Multarán por vender gasolina de baja calidad Las gasolineras (de la franquicia Pemex y las nuevas estaciones con marca diferente) y las empresas dedicadas a transportar los combustibles van a ser responsables de mantener la calidad del producto que venden y si no cumplen se les va a sancionar con hasta 21.9 millones de pesos. La medida, según el documento que se encuentra para su análisis público en la Cofemer, forma parte de la Norma Oficial Mexicana (NOM-016) que va a entrar en vigor en los próximos días y que busca garantizar que la gasolina que compran los consumidores sea de calidad y cumpla con las reglas ambientales estipuladas. La norma exige hasta 30 partes por millón de azufre en el caso de gasolinas; 15 partes por millón en el diesel, y 5.8% de oxidantes como el Metil Terbutil Eter o Etanol, en caso de decidir introducir este componente de los combustibles. El ordenamiento involucra hasta ahora: 11 mil 200 estaciones de servicio que aún operan bajo la franquicia Pemex; mil 485 auto-tanques, y 520 carro-tanques que conforman la flota vehicular de la petrolera. Además, a mil 477 privados que han recibido la autorización para el transporte de petrolíferos usando auto-tanques, carro-tanques y semirremolques; 30 empresas —incluida Pemex— autorizadas para transportar petrolíferos en buque-tanques; y cinco empresas ferroviarias. Monitoreo desde el traslado: El ordenamiento establece que “con el objeto de garantizar la calidad de los petrolíferos en las actividades de expendio al público”, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) va a revisar a través de controles de muestreo y medición de las especificaciones lo que se transporta desde los centros de producción hasta lo que se expenda directamente al público. En el caso de los transportistas, sean privados o mediante la flotilla de Pemex, las mediciones de calidad pueden realizarse en el punto donde reciben el producto y deben realizarla en el punto de entrega.

Calientan armados voto en Tamaulipas

Gobierno, Iglesia y Congreso dicen no a narcopactos El gobierno federal, autoridades locales, legisladores de los diversos partidos en el Congreso de la Unión, así como la CNDH y la Iglesia católica rechazaron categóricamente la posibilidad de negociar con la delincuencia organizada, al advertir que ello significaría la rendición del Estado y el reconocimiento de su incapacidad para combatir a los criminales. Descalificaron así al ex presidente Vicente Fox, recomendó “arreglarse” con los cárteles del narcotráfico para que dejen de matarse entre ellos y matar a los jóvenes mexicanos. El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, afirmó que el gobierno federal rechaza tajantemente cualquier tipo de negociación con los cárteles de la droga. “Estamos en total desacuerdo en realizar un pacto; ningún pacto de ninguna índole con cárteles de la droga”, respondió a los dichos de Fox. El funcionario puntualizó: “Por razones éticas, jurídicas y de seguridad no se debe ni se puede negociar con delincuentes, con narcotraficantes que además encabezan grupos de homicidas y secuestradores”. Sales subrayó que el gobierno federal se mantiene firme en el objetivo de capturar a líderes y miembros del crimen organizado con inteligencia, así como en el desmantelamiento de sus redes financieras. Por separado, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Roberto Campa, calificó de ocurrencias las declaraciones de Fox y evitó profundizar al respecto: “No quiero reaccionar a las ocurrencias del ex presidente”.

A la luz, lista de 289 mexicanos en paraísos fiscales Alrededor de tres centenares de mexicanos establecieron relación con paraísos fiscales, desde donde crearon compañías que permiten movilizar recursos a través de jurisdicciones de baja tributación y escaso acceso para autoridades fiscales, revela una base de datos, actualizada el martes, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La información de 289 mexicanos que han creado empresas en paraísos fiscales corresponde no sólo a los llamados Papeles de Panamá, sino también a otra base de datos conocida como Offshore Leaks, revelada por primera vez en 2013, ambas puestas a disposición del público por el ICIJ. El lunes pasado, el ICIJ divulgó información de 320 mil sociedades creadas en paraísos fiscales por el despacho Mossack Fonseca. De ese total, 100 mil registros corresponden a los documentos conocidos como Offshore Leaks. La base de datos muestra que 289 mexicanos establecieron sociedades en paraísos fiscales a través del despacho panameño, que se encargó de constituir las empresas en territorios donde las tasas de tributación son bajas y cuya información no pueden obtener las autoridades nacionales. El número es menor al de Brasil, con 2 mil 56 personas que han creado ese tipo de sociedades, o el de Argentina, con mil 294. Entre los mexicanos que aparecen en la base de datos se cuenta Alejandro González Zabalegui, quien fue director y miembro del consejo de administración de la Controladora Comercial Mexicana, que el año pasado vendió 160 de sus tiendas a Soriana. Tiene una sociedad constituida en las Bahamas. Figura también Pablo José González Guerra, que también formó parte del consejo de Comercial Mexicana. El empresario minero Miguel Ángel Barahona, según la base de datos, recurrió al despacho Mossack Fonseca para constituir una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. También figuran los desarrolladores turísticos Helfon Daniel, que gestionan proyectos en el Mar de Cortés, y que a través del despacho panameño constituyeron al menos una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas. Ricardo Haneine Haua, socio director de AT Kearney, uno de los principales despachos de abogados y contadores del país, está también en el listado, así como el empresario textilero Fernando Rodríguez. Figura también Carlos Rojo, actual director de Interacciones. Aparece Juan Bosco Morales de Velasco, directivo de East and West, dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares.

El Senado de Brasil vota la destitución de Dilma El Senado brasileño inició ayer una maratoniana jornada que concluirá, con toda probabilidad, con la apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Los legisladores entraron en el pleno del Senado a primera hora de la mañana y se enclaustraron en el Congreso de Brasilia para debatir el futuro de la presidenta, que hoy podría entregar su testigo a su vicepresidente y ahora adversario político, Michel Temer. La voluntad de palabra de los senadores arrastró la sesión hasta la noche miércoles y la alargó hasta la madrugada del jueves, cuando los parlamentarios realizarán la votación que, por lo expresado hasta el momento, le abrirá a Rousseff la puerta de salida de su mandato. Que se vaya. Al cierre de esta edición, 32 senadores habían votado a favor de la destitución, frente a 10 que lo hicieron en contra, por lo que los partidarios de su expulsión estarían a solo nueve votos de lograr su objetivo. Son necesarios 41 votos para consumar la apertura de juicio político contra la presidenta, que durará un máximo de seis meses. En caso de que el juicio concluya con su destitución definitiva, o si antes no renuncia, como hizo en 1993 el presidente Fernando Collor de Mello. n los corredores la oposición no dudó en celebrar la decisión del Supremo Tribunal, la máxima corte de Brasil, que rechazó el desesperado recurso presentado la víspera por el Gobierno de Rousseff para intentar detener el proceso que puede suspenderla del cargo durante 180 días y llevar luego a su destitución definitiva. “Golpe de Estado”. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT), por su parte, insistió en la tesis de que hay un “golpe de Estado” contra Rousseff travestido de “impeachment” y recordó que el embate tan sólo finalizará cuando concluya el propio juicio político, a mediados de noviembre. La presidenta ya ha empezado la mudanza y probablemente hoy dejará el palacio presidencial de Planalto, pero entre los suyos hay divergencias sobre si Rousseff debería o no salir por la puerta principal de su fortín, ya que para muchos de sus aliados eso podría ofrecer la instantánea del fin.

822 mil menores son explotados en el campo: INEGI En México existen 5.5 millones de personas de 15 años o más ocupados en actividades agrícolas que apenas ganan 684 pesos a la semana en promedio, aunque 822 mil de ellos no reciben remuneración alguna, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a propósito del Día del Trabajador Agrícola este 15 de mayo. A través de un reporte, el instituto dijo que el trabajador agrícola gana en promedio 18.5 pesos por hora trabajada y a la semana tiene una actividad promedio de 37 horas (los hombres 38 y las mujeres 30 horas), lo que arroja un ingreso semanal en alrededor de 684 pesos. Sin embargo, precisó que los empleadores son los que perciben más por hora trabajada (36.1 pesos, es decir, mil 335 pesos a la semana); por el contrario, los que trabajan por su cuenta son los que tienen el ingreso promedio más bajo con 11 pesos (407 pesos semanales). El INEGI agregó que de los 5.5 millones de mexicanos ocupados en actividades agrícolas, 56 por ciento son agricultores y 44 por ciento trabajadores de apoyo (peones o jornaleros). “De cada 100 trabajadores agrícolas de apoyo (peones o jornaleros), 66 son remunerados y 34 no reciben ningún ingreso”, destacó. Por género, resulta que 11 de cada 100 trabajadores agrícolas son mujeres, lo que evidencia que es una actividad notoriamente del sexo masculino. “Las entidades de Chiapas, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave, concentran 58.7 por ciento de estos ocupados en el país”, precisó el INEGI, al destacar que la edad promedio de esos trabajadores es de 41.7 años. En cuanto a su perfil académico, resulta que el promedio de escolaridad de la población con esta ocupación es de 5.9 años, es decir, primaria incompleta. Asimismo, el instituto dijo que de cada 100 trabajadores agrícolas, 24 hablan alguna lengua indígena. De ellos, 91.5 por ciento también hablan español. “Por lo que se puede decir que uno de cada 10 agricultores hablantes de lengua indígena es monolingüe”, comentó.

Perredista declara 8 casas, una le costó cinco pesos y otra 57 Candidatos a a gobernadores postulados por el PRD, partido que exige una ley de 3 de 3 que incluso obligue a los parientes de funcionarios hasta en cuarto grado a dar a conocer sus bienes, se burlan, en los hechos, de esta disposición. Es el caso de la aspirante al gobierno de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, quien declaró tener ocho casas y un terreno, cuatro de las cuales adquirió en cinco pesos, 57 pesos, 133 pesos, y 35 mil pesos. Según lo que declaró el valor conjunto de todos los inmuebles que posee es de apenas un millón 526 mil 64 pesos con 50 centavos. El valor que declaró tienen su propiedades, es casi igual al de sus cuatro vehículos: un Peugeot 2011 que pagó al contado en 191 mil 900 pesos; un Renault Trafic 2013, a crédito, por 351 mil 500 pesos; un Renault, Kangoo 2013, también a crédito, por 199 mil 900 pesos; y un Buick Enclave 2014 comprado al contado en 730 mil 500 pesos. En total, sus vehículos suman un valor de un millón 473 mil 800 pesos, es decir, apenas 52 mil 264 pesos con 50 centavos menos que el valor declarado de sus propiedades que, en conjunto, suman 13 mil 341.14 metros cuadrados (1.3 hectáreas). La perredista no declaró ingresos de su cónyuge, pero sí un vehículo de su propiedad, modelo 2016, sin precisar su costo. Por su parte el candidato al gobierno de Hidalgo, José Guadarrama, declaró cinco propiedades. Cuatro pagadas al contado y una heredada: un departamento en la CDMX, de 202 metros cuadrados, que en 2009 adquirió en nueve millones 300 mil pesos; una casa de 750 metros cuadrados en la entidad que quiere gobernar, comprada en cinco millones de pesos en 1987; una más de 800 metros cuadrados en tres millones; un terreno de dos millones de pesos y otro de 500 mil. Sus ingresos por cargos públicos fueron de 680 mil 299 pesos y es dueño de dos automóviles: un Jeep 2015 con valor de 700 mil pesos y un Buick 2016 que cuesta 600 mil. Ambos vehículos los pagó al contado.

Salta México al ‘top 10’ de inversiones México se posicionó dentro de las 10 economías propulsoras del crecimiento global para este año, por lo que las empresas lo consideran un destino para sus inversiones, según la edición 19 de la encuesta de CEO’s a escala global publicada este miércoles por PwC. El año pasado México estaba entre las 20 mejores naciones, pero ahora el país tomó una posición más importante en los intereses mundiales, destacó en conferencia Luciano Molina, gerente de Mercadotecnia y Comunicación de la firma auditora. Esta encuesta se realizó entre mil 409 directores generales alrededor del mundo, de los cuales 101 son mexicanos, pues perciben una mejor dinámica económica en el país. Al detalle, 68 por ciento de las empresas que están en México consideran aumentar su plantilla laboral, lo cual es mayor que en Estados Unidos y Canadá, donde es alrededor de 40 por ciento. «Hay mayor confianza en la productividad, principalmente en sectores de gran crecimiento como la industria automotriz, donde se alcanzó una cifra récord histórica el año pasado de producir 3.4 millones de vehículos», agregó.

México peleará a EU chapofortuna Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó a comparecer a los “funcionarios correspondientes” de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocer el estado del proceso de extradición de Joaquín Guzmán Loera El Chapo y qué país se quedará con su fortuna. Deberán explicar “las eventuales negociaciones (con EU) sobre los bienes y recursos que resulten de los aseguramientos”, expone el acuerdo avalado para citar a los funcionarios. “Necesitamos saber el total de su fortuna y las acusaciones que tiene. Nos tiene que regresar parte del dinero manchado con sangre, que no queremos que se quede en EU”, dijo el diputado del PAN Federico Döring. En entrevistas con Excélsior Televisión, Roberto Gil Zuarth (PAN) y Enrique Jackson (PRI) consideraron el tema como de seguridad nacional.

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HIDALGO