Alistan redadas agrícolas; buscan rescatar a jornaleros
Autoridades revisarán 60 ranchos de BC y BCS, da a conocer la Comisión de Pueblos Indígenas
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de marzo.- Para evitar que jornaleros sufran condiciones inhumanas en campos agrícolas, autoridades federales y locales revisarán ranchos de Baja California y Baja California Sur.
Nuvia Mayorga Delgado, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), adelantó que se alista un grupo interinstitucional en el que participarán autoridades federales, locales y de derechos humanos.
Manifestó que ya se tienen ubicados 60 ranchos en ambas entidades, que son destinos principales de jornaleros migrantes provenientes de todo el país.
Aseguró que en los centros agrícolas hay actualmente 40 mil indígenas y se busca evitar casos como los 200 jornaleros que laboraban en condiciones inhumanas en un campo de Comondú, Baja California Sur.
Manifestó que, si encuentran situaciones como las de Comondú, entonces se aplicará el protocolo correspondiente, el cual incluye la participación de la PGR, además de las procuradurías y las policías locales.
RASTREAN EXPLOTACIÓN DE JORNALEROS
El caso de los 200 jornaleros agrícolas —la mayoría de la etnia rarámuri— rescatados en un rancho de Baja California Sur puso en alerta al Estado mexicano.
Nuvia Mayorga Delgado, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), declaró a Excélsior que, mediante una comisión interinstitucional, revisarán rancho por rancho, o espacio laboral agrícola, para evitar más casos “en condiciones infrahumanas”.
Al momento, esta comisión actuará en los dos estados que el gobierno federal identifica como los destinos principales de jornaleros migrantes provenientes de todo el país.
“Desgraciadamente eso es los que está pasando en Baja California y Baja California Sur. En este momento ya se tiene instalada una comisión intersecretarial o interinstitucional. Entre la misma Secretaría del Trabajo o, a nivel federal, entre la Comisión de los Derechos Humanos, entre la Secretaría de Desarrollo Social, desde luego la CDI, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el gobierno del estado para darle el seguimiento, que esto ya no pase”, dijo.
Adelantó a este medio que la comisión interinstitucional ya ubicó en ambas entidades 60 ranchos que contratan esta mano de obra, y aunque no descarta otra situación similar al de los rarámuri —liberados del rancho El Cerezo en este mismo mes— consideró que no se trata de una práctica generalizada.
“Los datos que tenemos establecidos —que eso también es lo que estamos verificando— es que se encuentran alrededor de 60 ranchos agrícolas en estos estados. La cifra del número de migrantes es muy variable, la última que teníamos registrada para el año pasado, en el 2014, era alrededor de 40 mil indígenas que se encontraban en ranchos trabajando, de lo cual hasta ahora se conoce que trabajan en condiciones infrahumanas.
“Entonces, con esta cifra que hemos estado captando y que nos ha costado poder tenerla, es así como hemos estado interviniendo…
“Eso no quiere decir que los 40 mil están en las mismas condiciones, ni que los 60 ranchos se encuentren en las mismas condiciones, hay quienes les dan sus prestaciones, simplemente es verificar que no exista otro rancho como El Cerezo y, si esto sucede, pues entonces las dependencias federales correspondientes harán lo mismo que sucedió en este rancho”, detalló.
Mayorga Delgado reconoció que la migración sigue siendo un camino, sobre todo en pueblos indígenas, en la búsqueda para mejorar su calidad de vida.
Sin embargo, enfatizó que al momento en que se realicen estas verificaciones en los ranchos ofrecerán a los migrantes agrícolas opciones de permanecer en esos lugares o regresar a su comunidad con apoyos de programas productivos, entre otros.
“Se van a verificar en estos 60 ranchos a través de esta comisión interinstitucional para los que se quieran quedar, pues que tengan mejores condiciones de vida y que pueda entrar la dependencia federal que corresponde. Eso es algo que está presente también la Secretaría de Gobernación, trabajando muy fuertemente en que esto ya no vuelva a suceder y los que quieran volver a regresar a su comunidad con sus familias
—que también es una cosa que les pega mucho— que tengan mejores condiciones de vida. Los vamos a estar apoyando a través de la CDI”, expresó.
Aun cuando los operativos no se ha definido, fuentes de CDI aseguraron aExcélsior que esta semana se reunirán los delegados estatales de dichas entidades, de la STPS y de los gobiernos de los estados, para definir y poner en marcha estas verificaciones.
México con trabajo digno
El rescate de 200 jornaleros agrícolas en Comondú, Baja California Sur, se dio en el marco del operativo México con Trabajo Digno, presentado en enero pasado por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto.
Ante la denuncia de trabajadores del campo, y otras irregularidades, como una denuncia penal por el delito de trabajo infantil, en esta acción dada a conocer el pasado 16 de marzo participaron autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría de Justicia de Baja California Sur, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y elementos de la policía municipal.
Además, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, aseguró que en lo que va del año este operativo ha inspeccionado a 15 mil empresas.
De esta labor se dictaron multas por violaciones que ascienden a 132 millones 42 mil pesos, en 11 casos emitieron restricciones para la operación de centros de trabajo y se han sugerido 42 mil 184 medidas de acciones concretas.
Ofrecen apoyo a indígenas liberados
Nuvia Mayorga precisó que de los 200 jornaleros hallados en el rancho El Cerezo, en Comondú, 160 son indígenas de origen tarahumara y 40 restantes del norte de Sinaloa y Sonora.
“Lo que vamos hacer es darles mejores condiciones con los programas que tenemos establecidos en CDI, de que si muchos no tienen una vivienda se les pueda dotar de una vivienda indígena en su lugar de origen; darles proyectos productivos para que puedan sembrar su tierra porque muchas veces la han dejado sin sembrar buscando otras condiciones”, explicó.
Agregó que para contactar a estos 160 indígenas iniciaron una campaña de radiodifusión en la zona tarahumara desde sus sedes en Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Baja California.
Andalucía celebra elecciones; son «prueba de fuego» para el gobierno español
Con una participación de 33.95 por ciento de la población, casi cinco por ciento más que el año anterior, Andalucía vive una jornada electoral histórica, ya que decidirán si el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se mantiene al frente de su gobierno, luego de 33 años ininterrumpidos.
De acuerdo con datos del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, la provincia de Jaén es la que registra la participación más alta con 36.77 por ciento, en tanto que la provincia de Huelva es la que menos ciudadanos ha convocado con menos de 31 por ciento.
En esta ocasión, los comicios tienen un costo de 11.8 millones de euros, según reporta la Junta de Andalucía, se calcula que son 3.2 millones menos que en 2012.
Éste es el primer proceso electoral de ese país en el año y ya se han registrado algunos incidentes, según reportan medios locales, por ejemplo, la falta de boletas en una de las urnas en el colegio de Artes y Oficios de Granada, aunque se resolvió de forma casi inmediata.
En Zafarraya, se impugnó un voto que llegó vía correo, ya que pertenecía a una persona que había fallecido, no obstante, se comprobó que la boleta con su decisión la envió antes de perecer.
En tanto, tres miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de Málaga, dos de ellos relacionados con Podemos, una de las agrupaciones que participa en los comicios, fueron detenidos por la Policía Nacional en Torre del Mar por violar las reglamentaciones de propaganda electoral durante la jornada y presentarse a la urna con distintivos de su asociación.
Estos, son los datos que fluyen en los medios españoles, luego de que los candidatos emitieran sus votos. Se calcula que a las 16 horas locales, cerca de las 13 horas en México, se pueda ofrecer más información sobre la participación ciudadana en la contienda.
Escoltan 178 a ¡7 mandos!
Antonio Nieto
Cd. de México, México (22 marzo 2015).- La Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) destina 178 agentes de Investigación a escoltar a sólo siete funcionarios.
De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información, el año pasado, la dependencia erogó 33 millones 321 mil 600 pesos en los sueldos de estos elementos, adscritos a la Policía de Investigación (PDI).
En promedio, cada uno de los siete funcionarios tiene a su disposición 25 escoltas, además de dos vehículos blindados y una motocicleta.
En contraste, en la Ciudad hay fiscalías y coordinaciones territoriales que tienen los mismos o incluso menos agentes.
Refinerías rusas plantean próxima amenaza para precios del petróleo
Las afectaciones a Rusia por los precios bajos del petróleo ha dejado más crudo disponible para exportación, lo cual aumenta a su vez la saturación global.
La próxima gran amenaza para los precios del petróleo no viene de la OPEP ni del “shale” de Bakken. Son los samovares, o teteras, rusos.
Las refinerías simples que procesan el crudo como fueloil están haciendo recortes ya que cuando los precios del petróleo caen, el gobierno reduce el descuento que dichos refinadores -conocidos en la industria como “teteras”- reciben por exportar combustible. Usan menos crudo, liberándolo para su venta al exterior, lo cual aumenta a su vez la saturación global.
Rusia puede llegar a aumentar las exportaciones petroleras en 250 mil barriles diarios este año, según James Henderson, investigador sénior en el Instituto Oxford de Estudios Energéticos que sigue la industria energética del país desde hace más de 20 años. Esto equivaldría a un crecimiento del 5 por ciento de los envíos, el nivel más alto en un decenio.
Inseguridad y conflicto educativo acaparan el interés de candidatos
unque faltan poco más de dos meses para las elecciones en Guerrero, los 9 candidatos a la gubernatura intentan –pues no es fácil- adecuar estrategias de gobierno que puedan sacar al estado de los problemas crónicos de delincuencia, financieros y educativos en los que ha caído en los últimos 6 meses.
La salida “forzada y obligada” del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero vino a destapar la cloaca de inseguridad que, desde 2012, se había ventilado en el 50 por ciento de los 81 municipios de Guerrero, y que, de alguna manera, vino a ensuciar a diferentes sectores como el educativo, y en consecuencia, el económico y financiero.
Los hechos de violencia ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejaron un saldo de seis personas muertas, entre ellas tres normalistas, y 43 normalistas desaparecidos, vino a desnudar al gobierno estatal y a mostrar lo vulnerable a la entidad, con la revelación de la participación del crimen organizado en gobiernos locales y estatales, lo que derivó en un hartazgo social y en la movilización de grupos organizados y parte del magisterio de Guerrero.
El primer reto del gobernador o gobernadora que llegue a conquistar al electorado de las 8 regiones de la entidad es poner a un Guerrero seguro en todos los municipios, que haya un cuerpo policial unificado que pueda tener el control de los ayuntamientos, y que dé cuentas de manera directa a la Federación acerca de lo que ocurre, para evitar la red de complicidad y la corrupción.
En el sector educativo, debe depurar las extensas listas de maestros que cobran sin trabajar, lo que ha originado una erogación económica por el orden de los mil millones de pesos para el pago de salarios de docentes, y para cubrir las plazas que fueron otorgadas sin techo presupuestal desde hace 3 administraciones gubernamentales.
La inyección de recursos federales al estado y los municipios con problemas de liquidez económica deberá hacerse con criterios serios, y que cada presidente municipal ponga una contraparte para evitar que el estado siga en la misma situación del esquema del paternalismo, donde si no hay recursos federales, no hay desarrollo económico ni desarrollo municipal.
El próximo 7 de junio, los ciudadanos de Guerrero también acudirán a las urnas para elegir diputados federales, diputados locales y presidencias municipales.
PAN y PRD van a vigilar el rediseño del presupuesto
Buscan evitar recortes al gasto social, a la salud y la educación, así como mayores impuestos a la clase trabajadora y a las pequeñas empresas.
ELBA MÓNICA BRAVO Y STEPHANIE OCHOA22/03/2015 02:53 AM
México
Los dirigentes de PAN y PRD, Gustavo Madero y Carlos Navarrete, respectivamente, aseguraron que sus partidos vigilarán que durante el rediseño presupuestal del próximo año no se eliminen los programas sociales ni proyectos productivos que benefician a los mexicanos.
Madero anunció que su partido instaló una comisión para dar seguimiento a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre el rediseño integral del presupuesto de Egresos para 2016, ante la baja de los precios internacionales del petróleo.
Por su parte, el líder perredista aseguró que su partido no aceptará que los ajustes se hagan recortando el presupuesto de los proyectos productivos y sociales que necesita el país. Además, señaló que sin acciones para combatir la corrupción, “nadie va a creer que haya una política de austeridad”.
Por separado, los senadores del PAN adelantaron que ante el anuncio del ajuste del Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente añoblindarán también los programas sociales y revisarán a fondo la reforma fiscal vigente con el fin de establecer cambios de fondo que busquen bajar las tasas tributarias y adelantar la apertura en el sector gasolinero.
En rueda de prensa en Durango, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, José Rosas Aispuro, se refirió al anuncio del presidente Peña Nieto y dijo que el Senado será vigilante de este rediseño presupuestal con el fin de evitar recortes al gasto social, a la salud y la educación, así como evitar mayores impuestos a la clase trabajadora y a las pequeñas empresas.
Consideró que se requiere hacer un ajuste a la actual reforma fiscal ya que ésta no ha promovido un crecimiento económico, por lo que se instalará una mesa de análisis entre senadores y la dirigencia de Acción Nacional.
En ese sentido, Navarrete dijo que los que deberán “apretarse el cinturón” con el rediseño del presupuesto de egresos de 2016 son quienes “gastan como nuevos ricos en el gobierno” y “los que se dan una vida extraordinaria con el presupuesto público”.
“El PRD no va a aceptar que el apretón del cinturón se dé en los programas sociales, en la inversión productiva, en el gasto del campo o en las obras de infraestructura que el país necesita”, agregó Navarrete.
Además, el perredista remarcó que de concretarse el rediseño, tendrá que estar previsto para aplicarse a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los que están contemplados “los senadores, diputados, ministros y miembros del gobierno federal por igual, sabiendo que ningún país puede gastar más si tiene menos ingresos
El caso Iguala no es delito de lesa humanidad: PGR
Por Gustavo Castillo
La Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que los hechos ocurridos en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, por más aberrantes que resulten, no podrán ser tipificados como delito de lesa humanidad.
La dependencia que dirige Arely Gómez afirma, en respuesta a una solicitud de información pública presentada por La Jornada, que en el presente asunto no se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados (el subrayado y el texto resaltado pertenecen a la respuesta de la autoridad).
A pesar de que hace un mes el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) determinó que la PGR no puede reservarse información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, y de manera particular dijo que toda autoridad involucrada en el caso Ayotzinapa debe cumplir con el principio de máxima publicidad divulgando la información generada, porque el asunto es considerado un caso donde ocurrieron violaciones graves a derechos humanos, la PGR sostiene que no existe ningún pronunciamiento que así lo determine
