registro nacional le cargan cada mes al Instituto Nacional Electoral (INE) un gasto millonario para pagar sueldos de asesores y secretarias que trabajan en sus representaciones. Una relación del personal, consultada vía Transparencia, indica que el Instituto tiene en la nómina a 93 personas que laboran en las nueve representaciones partidistas y consejerías del Poder Legislativo. En respuesta a una solicitud de información, el INE indicó que hay 75 asesores contratados por honorarios, de los cuales 54 perciben una dieta mensual de 90 mil 608 pesos brutos. Además, cuentan con 18 secretarias con plaza presupuestal. Cada una tiene ingresos brutos de 22 mil 435 pesos al mes. El Instituto corre con esos pagos pese a que los partidos políticos se reparten este año una bolsa de 3 mil 838.5 millones de pesos para gasto ordinario, sin contar que en 2015 recibieron un monto extra de mil 172.8 millones de pesos por tratarse de un año electoral. Las representaciones del PRI, PAN, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Panal y Encuentro Social cuentan con ocho asesores cada uno, mientras que el PRD, por una razón que no se precisa en el documento, tiene a 11 colaboradores en esas funciones. El INE afirmó que dichos pagos se consideran «apoyos subsidiarios», con cargo a una partida presupuestal destinada a financiar los gastos de las representaciones partidistas. «Los apoyos subsidiarios no constituyen un sueldo sino, como su nombre lo dice, un subsidio, lo que significa que su otorgamiento no implica la existencia de una relación laboral entre el representante partidista, o a quien éste autorice para recibirlos, y el Instituto. «(Por) tales condiciones tampoco existen situaciones de liquidación por concepto de renuncia o despido», argumenta el organismo. En el documento, el Instituto omite calcular el cobro de Impuesto Sobre la Renta (ISR) o las cuotas de seguridad social, por lo que reportó únicamente ingresos brutos. Sin embargo, precisó que para el ejercicio presupuestal de este año la Junta General Ejecutiva aprobó 52 millones 682 mil 959 pesos de apoyos al personal que trabaja en las representaciones de los partidos. Esa suma sí contempla la retención de ISR del 35 por ciento y un incremento del 4 por ciento de la inflación. La erogación mensual de esos recursos equivale a 4 millones 390 mil 246 pesos.

Antes de los 43 se acusó a Flores de plagio y asesinato El lunes 3 de junio de 2013 Nicolás Mendoza Villa, miembro del Frente de Unidad Popular (FUP) de Guerrero, logró escapar de un levantón ordenado por el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca. El plagio contra él y siete personas más había sido perpetrado el jueves 30 de mayo por el jefe policial del municipio, Felipe Flores Velázquez, acusado un año y tres meses después de haber entregado a 43 estudiantes de Ayotzinapa a sicarios del cártel Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Tal como se dio a conocer el 10 de octubre de 2014, 14 días después de la desaparición de los normalistas (información que se reseña a continuación), Nicolás fue una de las personas que desde 2013 hizo acusaciones por homicidio contra el jefe policial y el alcalde, señalamientos que en aquella época no fueron suficientes para los gobiernos estatal y federal: nunca procedieron contra ambos servidores públicos hasta que ocurrió la tragedia de Iguala. Nicolás era chofer de Arturo Hernández Cardona, líder del FUP. El 25 de junio de 2013, 22 días después de que escapara de aquel levantón, se atrevió a dar su testimonio en la notaría 47 del Distrito Federal, ante Alfredo Miguel Morán Miguel. El 12 de marzo de 2014 repitió y amplió sus dichos ante el agente Miguel Ángel Cuevas Aparicio, adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero. En la averiguación previa HID/SC/010758/2013, Nicolás narró con detalle lo ocurrido aquellos días: el alcalde Abarca asesinó a su jefe, Hernández Cardona, con la complicidad de Felipe Flores.

Realizan cárteles mexicanos lavado hormiga en EU En las fotografías, Alejandra Salgado y su hermano menor Roberto parecen simples turistas que pasean despreocupados por el centro de Manhattan. Él lleva una bolsa de compras. Ella usa un vestido blanco, collar y una cartera de cuero grande colgada sobre un hombro. Pero sus paseos distan de ser inocentes. A lo largo de dos horas, agentes federales tomaron fotos de la pareja que fue a siete bancos para depositar en cada uno poco menos de 10 mil dólares; todos de los fajos de billetes que llevaban en sus bolsos. Los fiscales dicen que los pequeños depósitos en diversos bancos son uno de los métodos empleados por los cárteles mexicanos del narco para blanquear miles de millones de dólares en ganancias de Estados Unidos sin llamar la atención de los reguladores bancarios. Los cárteles recaudan buena parte de sus ganancias en el mercado estadunidense de la misma manera en que introducen cocaína y otras drogas: mediante cruces furtivos de la frontera. Pero el uso de los bancos sigue siendo uno de los métodos, dijo James Hunt, jefe de la oficina de Nueva York de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés). Los depósitos son pequeños porque los bancos deben informar al gobierno de cualquier transferencia superior a 10 mil dólares. Además, tienen la ventaja de que si los investigadores los descubren es poco el dinero confiscado. Por otro lado las penas para los depositantes suelen ser menores. ‘‘Les toma más tiempo, pero el golpe no es tan rudo si los atrapan’’, dijo Hunt. Antes de ser apresados, a fines de septiembre, los hermanos Salgado cobraban por lavar hasta un millón de dólares por mes, recaudados a vendedores vinculados con el cártel de Sinaloa, dijeron los fiscales de la DEA.

El Ejército decomisa la día 112 armas de grueso calibre La mayoría de las armas que el Ejército mexicano ha asegurado en flagrancia y en operativos a los grupos criminales en diez años de lucha contra el narcotráfico es de grueso calibre; suficiente en número para que el promedio semanal decomisado sea de 788 armas de este tipo. El número es tal que cada día una compañía militar (con 112 hombres) podría ser armada hasta los dientes con estos decomisos, dándole capacidad para atacar blindados o incluso hacerlos explotar. De las 152 mil 528 decomisadas en diferentes operaciones en el periodo 2006-2016, según información obtenida vía transparencia, 93 mil 054 son ametralladoras, rifles, fusiles Barret, lanzacohetes, morteros y escopetas de diversos calibres. Mientras que el resto, 59 mil 474, son armas cortas que van desde pistolas escuadra calibre 10 milímetros hasta 38 especial súper, entre otras. El fusil AK-47, conocido como cuerno de chivo, es de los preferidos por los sicarios del crimen organizado, pues en dicho periodo los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les han quitado 19 mil 028 en las entidades donde realizan labores de apoyo a la seguridad pública.

«Congelada», la Ley de Aguas A pesar de que sus protagonistas han declarado lo contrario, lo cierto es que todo indica que la iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales se quedará atorada otra vez en el actual periodo ordinario de sesiones. Las controversias se han sucedido y se sigue perdiendo el tiempo en el Poder Legislativo, mientras la ciudadanía se queja de que no se le ha consultado, no ha habido consenso ni participación y el problema es que, a la fecha, al menos 10 millones de mexicanos carecen de agua potable, de acuerdo a datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua. En un contexto en el que los mexicanos apenas consumimos 0.360 de litro de agua potable diariamente y hay regiones en las que la contaminación impide siquiera esta ingesta para millones, como se recordará, en el 2012 se reformó el Artículo Cuarto Constitucional incluyéndose el reconocimiento al derecho humano al agua, dándose como plazo, entonces, un año para una nueva Ley que regulara y estableciera las condiciones para garantizar este derecho a toda la población. Esto no ha ocurrido. Lo que sí ha sucedido, según fuentes del INEGI y de la propia Comisión, es que mientras el Legislativo no avanza para la consecución de esta normatividad, entre el 30 y el 50 por ciento del abasto público de este líquido se pierde en fugas, mientras que el 17 por ciento del agua potable (destinada para el consumo humano), se va en el uso industrial y/o comercial, además, por si fuera poco, el 37 por ciento de las tomas en el país son clandestinas. Hoy en día, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados apenas se ha empezado a manifestar para defender este derecho. “No podemos permitir que se le quite esta clasificación al agua y se maneje de manera mercantil”, expresó a EL SOL DE MÉXICO, el diputado Arturo Alfaro Santana, corresponsable de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, en San Lázaro. Por cierto, el presidente de este órgano legislativo, Ignacio Pichardo, declinó hacer comentarios sobre esta postergación que él mismo encabezara desde hace dos legislaturas.

Oficial: manda Maduro al diablo la Constitución El 24 de enero de 1848, en el periodo presidencial de José Tadeo Monagas, durante el cual eran comunes las revueltas, se produjo el asalto al Congreso que marcó la ruptura entre conservadores y liberales. El senado promovía juzgar al presidente Monagas por gobernar sin atenerse a la Constitución de la época. Una situación, recordada por Enrique Márquez, vicepresidente de la ahora Asamblea Nacional, se repitió ayer: un grupo de chavistas irrumpió en la sala principal del Congreso en la que los diputados discutían la crisis política generada por la codependencia de poderes en relación al gobierno.“Fue un ataque completamente planificado. Afuera de la Asamblea Nacional habían autobuses en los que trasladaron a las personas que ingresaron al Hemiciclo. Casualmente, minutos después llegó el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, que ni siquiera es diputado”, cuenta a La Razón, el diputado de la oposición Carlos Berrizbeitia, quien se encontraba en el lugar al momento del ataque. Las recientes sentencias de tribunales penales que echaron por tierra las firmas del revocatorio contra Nicolás Maduro en cinco estados del país sudamericano y el aplazamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) de las recolección del las firmas necesarias para activar dicha consulta han prendido las alarmas del Parlamento opositor, el cual convocó ayer a una sesión extraordinaria para declararse en rebeldía por “la ruptura del hilo constitucional”. “Hirieron a varias personas de la Asamblea, a unos periodistas, rompieron dos cámaras de televisión… ésa es la violencia del gobierno… irrumpir para que se suspendiera el acto parlamentario. Afortunadamente pudimos desalojarlos de la Asamblea Nacional y continuar con la sesión”, señala el legislador. La jornada de ayer no sólo era extraordinaria por el día en que se celebró. También lo fue por el tema que discutieron los parlamentarios: la declaración de “la ruptura del orden constitucional en Venezuela y la existencia de un golpe de estado, cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra la de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela”.

Ven riesgosos cambios a la Ley de Ingresos Especialistas alertaron sobre los riesgos de los cambios a la Ley de Ingresos 2017 aprobada por los Diputados, como el efecto del mayor precio del dólar sobre el costo de la deuda y la importación de gasolina, y la falta de atención a problemas estructurales como las pensiones, en un contexto en que las calificadoras de riesgo crediticio evalúan el desempeño del país. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), un pronóstico del tipo de cambio en 18.62 pesos por dólar provocaría mayores gastos en la importación de gasolina y el costo financiero de la deuda gubernamental, lo que aleja la meta de alcanzar un superávit primario equivalente a 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto. Por su parte, Ernesto O’Farrill, presidente de Bursamétrica, considera que si bien los más de 51 mil millones de ingresos adicionales derivados de los cambios a la Ley equivalen a 0.28 por ciento del PIB y a 70 por ciento del superávit primario propuesto, resulta cuestionable la modificación de los supuestos de tipo de cambio, producción de Pemex y los aprovechamientos, en un contexto en el que “es alto el riesgo de perder el grado de inversión”.

Ahorros, a salvo de la volatilidad Los ahorros de los mexicanos están protegidos ante la incertidumbre financiera internacional, aseguró Raúl Castro Montiel, secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). En entrevista con Excélsior, afirmó que México atraviesa por un gran momento para ahorrar. Castro Montiel, quien asumió el cargo el pasado 16 de octubre, explicó que la banca en el país es sólida, bien capitalizada, incluso por arriba de los requerimientos regulatorios, lo que da “certeza” sobre las instituciones bancarias. La gente puede tener confianza de que están asegurados sus ahorros. “No importa el entorno, no importan las características y el tamaño del banco, sus depósitos están asegurados”, insistió. Castro destacó la solvencia de las instituciones y el alza en las tasas de interés como incentivos para acercarse al sistema financiero formal.