La encuesta Latinobarómetro 2017, muestra la falta de credibilidad en la democracia, porque como paradigma del régimen de representación de la voluntad política del pueblo, cobra vida sólo en las plataformas programáticas de partidos y candidatos, pero en la realidad no encarna desde el ejercicio del poder, los resultados que dignifiquen la conciencia social y construyan el destino cierto de la Nación.
Esta prescripción política denota la urgente necesidad de un régimen cuya horizontalidad sea proclive al asociativismo, a la equidad y a la generación de oportunidades, ya que hasta ahora, no ha podido consolidarse desde los poderes públicos porque guardan asimetrías e inconsistencias que debilitan la estructura democrática y la dinámica social.
Este creciente fenómeno se expresa en una profunda crisis de representatividad, cifrada en el clientelismo, el fraude y el cohecho político; la manipulación y manoseo del voto; así como una cooptación espuria, que ha generado una cultura política parroquial, que atiende a peligrosos mesianismos y populismos facciosos.
2018 debe ser el impasse de la oportunidad electoral para la reconciliación ciudadana frente al Estado.
La negligencia y las pifias incalificables del Poder Legislativo, donde muchos de sus miembros que incumplen su tarea, pretenden reelegirse, deben terminar.
Esta precaria racionalidad advierte a la política y a los políticos la necesaria reestructuración de lo hecho hasta ahora, para acabar con la inconcreción pública, la incongruencia programática y antidemocrática, así como para trascender la verticalidad y el autoritarismo político, que flagela a nuestra sociedad.
No podemos retrotraer la historia a los arquetipos mesiánicos, donde los líderes carismáticos trastocaron la vitalidad de las naciones y constituyeron el germen del autoritarismo, utilizando la “ideología del desencuentro” como bandera que justifica el crimen, la delincuencia y la muerte.
De este trazo de praxis política, resulta incomprensible que la partidocracia no haya aprendido la lección y persistan las prácticas recurrentes donde la carencia de profesionalismo, de trayectoria política y servicio público, así como de honorabilidad y honestidad, sean las virtudes que arropen a un candidato, que debe mostrar conocimiento, experiencia y probidad; cuya ética y compromiso político no genere dudas, para que en su programa político y de gobierno haga valer la voz del pueblo.
La renuencia electoral que hoy vive la ciudadanía denota el consenso tácito de que la clase política le ha fallado; que se ha escindido del cumplimiento y respeto del Contrato Social, realidad que exige del sistema de partidos una revisión profunda para retomar su conducción y compromiso social, y dejar de ser maquinarias electorales que contienden sólo por el poder y el dinero.
Empero, también la ciudadanía ha sido cómplice de las anomias políticas, porque ha permitido que una casta de sátrapas haya secuestrado a la democracia, y con ello, el poder del pueblo; esta inconciencia ha tenido un costo social que hoy se traduce en el abandono y el ostracismo de los que menos tienen, aquellos cuyo voto se ha vuelto botín de mercenarios.
El llamado es claro: la ciudadanía no puede ser indolente en este proceso electoral, ni permitir que el poder se diluya ante apetitos de las élites partidistas. La ciudadanía debe organizarse vertebrando una nueva imaginación y cultura política, donde la exigencia de cumplimiento del mandato se convierta en un instrumento virtuoso de la depuración del Estado.
El revés de la trama lo constituye el currículum político, que como certificado de la conciencia y entrega de un servidor público, da constancia no sólo de su preparación profesional, sino también de los trazos de compromiso social que le hacen ser un activo humano de la gestión pública y esencia del Estado Democrático de Derecho.
Los andamios de la institucionalidad se construyen desde sus cimientos humanos, nunca desde poderes fácticos o de la complicidad mesiánica, sino a partir de la sensatez, que otorga hacer del servicio público la voluntad ciudadana.
Revalorar el servicio público desde el proceso electoral no es una cuestión de moda administrativa. Los actores políticos deben comprometerse a que el gobierno tenga mayores rangos de eficiencia y racionalidad operativa y a generar los mecanismos que permitan el ascenso de la horizontalidad ciudadana y su corresponsabilidad en la toma de decisiones del ejercicio de gobierno. Este es el verdadero reto de los aspirantes a cargos públicos para responder a la reestructuración política de la Nación.
En esta perspectiva, la política debe presentar calidad y calidez en un escenario de déficit político y democracia incompleta, donde es necesario reconocer constitucionalmente el Derecho Humano a la participación ciudadana para hacer frente a las restricciones fácticas que ha experimentado, ante el aislacionismo político que tiene subsumida a la sociedad.
En este contexto, no podemos perder de vista que este derecho humano a la participación ciudadana trasciende como conquista social para construir un buen gobierno, condición que debe ser ponderada en las plataformas programáticas de partidos y candidatos, como génesis del poder público, que permita preservar a la democracia en sus dimensiones electoral y participativa.
Es menester de las fórmulas partidistas y candidatos contendientes en este proceso político, revisar el Modelo de Estado y hacer historia en este 2018; romper las inercias que perpetúan el marco jurídico en la simulación; promover procesos abiertos de discusión pública, donde la inteligencia e ilustración ciudadana, prime en el valor al voto y en la vigencia de su soberanía; y refuncionalizar sus estructuras, adecuar sus procesos administrativos y garantizar la ciudadanización institucional y la vigencia del Estado Democrático de Derecho.
La inopia política de la incertidumbre democrática debe terminar.
El imperativo social del proceso electoral, es garantizar que la inserción ciudadana en la toma de decisiones del Estado no sea la excepción, sino la constante. Ello exige que partidos y candidatos creen un proyecto incluyente de Nación y un sólo crisol de conciencia y vanguardia del Estado: el ciudadano.
Agenda
- El Presidente Enrique Peña Nieto dijo en Tecalitlán, Jalisco que: “en materia de seguridad y justicia no puede haber perdón ni olvido para delincuentes, ya que no puede haber borrón y cuenta nueva, y que, dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México.”
- La gira política de los precandidatos a la Presidencia de la República en Hidalgo debe ser el preámbulo de una nueva conciencia ciudadana que permita la construcción de un ejercicio cívico guiado por el conocimiento, la sensatez y el espíritu patrio.
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