22 de Mayo de 2016

Aumentan decomisos de cocaína en el AICM Casi medio centenar de cajas con dirección a territorio sinaloense le parecieron sospechosas a la Policía Nacional de Colombia (PNC). Se trataba de supuestos cartuchos para impresoras y tóner de fotocopiadoras, según las calcomanías. Al parecer un producto inofensivo que saldría del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, en septiembre del año pasado. Pero bastó una olfateada perruna para echar todo abajo. Mona es una perra color miel asignada a la detección de narcóticos. Con su chaleco amarillo fluorescente dirigió la mirada hacia uno de los agentes para darle luz verde. De inmediato abrieron las cajas para extraer las bolsas de plástico con un polvo negro. Las pruebas químicas arrojaron resultados positivos: eran mil kilogramos de “droga negra”. Una hora antes, un cargamento de peso similar navegaba por los aires hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Fue por aviso de la PNC que las autoridades mexicanas lograron interceptar el producto valuado en 19.2 millones de dólares, con una capacidad de generar casi 3 millones de dosis. En ningún país se capturó a los responsables, pero el boletín colombiano señalaba que “sería recibido por integrantes del Cártel de Sinaloa, y al parecer fue enviado por una red narcotraficante que tiene arraigo en la costa atlántica de Colombia”. Los comunicados de la PNC consultados por este diario —del periodo 2008-2016— corroboran al aeropuerto El Dorado como el principal punto de origen de la droga. El dato cobra relevancia, puesto que en el último año se disparó el decomiso de cocaína en el AICM. Si en los ocho años anteriores el promedio de incautaciones era de 342 kilogramos de polvo blanco al año, de enero de 2015 a febrero de 2016 la Policía Federal (PF) aseguró mil 79 kilogramos de esa droga, de acuerdo con información obtenida vía la Ley de Transparencia. Tres veces más que el promedio anual de los años previos.

Cuesta 734 mdp Congreso sin fin El Congreso local ha derrochado más de 734 millones de pesos en la construcción de su nueva sede legislativa, en la que no ha podido sesionar pese al millonario desembolso, ya que está inconclusa. Aunque el nuevo recinto ha sido inaugurado dos veces, los diputados de la 63 Legislatura estatal no han podido mudarse, pues varias áreas, entre ellas la administrativa, las oficinas de grupos parlamentarios, la biblioteca, el archivo y el comedor, continúan en proceso de edificación. Ni siquiera se han instalado el sistema de voto electrónico ni la pizarra electrónica en el salón de plenos. La obra, a cargo de las empresas Edificaciones Modernas Nacionales, Constructora Domilop, Constructora Rayse y Movimientos Industriales de la Construcción, inició en 2008 y debió ser terminada en 2010. El retraso ocasionó que el costo del inmueble se disparara en más de 464 por ciento, al pasar de los 130 millones de pesos proyectados a 734 millones. Ante tal dilación, el Congreso local hoy sesiona en un recinto ubicado en el Centro Histórico de Guanajuato. En la construcción del edificio, que inició durante la 60 Legislatura local a propuesta del grupo parlamentario del PAN, entonces encabezado por el ex legislador Gerardo de los Cobos Silva, se han detectado irregularidades en el manejo de más de 200 millones de pesos. En dichas anomalías habrían incurrido diputados de la 61 y 62 legislaturas. Según informes que analiza la Contraloría Interna del Congreso de Guanajuato, las irregularidades consisten en contratos asignados a empresas que falsearon su domicilio o presentaron un servicio ajeno a su ramo y se retrasaron. En esas gestiones, que abarcaron de 2009 a 2015, cuya Junta de Gobierno y Coordinación Política estuvo presidida por el ex diputado PAN y ex dirigente estatal de ese partido Gerardo Trujillo y por el actual Edil de Purísima del Rincón, Juventino López Ayala, se adjudicaron contratos de manera directa a empresas para adquisición y suministro de instalación y mobiliario aun cuando debieron licitarse.

Convenció PF a CNTE de regresar a estados La madrugada de este sábado, elementos de la policía federal repitieron el operativo y, por segundo día consecutivo, desalojaron de manera pacífica a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la plaza de Santo Domingo, en el centro de la Ciudad de México. Luego del desalojo de los inconformes, la Secretaría de Gobernación expresó que privilegia el diálogo antes que el uso de la fuerza para no afectar a terceras personas al garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas. En un comunicado, se informó que el retiro del campamento de la CNTE de la plaza Santo Domingo —en las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública— se dio después de un diálogo que se prolongó durante varias horas, luego de que —como había ocurrido la víspera— elementos de la Policía Federal llamaron a los profesores a retirarse del plantón. Con ayuda de un altavoz, uno de los oficiales los invitó a dejar sus casas de campaña, de lo contrario procederían a realizar un operativo conjunto con granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina: «Los invitamos, de la manera más pacífica, a abandonar su plantón, de lo contrario nos veremos obligados a utilizar la fuerza. Permítanos canalizarlos y darles la oportunidad para que se retiren pacíficamente». La madrugada del viernes la Policía federal también los invitó a desalojar el plantón que tenían en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación para trasladarlo a Santo Domingo, frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. El mismo oficial de la Federal les informó que el gobierno les brindaba 24 camiones para llevarlos a sus estados para de esta manera dejar de invadir espacios públicos. «Los invitamos a que abandonen este campamento, recojan sus cosas, la Secretaría de Gobernación ha destinado autobuses para que los lleven a sus lugares de destino y al lugar de origen de cada uno de ustedes, pueden disponer de las cajuelas para guardar sus pertenencias. Dentro de los autobuses hay ración de alimentos para ustedes».

Amenazas y abusos en nuevo desalojo, denuncia la CNTE La madrugada de este sábado más de mil profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron desalojados del plantón instalado en la Plaza de Santo Domingo y trasladados en autobuses –escoltados por la Policía Federal– hasta sus entidades de origen. Dirigentes del magisterio disidente calificaron la acción como un acto represivo e intimidatorio del gobierno federal, que incurrió en una abierta violación a nuestros derechos humanos y constitucionales de libertad de tránsito y expresión, por lo que anunciaron que el próximo lunes interpondrán una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Afirmaron que en complicidad con el gobierno de la Ciudad de México, la administración peñista regresó a una práctica de intolerancia que no habíamos vivido en más de tres décadas. Con intimidación verbal, sicológica y física se obligó a nuestros compañeros a subir a los autobuses que ya tenían preparados para sacarlos de la capital del país, sin tener la seguridad de que efectivamente serían llevados a sus estados, afirmó Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México. Desplegaron, dijo, un operativo policiaco que selló las principales vialidades aledañas a la Plaza de Santo Domingo. Los compañeros que pernoctaban en el plantón fueron encapsulados desde las dos de la mañana y a nadie se le permitió salir de la plaza. Por segunda ocasión en menos de 48 horas, el gobierno federal perpetró dos desalojos, tras recordar que la madrugada de este viernes los docentes también se vieron obligados a levantar el plantón que mantenían en la calle de Bucareli desde el pasado 15 de mayo, ante la amenza de un desalojo violento.

Tiene Fepade abiertas 378 averiguaciones previas A partir de las denuncias que se han presentado en los 14 estados donde en junio próximo habrá elecciones, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) abrió 378 averiguaciones previas, 116 actas circunstanciadas y 344 carpetas de investigación, todas bajo el nuevo sistema penal acusatorio. El titular de la Fiscalía, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), Santiago Nieto, aseguró que se investigan los diferentes recursos interpuestos por candidatos y partidos políticos. El funcionario recordó que la FEPADE desplazó diversos equipos de trabajo a cada una de las entidades para que continúen con las indagatorias en campo de las denuncias que han sido presentadas. En este marco, el funcionario federal informó que recibió una denuncia del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de quien resulte responsable por el uso indebido de la Lista Nominal de Electores en el estado de Sinaloa, después de que identificara una base de datos que pudieran corresponder a esa lista en un sitio de internet, sin ninguna medida de seguridad. Señaló que derivado de que la Fiscalía tuvo conocimiento de la denuncia del INE, Ministerios Públicos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio ordenaron la intervención de elementos de la Policía Cibernética, así como de la Policía Ministerial Federal, a efecto de verificar los datos proporcionados por el denunciante y allegarse la información que los lleve a establecer la posible comisión de un hecho delictivo.

Fraude con remates de bienes recuperados En un marco de impunidad y denuncias de la presunta complicidad de autoridades judiciales, proliferan en el país la estafa y venta fraudulenta por parte de empresas inmobiliarias y despachos jurídicos a cientos de personas, con el supuesto remate de bienes inmuebles -ya sean casas o departamentos- embargados o recuperados por instituciones bancarias. De acuerdo a las quejas registradas en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), e innumerables denuncias levantadas ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), una vasta red de inmobiliarias y despachos jurídicos “fantasmas” se dedican a estafar y defraudar con la venta de bienes inmuebles, que son ofrecidos a precios muy por debajo de su valor real. El Sol de México tuvo acceso a la denuncia FDFK/T2/789/15-11, interpuesta ante la Fiscalía Financiera B, de la PGJCDMX, donde se pone de manifiesto el “modus operandi” de este tipo de delincuencia organizada, que bajo diversas denominaciones o razones sociales “fantasmas”, aparecen y desaparecen de las direcciones domiciliarias proporcionadas para “enganchar” a sus eventuales compradores. La denuncia de hechos interpuesta por Adriana “N”, involucra en este hecho concreto a la inmobiliaria “Grupo Marzuz, SA de CV” o “Innovación Inmobiliaria”, junto con el Despacho Corporación Jurídica de Asesoría y Remates o “Corporación Jurídica S.R.L de C. V.”, encabezados por José Luis Zubiate Nava y Guadalupe Daniela Cureño Nava, respectivamente, buscados por varios compradores engañados.

Arrumban datos de cédula de identidad La Secretaría de Gobernación (Segob) tiene una base de datos de 6.8 millones de niños, cuyo uso futuro es una “incógnita”, aseguró Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Se trata de información del Registro Nacional de Menores de Edad, que inició en el sexenio anterior, en 2011, y fue cancelado en 2015, y es parte del Registro Nacional de Población e Identificación Nacional. El comisionado explicó que las fichas de identidad tienen el nombre de los niños, su domicilio, fotografías, imagen del iris y huellas dactilares. Al insistir que es un asunto “grave” por el tipo de información, Acuña Llamas señaló que el gobierno tiene el reto de que no quede a la intemperie. Sin embargo, Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, dijo que el banco de datos de la cédula de identidad no corre riesgos y su resguardo no genera costos adicionales. Explicó que el proyecto “está en receso”, porque la idea es integrar los datos biométricos a una clave única de identidad, que será concretada con la modernización de los registros civiles y la depuración de la Clave Única de Registro de Población CURP. “Sería un error que (la cédula de identidad) se viera en términos sexenales; llegaremos hasta donde los recursos nos lo permitan”, agregó Roque Villanueva.

MILENIO HIDALGO. Se suman perredistas a campaña de Fayad.

CRITERIO. Debaten por alcaldía de Pachuca: Esperando afuera del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo, brigadistas y simpatizantes de los distintos partidos políticos, escuchaban en sus celulares la transmisión del segundo debate más esperado del proceso electoral de esta entidad federativa. Ese debate, donde se plantearon estrategias, se aventaron “una que otra piedrita”, se cometieron algunos deslices y se puso sobre la mesa una segunda oportunidad para conformar un bloque opositor. Se trató del debate entre los candidatos a la alcaldía de Pachuca, en el que participaron cuatro hombres y tres mujeres, quienes coincidieron en un punto: el Tuzobús y los parquímetros no han sido buenas decisiones de los actuales gobiernos. A través de cinco bloques, cada uno de los candidatos, expuso temas que afectan a los capitalinos como la falta de empleos, trabas a los comerciantes y empresarios, marginación y pobreza en barrios altos, baches, problemas de recolección de basura y de seguridad. La candidata Mirna Hernán-dez Morales, de la coalición Un Hidalgo con Rumbo, fraguada por el PRI-PVEM-Nueva Alianza, propuso en pocas palabras revisar los modelos, sistemas y programas implementados por las actuales autoridades municipales y estales, emanadas de su partido. La panista Yolanda Tellería, de vestido negro a rayas, planteó en pleno debate a Julio Menchaca, Antonio Mota y al candidato ausente del PRD, Juan Carlos Gálvez, la posibilidad de rescatar el bloque opositor, pues de lo contrario “se podría asumir la consecuencia de seguir el juego al sistema y fragmentar el voto dejando el camino libre al PRI y sus aliados”. A Patricia Estrada Gómez, del Partido Encuentro Social, le ganaron los nervios, pues en una de sus intervenciones al hablar del problema de inseguridad en Pachuca hizo referencia a la muerte del comediante Charly Valentino, de quien afirmó “fue asesinado por la inseguridad que se vive; aunque en realidad el actor fue víctima de un paro cardiaco y murió en el municipio Mineral de la Reforma.

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