17 de Junio de 2016

Advierten graves riesgos en nuevo sistema de justicia La aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no está exenta de riesgos si persisten las carencias del actual modelo, puesto que ante los altos estándares que se requieren en la actuación de policías, peritos, investigadores, ministerios públicos, jueces y defensores una falla en esta cadena se traducirá en impunidad, en la liberación de presuntos delincuentes, reconocen integrantes del Poder Judicial de la Federación, quienes también señalan sus beneficios. José Ramón Cossío Diaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Daniel Francisco Cabeza de Vaca, asesor del Tribunal Electoral y ex consejero de la Judicatura Federal, y Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal (CJF), en entrevista realizan un diagnóstico de los escenarios ante esta transformación de la justicia. Cada uno con su visión y experiencia deja en claro que el cambio no será fácil, puesto que aún no están dadas todas las condiciones para que el modelo opere sin errores y la sociedad incluso ignora los cambios cruciales que se darán a partir del próximo sábado. El ministro del alto tribunal, Cossío Díaz, afirma que “no hemos hecho lo necesario para que el sistema funcione correctamente. Creo que muchas personas están suponiendo que porque tenemos salas de juicios orales, que porque tengamos, digamos, la escenografía, los juicios van a funcionar, pero esto no es una obra de teatro. “Si el sistema funciona bien, que ésta es una condición, puede ser altamente benéfico, puesto que es más transparente, más ágil. Es un sistema donde los derechos de todos pueden quedar mejor protegidos: los de las víctimas, procesados y los de la sociedad. En ese sentido si todo funciona idealmente yo creo que sería una gran solución”. Cossío Díaz advierte, sin embargo, que “aquí hay disputas muy serias, una sociedad muy agraviada, una impunidad muy alta, una incompetencia de muchas de las personas que tienen que participar en estos procesos, policías mal entrenados, carencias de servicios periciales, ausencia de entrenamiento de los defensores, y eso puede redundar en un pésimo sistema de justicia si es que no se han hecho las acciones correspondientes”.

¡Basta de corrupción! Por primera vez, los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) tomaron las escalinatas del Ángel de la Independencia para pronunciarse contra la impunidad de los políticos. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, arropado por unos 300 delegados de la cúpula empresarial, se manifestó en contra de lo aprobado por los senadores en la Ley 3de3. «No más corruptos impunes en nuestro País. Hoy México es muy diferente al de hace décadas. Nuestro País es más democrático. La sociedad cada vez juega un papel más activo», subrayó. Dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción es un logro de la sociedad mexicana porque fue respaldado por 634 mil 143 ciudadanos. El líder empresarial reconoció a los senadores que sí asistieron a votar y lo hicieron respetando el espíritu original de las iniciativas. El proceso sigue herido, dijo, porque algunos legisladores quieren obligar a los particulares a realizar sus declaraciones. «Pretenden pedir a los trabajadores y a empresas de este País que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados. «Luego de un largo año de no resolver la legislación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y de violar el plazo constitucional, de último momento pretenden modificar el espíritu ciudadano de esta iniciativa», acusó De Hoyos. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades, cualquier persona, tanto física como moral, que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos deberá presentar declaraciones. Gustavo de Hoyos exhortó a los diputados a que ahora corrijan los errores de los senadores. Por separado, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), coincidió en que ahora les toca a los diputados enmendar la plana a los senadores. «Una empresa que tiene 30 mil empleos, que vende y distribuye aguas, tendría que hacer declaración patrimonial cada uno de los socios de la empresa, cada uno de los 30 mil empleados que labora ahí, cada uno de los proveedores y empleados de proveedores de la gran empresa», consideró Castañón en entrevista. «Nos parece que eso es inoperante. Llenaría de papelería la Secretaría de la Función Pública».

Y ahora la IP toma el Ángel En un hecho sin precedentes, empresarios de todo el país, pertenecientes a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), realizaron una protesta en el Ángel de la Independencia contra los cambios hechos por los senadores al Sistema Nacional Anticorrupción; argumentaron que lejos de contribuir a la transparencia, la iniciativa generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y atacar la corrupción. “Algunos senadores pretenden ahora pedir a los trabajadores y a las empresas de este país que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados”, señalaron. Además, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que algunos de los cambios avalados por los legisladores resultan excesivos y otros son inaplicables en la práctica. Ahí, en el Ángel de la Ciudad de México, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, acompañado por al menos 200 empresarios del organismo, así como líderes de centros empresariales, indicó que los cambios son “ocurrencias” y contravienen el espíritu de la iniciativa original, misma que fue respaldada por 634 mil firmas de ciudadanos. Las adecuaciones realizadas en el Senado son algunas adiciones en los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las cuales se establece que cualquier particular (persona física o moral) deberá presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, siempre que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con “entes públicos” federales o locales. También se adicionó la obligación de presentar la 3de3 a las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales que se encuentren obligadas a presentar sus respectivas declaraciones.

Huyen 250 familias en Sinaloa tras ataque de 150 sicarios Alrededor de 250 familias huyeron de las comunidades La Tuna, Arroyo Seco y La Palma, en el municipio sinaloense de Badiraguato, luego de los ataques perpetrados por unos 150 hombres fuertemente armados, que cobraron la vida de al menos tres personas, según informes de autoridades locales. Una de las incursiones fue contra la vivienda de Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán. Los pistoleros cortaron líneas telefónicas y de Internet y se llevaron del inmueble dos motocicletas y dos vehículos todo terreno conocidos como razers. Los desplazados por la violencia se refugiaron en poblados cercanos a la cabecera municipal de Badiraguato y también en Culiacán, capital del estado. De acuerdo con versiones de los lugareños, fueron los propios agresores quienes ordenaron a los vecinos que huyeran porque iba a haber ‘‘más ataques’’. Las agresiones se iniciaron desde las 10 de la mañana del pasado sábado y hasta este jueves arribaron elementos del Ejército Mexicano para instalar un punto de revisión en la zona serrana. Según fuentes consultadas por el semanario Ríodoce, los pistoleros son integrantes de la organización criminal de los Beltrán Leyva e ingresaron a esta región a través de la frontera con Chihuahua. Informes extraoficiales reportaron que Consuelo Loera, madre de El Chapo Guzmán, fue trasladada la mañana del domingo en helicóptero a Culiacán, y ahora permanece en la Ciudad de México. La mujer se encuentra ‘‘tranquila y bien de salud’’, se informó.

Pleito entre partidos y el empresariado por 3 de 3 Con 228 votos en contra y 209 a favor, diputados desecharon la propuesta para modificar el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, referente al contenido de la denominada ley 3 de 3, que obligaría a los servidores públicos presentar declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. El PRI y el PVEM se opusieron a cambiar la referida ley con objeto de obligar a la máxima transparencia en las declaraciones de los servidores públicos. Con esto el artículo 29 de la ley mencionada se mantiene tal como lo aprobó el Senado la madrugada del miércoles, en el cual se señala que las declaraciones serán públicas “excepto los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. Asimismo, se mantiene que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, sea el organismo al que le corresponderá “emitir los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”. Los diputados descartaron así la petición original de organizaciones civiles para que las declaraciones públicas de los funcionarios tengan la máxima publicidad bajo los formatos propuestos en la plataforma donde 700 funcionarios ya han cumplido de manera voluntaria con tal exigencia.

Rompe la PF bloqueos de la CNTE en Oaxaca Como lo había advertido el responsable de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, cientos de elementos de la Policía Federal, apoyados con fuerzas estatales antimotines, rompieron la madrugada de ayer los bloqueos carreteros que miembros de la sección 22 de la CNTE habían establecido en la ruta 190 Oaxaca-Istmo; les respondieron con bombas molotov y piedras. No hubo lesionados de consideración ni tampoco detenidos. Conviene señalar que el acuerdo elaborado por las fuerzas de seguridad federal y estatal, al menos 20 organizaciones adscritas a MORENA participan activamente en estas movilizaciones, principalmente en las regiones Mixteca, Costa e Istmo. Sus actos, incluso, ya provocaron una espiral inflacionaria local y un cierto desabasto a la población, particularmente en frutas y verduras. A la par, en el tramo Villahermosa-Frontera, en Tabasco, las autoridades también lograron liberar esta carretera, luego de que los inconformes que la tenían cerrada desde hace una semana aceptaron el diálogo para dirimir sus dudas sobre la reforma educativa. En el caso oaxaqueño, a pesar de la señalada ruptura del bloqueo carretero, los disidentes volvieron a instaurarlo horas después; toda la entidad se encuentra incomunicada con el resto del país, pues los maestros han establecido al menos 25 cercos en Oaxaca, apoyados por militantes de diversos partidos políticos; de ahí que más de 4 mil uniformados de la PF llegaron en las últimas horas a Salina Cruz y la capital del Estado, para reabrir los accesos viales.

La Iglesia: violación, excusa simple de mujeres para abortar Con la premisa de que el aborto es “un mal mayor” al de la violación, la Arquidiócesis Primada de México reprobó la norma oficial de la Secretaría de Salud que permite practicar abortos en todo el país en casos de abuso sexual, con la sola manifestación de la víctima, es decir, sin requerir una orden judicial o que los congresos locales lo aprueben. “Un mal terrible es la violación de una persona, pero un mal mayor es asesinar al inocente que lleva en su vientre que nada tiene que ver”, manifestó a La Razón, el vocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdemar. Dijo que “no se puede remediar un mal haciendo un mal mayor […], y es irresponsable que las mujeres utilicen una excusa tan simple como es la violación”. Además, acusó a las autoridades por “tomar muy a la ligera” consolidar dicha norma. “Nos sorprende mucho esta norma que se establece en la Secretaría de Salud porque se banaliza una cosa que es tan seria; es decir una chica que por algún descuido o circunstancia especial puede llegar a decir: pues me violaron; basta que lo diga para que se permita un aborto”, reprochó. A la pregunta de si no minimizó a las víctimas de violación por calificar este delito como “simple”, Valdemar defendió su argumento así: “no se puede asesinar a un ser inocente a causa de algo que no hizo y que no tiene culpa, ya que en esos casos muy dramáticos, por supuesto, está la opción de darlo en adopción”. En relación a las medidas para rechazar esta norma por parte de la Iglesia católica, contestó que habrá movilizaciones de grupos católicos a favor de la vida bajo una línea de acudir a las diversas instancias para hacer sentir su preocupación y su oposición a lo que llamó: “normas que se toman muy a la ligera”.

Declara la IP una guerra a la ‘3de3’ La cúpula empresarial del país rechazó el contenido de la ley ‘3de3’, que anoche fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados con cerrada votación. Los integrantes de la IP consideran que es excesiva y que no previene ni sanciona la corrupción. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que generará opacidad. La ley contempla que particulares y empresas que reciban recursos públicos presenten declaraciones. Empresarios de la Coparmex salieron ayer a las calles a protestar. Humberto Lozano, de la Canaco, lamentó que algo ideado para clarificar al sector público se extendiera a la IP. La inconformidad de las cúpulas empresariales, líderes de organizaciones ciudadanas y académicos en contra de senadores que avalaron la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como 3de3, se debió a la incorporación de particulares como sujetos obligados para la presentación de sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, cuando reciban o ejerzan recursos públicos. El nivel de molestia de la iniciativa privada llegó a tal punto que, en un hecho inédito, un grupo de integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) protestaron en contra de esa reforma en las escalinatas del Ángel de la Independencia. En la glorieta del Paseo de la Reforma, los empresarios emplazaron a los diputados federales a “corregir” los “errores” de los senadores respecto de su “ocurrencia” de que cada persona física y moral que tenga algún contrato con alguna entidad gubernamental, acate la Ley #3de3 de forma extendida hacia empleados y proveedores. “Con esto pretenden endosar a la sociedad responsabilidades que corresponden a quienes manejan los recursos públicos”, coincidieron los líderes de cada cúpula empresarial.

Diputados ignoran a los empresarios La Cámara de Diputados aprobó anoche las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, pese al enojo de los empresarios, quienes por la tarde salieron a la calle para protestar por su inclusión en disposiciones de rendición de cuentas a las que también estarán sujetos legisladores y candidatos. Ayer, en un hecho inusual, más de 200 miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se apostaron en las escalinatas del Ángel de la Independencia para exigir un Sistema Nacional Anticorrupción con “suficientes” dientes, capaz de castigar y erradicar esas prácticas. “No más corruptos impunes. No queremos cacería de brujas ni persecuciones paralizantes. Los empresarios tampoco pretendemos regímenes de excepción, ni ignoramos que la corrupción es un mal que afecta a todos”, expuso el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. Desde Washington, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, criticó la redacción del Senado en la Ley 3de3 por convertirla en inoperante al obligar a las personas físicas y morales que tengan contratos con entidades públicas a presentar las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses. Sin embargo, los diputados federales ignoraron la protesta empresarial y sus cabildeos y aprobaron los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, tal y como se las envió el Senado. El dictamen fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.