El 1 de Septiembre se instala la nueva Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; el PRI y sus aliados constituyen mayoría. Esta legislatura tiene un reto que no es sólo suyo. Es un reto nacional: concretar las Reformas Estructurales, que conforman la actual arquitectura política y de gobierno.
Ante el clima delicado que atraviesa el Estado, los actores sociales y políticos deben establecer el vínculo que discipline la dirección, la organización y el control que deviene de la Rectoría del Estado.
Hay que superar las enormes dificultades que están imperando. La inédita caída de los precios del petróleo; la falta de crecimiento de la economía; la obstrucción de oportunidades sociales; la devaluación del peso frente al dólar; la debilidad del mercado interno; la creciente y desgarradora inseguridad pública; la crisis de representatividad; la ausencia de atención a las demandas ciudadanas; así como la deuda histórico-social por la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, entre otros problemas.
Pocos parecen entender que el Estado no puede ser un bien en disputa. Es inadmisible reducirlo a botín de unos cuantos o, a privilegio de grupos de interés ajenos a la fuerza valórica de la ciudadanía. El poder del Estado debe imponerse a pesar de las oscuras trifulcas de intereses sectarios que pretenden llevar a buen recaudo sus granjerías con un ánimo de bestialidad económica, política e incluso social.
Debemos luchar por un gobierno cuya estructura horizontal se finque en la corresponsabilidad del interés público; donde se trascienda el interés sectario y se encumbre la solidaridad y dignidad humana para construir una sociedad mejor; donde el ciudadano haga suya la defensa institucional, con la certeza que el ejercicio de gobierno no es posible en la atomización, el desencuentro o en el divisionismo social.
Lamentablemente esta prescripción con frecuencia se olvida. Los vínculos ciudadanos con el ejercicio de gobierno, son frágiles. La parcelación de intereses políticos, económicos y sociales, socava casi cualquier intención institucional por revertir la crisis política y social en que nos encontramos. La sociedad se ha autoimpuesto la dolorosa derrota de la exclusión política, olvidando que el ejercicio político nos pertenece a todos; que el quehacer público, es eso, un área de interés común.
¿Qué o quiénes han fallado?
La opinión pública culpa de todo al Presidente de la República. Las encuestas de popularidad así lo muestran. Sin embargo, en esta visión prevalece un análisis inconcluso. Erróneamente, muchos analistas consideran que el ejercicio de gobierno, depende de un uso vertical del poder, ignorando que vivimos en un Régimen Social de Derecho, que dispone estructuras, procesos y contrapesos, que asigna responsabilidades, facultades y atribuciones a los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno.
A pesar de este arreglo que señala responsables del quehacer gubernamental, cuando algún servidor público desvirtúa su encomienda con prácticas que incumplen el mandato de la ley o se sirven de su encargo, sin más ni más, hacen responsable a la investidura presidencial de esos hechos de corrupción, impunidad, inoperancia o incapacidad administrativa, en menoscabo de la credibilidad y la confianza en el gobierno.
Hoy sabemos de casos de funcionarios públicos, partidos políticos, gobernadores, legisladores, presidentes municipales, señalados por la comisión de hechos indebidos, que no enfrenta su responsabilidad, y que los analistas se encargan de que la opinión pública la repercuta en la cabeza del Ejecutivo.
Al respecto hay que recordar lo que Maquiavelo prescribió ante esta problemática: “…el Príncipe nunca es prescindible, los que son substituibles son los ministros…”, porque la cara oculta de la ingobernabilidad está en la atomización irresponsable de los actores políticos y sociales. Ahora sólo falta profundizar la Rectoría del Estado.
¿Cómo podemos aspirar a la concreción de las Reformas Estructurales, cuando nos hemos convertido en extraños de nuestro porvenir?
La Administración Federal edificó en el escenario de “Concertación Progresista” del Pacto por México, un acuerdo histórico con las principales fuerzas políticas para edificar una transformación nacional. Pocos lo entendieron, y sólo los menos, asumieron su responsabilidad.
Las Reformas Estructurales presentan dos momentos de concreción lógica. En primer término, asegurar que la Rectoría del Estado cuente con la fuerza solidaria de una sociedad que se asuma como vínculo unitario en la labor de construir una Nación; tarea nada fácil que reclama disciplina y coherencia orgánica de los actores políticos y sociales. El Estado prescribe, pero las cosas no se realizan solas.
En segundo lugar, la transversalidad de las acciones gubernamentales no admiten la fragmentación, inconexión y dispersión de los esfuerzos de las estructuras públicas y de la corresponsabilidad ciudadana. Esta es una fuerza de valorización unitaria que no se ha tenido en cuenta en su justa dimensión.
Es erróneo pensar que el déficit de concreción de las Reformas Estructurales, se encuentra al margen de los actores políticos y ciudadanos. Este es un equívoco político que habrá que corregir.
La actual Administración Federal dio un paso histórico, que para muchos quedó inadvertido. Le devolvió al Estado su Rectoría y reinstitucionalizó el poder político. Esfuerzo institucional que ha encontrado la obstrucción de algunos sectores, lo que deteriora la construcción de la justicia y de las oportunidades que demandan los ciudadanos.
Esta oposición ha extraviado a la democracia, ha debilitado su fuerza social unitaria y la articulación de las prácticas de gobierno abierto, de transparencia, de rendición de cuentas, del combate a la corrupción y a la impunidad; de la justicia cotidiana, la seguridad pública, la lucha contra la pobreza y la desigualdad; todas ellas tareas que se expresan en el trabajo y reclaman la sana interacción y corresponsabilidad social.
Ha llegado el momento de devolverle al pueblo la capacidad decisoria del ejercicio gubernamental. En ella radica la verdadera fuerza de la Rectoría del Estado.
Agenda
- Este domingo el Gobernador Olvera dio inicio a las operaciones del Tuzobus, encontrando una favorable respuesta ciudadana 55,000 tarjetas vendidas. Nos espera un periodo de transición, que será superado con madurez y civilidad.
- Para fortalecer la Reforma Educativa, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, dio marcha al programa de Estrategias de acompañamiento rumbo a la evaluación del desempeño magisterial y al Proceso de asignación de plazas del concurso de ingreso al servicio docente, ambos en educación media superior.
- En visita de Estado, la Presidenta chilena Michelle Bachelet, acudió a refrendar la solidez de las relaciones diplomáticas entre ambos países en el marco del 25 aniversario de su reanudación, suscribiendo 13 acuerdos de cooperación e intercambio cultural.
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