12 de Junio de 2016

Clero católica festeja voto de csatigo a PRI La Arquidiócesis Primada de México aplaude el “merecido voto de castigo” para el presidente Enrique Peña Nieto y su partido, que provocó que el PRI perdiera siete de 12 gubernaturas en las elecciones del 5 de junio pasado; asegura que este “descalabro electoral” fue resultado de la reacción de la sociedad ante la iniciativa que presentó el mandatario de legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo y de que estas parejas adopten. Este nuevo mensaje se suma a la ofensiva que emprendió la Iglesia católica y otra decena de instituciones religiosas contra la propuesta que presentó el 17 de mayo pasado el Ejecutivo federal, y que incluyó una estrategia con los feligreses para incidir en su voto en los comicios pasados, como documentó El Universal en Aguascalientes. En la editorial del semanario Desde la fe, que es el órgano informativo de la Arquidiócesis que se distribuye cada domingo en todas las parroquias de la Ciudad de México, destaca que “es de aplaudir la actitud madura de muchos mexicanos que salieron a votar”. La publicación apunta que “no hay duda de que la sociedad, inconforme con esta imposición destructiva e inmoral, ha reaccionado y ha emitido un voto de castigo al Presidente y a su partido político, el mismo que, cabe recordar, propuso en la Ciudad de México la ley criminal del aborto y que en varios estados, aún contra el sentir de la sociedad, ha aprobado los mal llamados matrimonios entre personas del mismo sexo”. El editorial que se difunde hoy entre la feligresía y que se titula: Merecido voto de castigo, deja en claro que “el Presidente y su partido deben respetar a la sociedad, que exige que se retire la propuesta de otorgar falsos derechos a las personas con preferencias homosexuales, a quienes, no obstante, se les puede dar una alternativa jurídica que no sea el matrimonio para salvaguardar sus verdaderos derechos”.

Apuestan presos a reducir condena Miles de delincuentes sentenciados en la Ciudad de México no descartan reducir sus condenas. Nueve Magistrados federales decidirán el próximo martes si una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia puede aplicarse para beneficiar a reos ya sentenciados en todas las instancias. En la jurisprudencia, emitida en marzo de 2014, se declaró inconstitucional el uso de los estudios de personalidad a la hora de individualizar las penas, es decir, cuando el juez decide los años de cárcel para el acusado culpable. Ese año, la Primera Sala de la Corte sostuvo que el nuevo modelo de reinserción social previsto en la Constitución ya no permite hablar de «delincuentes» ni de «desadaptados», por lo que no deben tomarse en cuenta estudios de personalidad ni antecedentes penales. «Ninguna persona puede ser castigada por quién es, sino solo por las conductas delictivas que comprobadamente comete, por lo que la personalidad se vuelve un criterio irrelevante, pues los dictámenes que la analizan, o pretenden analizarla, sólo sirven para estigmatizar a la persona», sostuvo la Corte. A partir de entonces, decenas de presos han promovido «incidentes» ante los jueces que los condenaron. Alegan que tienen derecho a una reducción de la pena, pues fueron tomados en cuenta en sus sentencias estudios de personalidad. Al cierre de 2015, había 28 mil 872 reos en cárceles de la Ciudad de México condenados por delitos del fuero común, pero esa cifra incluye a los que tienen pendientes apelaciones o amparos, casos en los que está claro que sí pueden aprovechar la jurisprudencia de la Corte.

Caen líderes de la CNTE y quitqn bloqueos al Ieepo Policías federales detuvieron a Rubén Núñez y Francisco Villalobos Ricárdez, líder y secretario de Organización de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El primero fue capturado en un operativo realizado en Ecatepec, Estado de México. En tanto que por la noche, fuerzas federales y estatales de seguridad recuperaron la sede del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) que la CNTE mantenía bajo su control desde hace dos semanas. Previo al enfrentamiento, radicales de las organizaciones aliadas trataron de prender fuego a la sede del Ieepo en represalia por la detención del secretario de Organización. Los policías antimotines se abrieron paso lanzando gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que trataron de prender fuego a varios vehículos que mantenían retenidos y que ocuparon como barricada para guarecerse, pero elementos del cuerpo de bomberos lograron sofocar los siniestros, sin que el conflicto pasara a mayores. La detención Villalobos Ricárdez fue detenido cerca de un puente federal cuando salía de una reunión con delegados regionales en el municipio de Salina Cruz, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec. Luego de ser sometido fue subido a una vehículo custodiado por federales que lo trasladaron al aeropuerto militar de ciudad Ixtepec, donde abordó un avión de la Policía Federal que lo trajo a la Ciudad de México. El secretario de Organización de la CNTE pertenecía a una de las alas radicales de la disidencia y encabezaba uno de los grupos internos de mayor presión, conocido como Los pozoleros. Luego de su detención, maestros de la sección 22 convocaron a realizar protestas en la ciudad de Oaxaca para exigir su liberación inmediata. El ex líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa, consideró como temeraria la apuesta del gobierno federal de «descabezar» a la sección 22 de Oaxaca, advirtiendo que lejos de debilitarse el movimiento puede radicalizarse y ganar más fuerza social. En los últimos 10 meses las fuerzas federales han logrado la detención de siete docentes y líderes de la sección 22 de la CNTE. La Comisión Política de la sección 22 de la CNTE dio a conocer que pese a las detenciones el movimiento seguirá vigente y no cesarán las manifestaciones callejeras hasta lograr la respuesta a sus planteamientos. Lilia Ortiz, representante de la gremial, afirmó que el movimiento es de bases no de líderes, y activó la fase de alerta ante la ola represiva desplegada por la Federación para «descabezar» su movimiento.

Crece el conflicto docente; desalojo violento en Oaxaca El conflicto magisterial se intensificó anoche y llegó a su nivel más alto a partir de las 23 horas, cuando unos mil policías comenzaron a desalojar a los maestros que desde el 6 de junio bloquean el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo), quienes de esa forma demandan la instalación de una mesa de negociación con el gobierno federal para discutir la reforma educativa. Los agentes atacan desde tres frentes: dos por los costados, sobre la carretera federal 190, y uno por la calle Calicanto. Una hora después del primer ataque unos 500 profesores resistían con piedras y palos a los gases lacrimógenos que les lanzaban los uniformados. A las 12 de la noche comenzaron a llegar refuerzos de la población civil, pero entonces los maestros decidieron replegarse hacia el zócalo de la ciudad, ubicado a unos 3 kilómetros del Ieepo. Al llegar al tramo conocido como El Columpio, los profesores armaron una barricada con materiales de construcción y una máquina expendedora de refrescos. Los policías, que los seguían a unos 500 metros de distancia, los atacaron de nuevo con gases lacrimógenos y pedradas, obligando a los maestros a replegarse. Más adelante éstos retuvieron un camión de la línea Autobuses de Oriente (ADO) al cual prendieron fuego, que más tarde fue apagado por bomberos.

Arrancan mañana sesiones del periodo extraordinario El secretario de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el perredista Omar Ortega Álvarez, informó que el periodo extraordinario de sesiones en San Lázaro, previsto para iniciar este lunes, arrancará con el caso del juicio de procedencia, o llamado desafuero, contra la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, mejor conocida como La Chapodiputada. La agenda de la Cámara de Diputados, a desahogarse durante este periodo extraordinario de sesiones, contempla como primer punto a discutir el dictamen de la sección instructora, relativo a retirar el fuero constitucional a la legisladora panista Sánchez López, a quien se le responsabiliza de uso de documentos oficiales para ingresar al penal de alta seguridad de El Altiplano (en septiembre del año 2014), para reunirse con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Ortega Álvarez explicó que la Sección Instructora fundamentará ante el Pleno el dictamen relativo al procedimiento de declaración de procedencia y luego intervendrá la diputada local o su defensa. Después hará uso de la palabra la representación de la Procuraduría General de la República (PGR), para que posteriormente ambas partes tengan derecho de réplica. Finalmente, el Pleno camaral tomará una decisión. El legislador señaló que en caso de que el Pleno vote a favor del desafuero, la resolución se enviará al Congreso de Sinaloa, donde también habrá discusión y cabildeo. Sin embargo, este paso podría ser de trámite, ya que –advirtió- la decisión de la Cámara de Diputados federal deberá ser acatada.

En la PGR denuncias contra 2 gobernadores No es común que en México un gobernador o un exgobernador sean sancionados o llevados a juicio por el incumplimiento de sus promesas o por desviar metas para satisfacción de sus intereses personales o de grupo. En los últimos 10 años, algunos controvertidos ejecutivos locales y exmandatarios han sido sujetos a investigación por delitos como peculado y malversación de fondos públicos, y otros por presuntos nexos con la delincuencia organizada y/o por enriquecimiento ilícito. De acuerdo con expertos académicos del sector judicial en nuestro país, consultados por El Sol de México, estos son diez de los casos más relevantes de estos personajes públicos. Lacónicos, los expertos acotan que si bien algunos sí han estado tras las rejas, si en México se aplicara un verdadero Estado de Derecho “muchos de estas personas, sin duda, estarían en la cárcel”. Uno de los más recientes episodios es el del aún mandatario de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien en días pasados salió a defender a su administración de los señalamientos que le hace el ahora gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, de quebrantar las finanzas del Estado, por lo que presentó tres denuncias ante la Procuraduría General de la República. La indagación está en curso, revelan las fuentes, e implican –junto con averiguaciones y quejas de la Auditoría Superior de la Federación- a más de 38 mil millones de pesos. Sobre el veracruzano pesa la querella registrada en el expediente AP/PGR/XAL-IV/012/2016/P.P, interpuesta ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación. Algo similar ocurre con César Duarte Jáquez, aún jefe del Ejecutivo de Chihuahua, a quien el candidato triunfante electo, el panista Javier Corral Jurado, lo acusó formalmente de enriquecimiento ilícito y pretende someterlo a juicio e iniciar la recuperación de los bienes que habría adquirido, dice, con dinero público. En casi seis años, sostiene Corral, el gobernante priísta aumentó 233 por ciento la deuda de Chihuahua, por motivos que “aún no quedan claros para legisladores y ciudadanos”; pasó de 12 mil 547 millones de pesos a 41 mil 926 millones, hasta marzo de 2015.

Quiere EU 21 mil mdd de El Chapo El gobierno de Estados Unidos va tras una fortuna de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, estimada en 21 mil 600 millones de dólares, producto de la venta al mayoreo de drogas ilegales introducidas a ese país y dinero en efectivo contrabandeado a México durante más de dos décadas, de 1990 a 2014. Al menos en dos cortes, la del Distrito Este de Nueva York y la del Distrito Norte de Illinois, se sustentan acusaciones contra los líderes del cártel del Pacífico y sus socios por la venta internacional de droga y por traficar dinero en efectivo de manera ilegal a México. En el primer caso, la fiscal Loretta E. Lynch solicita el decomiso de por lo menos 14 mil millones de dólares en efectivo producto del tráfico ilegal de más de 465 mil 221 kilos de cocaína que la organización de El Chapo Guzmán introdujo a Estados Unidos de septiembre de 1999 a febrero de 2014. El expediente está fechado el 25 de septiembre de 2014 en el Distrito Este de Nueva York. El documento 5 del caso 1:09-cr-00466-SLT de esta Corte —el cual también firma Arthur Wyatt, jefe de la Sección de Narcóticos de la División Criminal del Departamento de Justicia de EU— es una compilación a detalle de los cargamentos de droga introducidos a Estados Unidos que incluyen fecha y cantidad de cocaína. En el punto 78 de este expediente, la Corte notifica a los jefes del cártel del Pacífico que, de acuerdo con la acusación número 21, el gobierno de Estados Unidos buscará confiscar dicha cantidad por medio de diligencias y, en caso de que el dinero no se pudiera recuperar de esa manera, entonces las autoridades procederán a decomisar cualquier otro bien, incluidas todas las propiedades detectables relacionadas con este delito, por un monto equiparable.

MILENIO HIDALGO. Raúl Camacho quiere orden en Pachuquilla.

CRONICA HIDALGO. Hidalgo, sólido y estable en finanzas: De la Rocha: A pesar que indicadores internacionales califican a la entidad como uno de los estados con menor Deuda Pública a nivel nacional, la administración estatal dejará una de 5 mil 611.2 millones de pesos, reveló el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Aunard de la Rocha Waite. Indicó que si bien este el total de la deuda de Hidalgo, se le deben restar mil 400 millones de pesos, del polígono de la refinería, pues esta deuda ya la absorbió Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Secretaría de Hacienda se contempla toda la deuda de la entidad; pero al ya haber firmado el convenio con Pemex, es la paraestatal la que paga ese capítulo, es decir, ellos pagan las mensualidades. Insistió que la deuda de Hidalgo es manejable, por lo cual se entregarán finanzas sanas a la nueva administración. Señaló que Hidalgo solo tiene deuda con Banobras, que adquirió cuando azotó el huracán Arlene, el cual dejó graves daño en varias partes del estado, pues se requería de una contraparte estatal para poder acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden). Además también solicitaron un crédito para la compra de un polígono de terrenos en el municipio de Apan, el cual servirá para hacer un parque industrial. Este parque dijo, ya será responsabilidad de la nueva administración, quien tendrá un polígono que ahora cuesta más de mil millones de pesos y tiene la finalidad de fomentar el desarrollo económico de esa región, a través de la promoción de la inversión. Recalcó que Hidalgo es de las entidades con menor deuda pública, por lo cual reiteró de la Rocha, se dejaran finanzas sanas.

CRITERIO. Balance. Castigo en las urnas: Seis gobernadores priistas recibieron un voto de castigo tras polémicas administraciones: Carlos Lozano, en Aguascalientes; César Duarte, en Chihuahua; Jorge Herrera Caldera, en Durango; Roberto Borge, en Quintana Roo; Egidio Torre Cantú, en Tamaulipas y Javier Duarte, en Veracruz. Pero otros dos gobernadores, emanados de una alianza que en 2010 ofreció alternancia y cambio, también fueron reprobados: Gabino Cué, en Oaxaca, y Mario López Valdés, Malova, en Sinaloa. Ambos ex priistas. En cuatro entidades hubo un refrendo al partido gobernante. Hidalgo, Tlaxcala y Zacatecas, en el caso del PRI. Y Puebla, en el caso del PAN. Pero en los cuatro, el partido ganador obtuvo menos votos que en la anterior elección de gobernador. En Hidalgo, el PRI había ganado la gubernatura en 2010 con 50.2 por ciento, y ahora obtuvo 38.6 por ciento; en Tlaxcala, cayó de 46.4 al 33.4 por ciento, y en Zacatecas, del 43.1 al 32.8 por ciento. En Puebla, el PAN conservó la gubernatura, pero cayó del 50.4 al 45.3 por ciento de la votación. Antonio Gali obtuvo 805 mil votos, 300 mil menos de los que llevaron a Moreno Valle al poder hace seis años.

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