26 de Julio de 2016

Asedia crimen corredor turístico Tierra Caliente El corredor costero Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo se ha convertido en los últimos meses en una ruta peligrosa para el turista y para el comercio. Nadie entra ni sale sin ser vigilado por personas armadas a bordo de vehículos blindados y hasta en transporte del servicio público a las órdenes del crimen organizado, denuncian habitantes de esa zona costera, de quienes se omite su nombre por seguridad. La violencia ha ido a la alza en ese tramo entre Michoacán y Guerrero. Ambas entidades comparten cárteles y violencia, según cifras oficiales, especialistas y autoridades. Se trata de un tramo de 98 kilómetros que comprenden tres municipios, los cuales se recorren en una hora con 20 minutos en vehículo particular. En el corredor se han iniciado 100 averiguaciones previas por homicidios dolosos en los últimos seis meses, contra los 62 asesinatos registrados en el mismo lapso de 2015. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Lázaro Cárdenas, en Michoacán, se ubica a la cabeza en homicidios dolosos de los tres municipios, con 50 casos, seguido de Zihuatanejo, con 41, y La Unión, con nueve; los dos últimos en Guerrero. Sin embargo, la situación de violencia se observa en toda la región de Tierra Caliente: este fin de semana fueron ejecutados a tiros el presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, y su chofer. También falleció un agresor y dos policías federales que custodiaban al edil resultaron lesionados. “Es una región que lleva años en conflicto, por la multiplicidad de grupos criminales”, alerta Alejandro Hope, analista en seguridad pública. Considera que los gobiernos de Guerrero y Michoacán no han invertido los recursos suficientes, mientras que el gobierno federal no tiene los medios suficientes. Explica que la violencia también está relacionada con la fragmentación de grupos delincuenciales, pues en la medida que captura a sus cabecillas se incrementa la disputa por el control del territorio.

Sufre Guanajuato ola de asesinatos La violencia llegó ahora a Guanajuato. La entidad con una de las mejores economías del País es ahora un campo de batalla entre cárteles que se disputan el narcomenudeo, la ordeña de combustibles y los robos al ferrocarril. En un lapso de 90 días, en la entidad se ha registrado la mayor violencia del año al cometerse 239 asesinatos, la mayoría ligados al crimen organizado. En total se reportan 500 homicidios de enero a julio. El año pasado en el mismo lapso ocurrieron 395 crímenes. Las ciudades más impactadas por los crímenes son León, Irapuato, Celaya y Salamanca. Las autoridades reportan la llegada de grupos criminales de otras regiones como Michoacán y Jalisco que enfrentan a grupos con presencia en la entidad como el Cártel Jalisco Nueva Generación. En la disputa participan además células de Los Zetas y un nuevo grupo denominado La Unión, integrada por miembros de Los Caballeros Templarios y de La Familia Michoacana. Además de las ejecuciones, comerciantes y familias son acosados con extorsiones y cobro de piso en municipios como Uriangato, Moroleón y Pénjamo, colindantes con Michoacán. El Procurador de Justicia guanajuatense, Carlos Zamarripa, aceptó que se protagoniza una pugna entre organizaciones criminales. «Estamos viendo que la mayoría de los homicidios eran personas dedicadas a temas ilícitos como la venta de droga y otros. Es decir, sin duda nos habla que hay una pugna entre un distribuidor y otro», dijo. En ese contexto, ayer tres personas fueron asesinadas. Dos en Salamanca y una en León.

Repuntaron 2.5% homicidios en 2015 La tendencia a la baja en el número de homicidios había sido una constante en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero esto terminó en 2015, cuando se presentó el primer repunte de este delito: el año pasado se perpetraron 20 mil 525 asesinatos en el país, cifra superior en 515 víctimas a la que se reportó en 2014, que fue de 20 mil 10 casos, de acuerdo con el Inegi. La gráfica del instituto es clara, las muertes violentas en 2013 registraron una disminución de 11.2 por ciento respecto a los 25 mil 967 delitos reportados en 2012, para el segundo año de la presente administración, descendieron 13.3 por ciento; sin embargo, en 2015 se tuvo una alza de 2.5 por ciento. Si se compara la cifra preeliminar que había dado el Inegi en 2014 (19 mil 669 homicidios) contra la preeliminar de 2015, el incremento es de 4.3 por ciento. Otras mediciones oficiales dan certeza de dicho aumento de la violencia en el país a partir del año pasado: los números del Sistema Nacional Seguridad Pública reportan que durante 2015 se cometieron 17 mil 27 asesinatos dolosos, lo que significa un incremento de 8.8 por ciento respecto a los 15 mil 649 delitos denunciados en 2014. La tendencia a la alza de las muertes violentas también se registra en el recuento de asesinatos relacionados con el crimen organizado que MILENIO realiza cada mes, un aumento de 4.8 por ciento en 2015. En noviembre pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que para disminuir el número de asesinatos dolosos se necesita de una reforma constitucional que mejore la seguridad en los estados donde se cometen, en mayor medida, los homicidios dolosos. En ese entonces el titular de la Segob aseguró que el gobierno federal está «trabajando con ellos (los miembros del Poder Legislativo), y tenemos la esperanza de que en este mismo periodo se pueda lograr esta reforma».

Sin límites, intervención privada en gas natural, indica Sener La Secretaría de Energía (Sener) dio a conocer la Política Pública para la Implementación del Mercado de Gas Natural en México, con la que se pretende que en cuatro años o menos Petróleos Mexicanos (Pemex) haya cedido 70 por ciento de sus contratos de venta de este combustible a particulares interesados y que para 2018 se hayan eliminado los precios de venta de primera mano en todo el país, en busca de un mercado competitivo. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) coordinará la cesión de contratos de Pemex al sector privado en una proporción de 20 por ciento por año, explicó el comisionado Jesús Serrano durante la presentación de la política. Explicó que ésta es una medida asimétrica que se aplicará a Pemex para reinicializar el mercado de gas natural sin acciones monopólicas. Aseguró que no habrá límites para la participación de los particulares, que incluso podrán llegar a 80 por ciento del mercado. Una vez se haya reinicializado el mercado, Pemex participará en igualdad de circunstancias. Si un comercializador llegara a tener, por decir una cifra, 80 por ciento de participación de mercado, no habría razones para preocuparse si esto hubiera sido logrado por ser el más eficiente, el que ofreció las mejores condiciones. No se prevé que se limite la participación de ningún competidor, señaló Serrano.

PRI apura a la SCJN contra sus gobernadores salientes La dirigencia nacional del PRI pidió la intervención de su bancada en el Senado para urgir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a desahogar de manera prioritaria los recursos de inconstitucionalidad que interpuso contra los congresos estatales y gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por la aprobación de reformas que buscan blindar a esos mandatarios de eventuales acciones derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción que recién se promulgó. “Nos parece prioritario que el máximo tribunal de justicia de nuestro país, estudie y resuelva sobre la constitucionalidad de las leyes e instituciones, que se han creado en materia anticorrupción en las tres entidades mencionadas, antes de la expedición de la legislación general en la materia”, señaló Enrique Ochoa Reza. Ello en virtud de que en dichos estados se carece de las facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción, sin que se hayan publicado, primero, las leyes generales correspondientes y que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias. Luego de perder las elecciones en sus respectivos estados el pasado 5 de junio, esos gobernadores buscaban blindarse con la aprobación de reformas anticorrupción “a modo” donde incluso se nombrarían fiscales y funcionarios presuntamente allegados a ellos.

Pide el PRI a la Corte «trámite preferente» El presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, demanda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé tramite preferente a las acciones de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Ejecutivos de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, por la aprobación de reformas recientes en materia de combate a la corrupción que se oponen a los principios constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción. El dirigente nacional priísta se reunió con la bancada del PRI y su coordinador, Emilio Gamboa Patrón, en el Senado de la República, para entregar al coordinador de los senadores priístas, una carta en la que le pide haga la solicitud formal al presidente de la Mesa Directiva, el panista Roberto Gil Zuarth, haga las gestiones correspondientes ante la SCJN. Más tarde, el senador priísta Arturo Zamora entregó al presidente de la Cámara Alta, el panista Roberto Gil Zuarth, dicha solicitud para que ejerza su facultad constitucional y planteé “el trámite y resolución preferente” de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas el pasado 11 de julio por la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos de los poderes Legislativo y Ejecutivo de los Estados de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua. En la misiva argumenta que esos poderes dieron cabida a diversas reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción, cuyos postulados son contrarios a las disposiciones constitucionales y legales del Sistema Nacional Anticorrupción. El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza durante la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa Patrón, explicó que esta solicitud formal la hace al líder de su bancada, para que a su vez haga la solicitud del presidente del Senado Roberto Gil Zuarth, conforme al artículo 94 constitucional.

Obispos, libres de ir contra la Reforma Educativa: Iglesia La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) indicó que si un obispo o sacerdote se pronuncia en contra de dicha ley “es libre de expresarse, no se procederá en su contra, ni habrá una llamada de atención”, indicó el secretario general del organismo, Alfonso Miranda. Sobre si la CEM descalifica las declaraciones de Raúl Vera, obispo de Saltillo, quien recientemente llamó a las autoridades a derogar la Reforma Educativa, al considerar que “vulnera los derechos laborales de los maestros y le está robando la paz social al país”, enfatizó que “no se disminuirá la acción pastoral de cada obispo”. “La Conferencia del Episcopado es un órgano colegiado que no disminuye la acción pastoral de cada obispo, de tal forma que cada obispo es el que preside su diócesis, el que responde a ella”, aclaró. “Es la voz de Monseñor Vera, yo hablo con la voz de la Conferencia Episcopal Mexicana (…), ya los asuntos técnicos deberán ser resueltos por las instancias que les toca; en este caso la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CNTE, entre otros”, indicó. Agregó que también es responsabilidad de ellos (los obispos), responder por cada una de sus palabras. “A nivel colegiado, de alguna manera marcamos la ruta de nuestros propios comunicados, de tal forma que sirvan de orientación a los demás obispos”, consideró.

Sacará PAN gillotina; va contra corruptos Mientras que panistas urgen al presidente de la Comisión Anticorrupción del blanquiazul, Luis Felipe Bravo Mena, a sacar ya la guillotina para proceder contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y otros panistas señalados por corrupción, el senador Ernesto Ruffo aseveró que falta poco, cuestión de semanas, cuando la Comisión pueda estar jurídicamente lista para iniciar el proceso de expulsión no sólo contra el exgobernador sino contra la expresidenta municipal de Monterrey, Margarita Arellanes, dos de los asuntos prioritarios. En entrevista con El Financiero, Ruffo Appel, integrante de la Comisión Anticorrupción panista, reconoció que el PAN se ha tardado en aplicar la ley porque “no teníamos a la mano los elementos jurídicos, protocolos, procedimientos y reglamentos en nuestras leyes”. Dijo que con la creación de la Comisión Anticorrupción y la aprobación de protocolos y leyes, sólo falta que el Instituto Nacional Electoral (INE) registre el reglamento. “Esperamos que esto no tome mucho tiempo, la documentación ya está entregada, es cuestión de semanas”, indicó. Aclaró que aunque es demanda de algunos panistas acelerar la actuación de la comisión, el organismo no ha hecho ninguna actuación formal en el sentido de averiguación respecto de temas de corrupción y sobre el caso concreto de Padrés, aunque reconoció que el exmandatario ha acudido varias veces a reunirse con personajes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). “Ha habido pláticas con él, lo he visto en varias ocasiones en el partido, aunque sin ningún carácter oficial y principalmente ha sido a iniciativa del propio exgobernador, quizá preocupado por estos reclamos de corrupción en su gobierno, digamos a manera de abonar, a mostrar disposición a cualquier investigación”.

Pobre, la mayoría en cinco estados De acuerdo con información de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a la que se le aplicó la metodología empleada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en cinco estados se registraron niveles de pobreza superiores a 50% de cada una de su población. Excélsior dio cuenta ayer que, con base en dicha información estadística y metodológica de los organismos autónomo y descentralizado, respectivamente, la proporción de mexicanos en situación de pobreza multidimensional fue de 36.7% en 2015. La población que vive en condiciones de pobreza, en su medición multidimensional, es aquélla que se sostiene con un ingreso inferior a la línea de bienestar económica y al menos tiene una carencia social. El cálculo realizado por este diario da cuenta que Chiapas tiene 65.5% de su población en situación de pobreza, Oaxaca 59.7% de su población, Guerrero 59.3%, Veracruz 50.7% y Puebla 50.1 por ciento. Esos cinco estados suman 15 millones 180 mil 607 personas en condición de pobreza, equivalente a 34% del total de la población pobre que hubo en el país en 2015, que fue de 44.5 millones de personas. En términos absolutos, el Estado de México, con 6.9 millones de personas; Veracruz, con 4.1 millones; Chiapas, con 3.4 millones; Puebla, con 3.1 millones, y Oaxaca, con 2.4 millones son las entidades con mayor número de pobres en México.

HIDALGO

MILENIO HIDALGO. Ratifica Tribunal triunfo de Fayad.

CRONICA HIDALGO. Subraya Olvera labor estatal vs la violencia: Hidalgo es hoy un referente a escala nacional en el tratamiento de temas como violencia de género, por ello será la sede a partir de este martes de la Convención Regional de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el capítulo de género, informó el gobernador Francisco Olvera. En entrevista, luego de una gira por los municipios de Yahualica y Lolotla, refirió que esta convención estará enfocada al capítulo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Enfatizó que al ser Hidalgo un referente nacional en estos temas fue escogido como sede del evento, el cual comenzará hoy y donde se llevarán a cabo diferentes conferencias y actividades enfocadas a promover la equidad de género y eliminar la violencia contra las mujeres. «Es una cuestión que promueve la embajadora Carmen Moreno, quien en su momento trajo al estado la convención ‘Belém Do Pará’.

CRITERIO. Ocultan en 15 alcaldías patrimonio de alcaldes: Después de un año, 15 ayuntamientos siguen sin responder sobre la situación patrimonial de sus presidentes municipales, y sin dar a conocer la nómina completa de sus trabajadores, y a cuánto asciende el costo mensual, lo cual, al ser referente al gasto público, es obligación que den a conocer sus salarios, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-ca Gubernamental del Estado de Hidalgo. Dicha ley establece como plazo máximo 20 días hábiles para que se dé respuesta a una solicitud de información; no obstante, en estos casos, han dispuesto de 396 días -lo cual es una violación a la norma-, pero sin entregar los informes requeridos. Lo anterior, no obstante, no los ha hecho acreedores a sanciones por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo (IAIPGEH), presidido por el notario con licencia Martín Islas Fuentes. Xochiatipan, Mineral del Monte, Pisaflores, Tepetitlán y Tecozautla son parte de este grupo de ayuntamientos que, contraviniendo a la ley, han sido omisos con la información pública, solicitada por Criterio el 24 de junio de 2015. A ellos, que ocultan nóminas y egresos, se suman Tlaxcoapan, San Felipe Orizatlán, Mix-quiahuala, Nicolás Flores, Tlanalapa, Tlahuelilpan, Tlanchinol, Zapotlán, Tenango de Doria y Tolcayuca.

INDEPENDIENTE: Llevan tres meses en caballerizas: Ayer en El Gavilán fue realizado peritaje a las viviendas incendiadas para el avalúo de daños, tras el enfrentamiento entre comuneros el 19 de abril. Desde temprano, personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) y líderes del movimiento arribaron a la zona del conflicto donde efectuaron la inspección. Ante la posibilidad de que pobladores de Doxey, quienes pelean las tierras a habitantes de Tlahuelilpan, arribaran también al lugar, fue puesto en marcha un operativo de seguridad que encabezó la Policía estatal. Los desplazados de El Gavilán, que desde abril ocupan caballerizas de la plaza de toros de Tlahuelilpan, pidieron a la dependencia y al gobierno de Hidalgo agilizar las diligencias. El 19 de abril las y los vecinos de Tlahuelilpan sostuvieron enfrentamiento con comuneros de Doxey y utilizaron armas de fuego; el saldo fue de cuatro heridos de bala y más de 20 viviendas incendiadas. Ante la falta de respuesta al proceso legal, a inicios de mes las y los pobladores de El Gavilán ingresaron un documento dirigido al gobernador Francisco Olvera Ruiz y al secretario de Gobierno Salvador Elguero Molina.

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