2015 registró el número más alto de personas ejecutadas por pena de muerte desde 1989, reporta el CEIGB
Ciudad de México, a 16 de octubre de 2016
Aunque los avances abolicionistas no pueden negarse, la organización Amnistía Internacional difundió un reporte en el sentido de que, en el año 2015, hubo un aumento de 54 por ciento en el número de ejecuciones derivadas de la aplicación de la pena de muerte a nivel mundial.
Así lo señala un documento de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB), difundido el miércoles 12 de octubre: “Perspectiva del estado actual de la pena de muerte en el mundo”.
En el documento se indica que en 25 países registraron ejecuciones durante 2015, –en 2014 las ejecuciones se reportaron en 22 países– lo que significa que seis países reincidieron en esta práctica (Bangladesh, Chad, India, Indonesia, Omán y Sudán del Sur); en cambio, tres Estados (Bielorrusia, Guinea Ecuatorial y Palestina) no aplicaron la pena capital durante ese año.
Este aumento puede explicarse por factores como la ampliación o endurecimiento de las sanciones a los crímenes relacionados con el narcotráfico, así como con el incremento de actos terroristas, a partir del surgimiento de organizaciones como el autodenominado Estado Islámico.
Así, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, actores internacionales se manifestaron en contra de la pena capital y pidieron continuar la lucha para abolirla por completo a nivel mundial; al considerarla “incompatible con la dignidad humana”, y “un trato inhumano y degradante” que “no tiene lugar alguno en el Siglo XXI”.
La pena de muerte es considerada el máximo castigo en los países donde aún se recurre a ella. No obstante, una de las principales objeciones es que constituye una forma de castigo que violenta el derecho fundamental a la vida.
Organismos internacionales consideran que no tiene cabida en el sistema penal de las sociedades modernas y civilizadas, y la señalan como un castigo “inhumano”, comparable con la tortura.
Además, los expertos señalan que no existe una relación entre la aplicación de la pena de muerte y la reducción en los índices de criminalidad, por lo que la pena capital no logra ser más disuasiva que otras sanciones como la cadena perpetua o los largos periodos de privación de la libertad.
El CEIGB indica que el proceso abolicionista estuvo marcado por el inicio de mecanismos nacionales, desarrollados a partir de la década de los setenta con liderazgos políticos europeos que empezaron a promover la abolición de la pena de muerte, como un estándar internacional en materia de derechos humanos.
De 1980 a 1990, alrededor de 30 países abolieron la pena de muerte, y si bien no todos la suprimieron totalmente, se generó un incremento considerable del abolicionismo en términos históricos.
En 2008, la Unión Europea presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas una propuesta para la suspensión de la pena de muerte en el mundo; y en 2011 se hizo un llamado a los países a no reintroducirla en sus respectivas legislaciones. Así, la tendencia abolicionista continuó creciendo y a fines de 2015, 104 países habían eliminado la pena capital.
El documento de investigación referido en este boletín se puede consultar en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/DI_121016_Pena_Muerte.pdf