19 de Mayo de 2015
Guerrero premia a movimiento social y la CETEG
El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, acordó con el movimiento social del estado una ley de amnistía, traer presos guerrerenses de otras entidades a su lugar natal, beneficios para plazas del magisterio y hasta los recursos económicos necesarios para construir un edificio de gestión para el Frente de Defensa Popular. El gobierno estatal “abrió” los 41 acuerdos firmados por su administración con el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), que agrupa a diversas organizaciones sociales que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada desde el 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con la minuta, a la cual El Universal tuvo acceso, entre los acuerdos alcanzados destaca que el gobierno estatal se compromete a gestionar plazas para docentes de todo el estado, así como el pago de todas las plazas de naturaleza federal, así como regularizar la situación laboral de los maestros de Guerrero que así lo requieran. “En el caso de los egresados de las normales públicas en la entidad, el estado se compromete a gestionar ante el gobierno federal los mecanismos que permitan su incorporación al sistema educativo”, de acuerdo con uno de los convenios. Tras más de siete meses de movilizaciones en la entidad y en la ciudad de México, el MPG, que está formado por maestros disidentes de la Coordinadora Estatal Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), organizaciones sociales, transportistas y normalistas, llegaron a 41 acuerdos. “En atención a las solicitudes específicas de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero y a petición de sus agremiados, el gobierno del estado se compromete a resolver satisfactoriamente las demandas referentes a la entrega de concesiones en todo el estado”, dice el punto 39.
Desnivelan cancha a independientes
La cancha vuelve a estar dispareja para los candidatos independientes. La Comisión de Fiscalización del INE acordó ayer que estos aspirantes a un puesto de elección popular, tanto federales como locales, sólo podrán obtener por financiamiento privado el 10 por ciento del tope de campaña de los comicios en los que participen. Por cuatro votos contra uno, aprobó los «lineamientos que establecen las reglas para las aportaciones de carácter privado realizadas a los aspirantes y candidatos independientes», que toman como criterio lo establecido en el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. «El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el candidato independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso el 10 por ciento del tope de gasto para la elección de que se trate», señala dicho artículo. El criterio aplica en los estados donde la ley local no especifica el porcentaje o monto de financiamiento privado que podrán obtener los candidatos, como Nuevo León. Así, por ejemplo, Jaime Rodríguez, «El Bronco», no podrá obtener un financiamiento privado mayor a 4.99 millones de pesos, pues el tope de campaña de la elección para Gobernador en Nuevo León es de 49.9 millones. En sesión pública, la Comisión desechó un proyecto que proponía que las autoridades locales pudieran ajustar el límite de las aportaciones privadas para los independientes hasta que éstos alcanzaran el tope de gastos determinado para el resto de los contendientes. Ciro Murayama consideró que ese proyecto, elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización, era contrario a la Constitución, mientras que Javier Santiago lo calificó de muy abierto y laxo. Beatriz Galindo y Enrique Andrade también se pronunciaron por acotar el financiamiento a 10 por ciento. El único consejero que defendió la propuesta original del ajuste fue Benito Nacif, presidente de la Comisión, quien subrayó que los independientes están en clara desventaja, pues hay una diferencia abismal en términos de financiamiento.
Ebrard niega todo; Gaceta lo desmiente
El ex jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard Casaubón aseguró en una carta dirigida a Milenio que el inmueble localizado en la calle Plaza Río de Janeiro No. 46 «nunca» formó parte del patrimonio del Gobierno del Distrito Federal. En el texto, Ebrard señala: «Con relación a la publicación del día de hoy (ayer lunes) ‘Domicilio de Ebrard, inmobiliario’, quiero hacer las siguientes aclaraciones: «La casa en cuestión no ingresó al patrimonio del gobierno de la ciudad, pues nunca se finiquitó la operación en virtud de que no se pagó el valor total del precio acordado por el DDF en 1987 con el Sr. Jorge Saldaña; por ello, reitero, el GDF nunca fue propietario del inmueble. A pesar de que la documentación en poder de Milenio confirma que la casona de Río de Janeiro 46 era propiedad del gobierno capitalino, al igual que Ebrard, el operador de la reprivatización del inmueble, diputado local Adrián Michel Espino (ex Oficial Mayor del GDF) afirmó que el predio «nunca» fue parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México. Sin embargo, los documentos en poder de Milenio contradicen la versión del ex jefe de Gobierno y de su ex oficial mayor en el sentido de que la casona en cuestión «nunca» formó parte del patrimonio inmobiliario del gobierno de la Ciudad de México. La Gaceta Oficial del Distrito Federal con fecha 6 de junio de 1988 establece apenas un año después de la venta de Río de Janeiro 46 al DDF el préstamo del inmueble a la Academia Mexicana de Arquitectura, con el objeto de que sea su sede. En dicha gaceta, la Dirección de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del Departamento del Distrito Federal, que se encontraba en posesión del predio, otorga un permiso administrativo, revocable y gratuito a la Academia de Arquitectura bajo el argumento de «que entre los inmuebles del Departamento del Distrito Federal se encuentra el ubicado en Plaza Río de Janeiro No. 46, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, D.F.».
Se investigará por varios frentes a OHL en Edomex
El gobierno del estado de México se apoyará en dos consultoras financieras de reconocimiento internacional, como Price Waterhouse Cooper y Ernst & Young, además del Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso local, para realizar la investigación sobre el manejo, operación y administración que viene haciendo el consorcio OHL del Viaducto Elevado Bicentenario. Así lo confirmó el propio gobernador Eruviel Ávila Villegas, luego de aceptar la renuncia de su secretario de Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas, quien fue exhibido en audios difundidos a través de la red social YouTube, pidiendo favores a directivos de OHL México para pasar unas vacaciones en un hotel de lujo del Caribe mexicano. Después de la difusión de estos audios, y otros donde dos directivos de OHL admiten haber cometido irregularidades como sobreprecio en la obra y amaños para obtener autorizaciones de la Secretaría de Comunicaciones con el propósito de elevar el precio del peaje en esta vialidad, el gobernador instruyó a la Secretaría de la Contraloría a iniciar una profunda investigación para determinar si este consorcio ha incurrido en alguna ilegalidad en perjuicio del gobierno mexiquense o de los usuarios del Viaducto.
Descarta el INE casillas en escuelas de Oaxaca
En medio de los conflictos magisteriales que se registran en varios estados del país, el INE reconoció que alrededor de 89 mil de las 148 mil 940 casillas que se instalarán en todo el país, serán ubicadas en el interior de escuelas. De hecho, los conflictos magisteriales y las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de no permitir la realización de comicios en Oaxaca ha llevado a que el INE descarte la posibilidad de ubicar casillas en escuelas de esa entidad donde las protestas magisteriales han escalado en los últimos días y se agudiza conforme se acerca el día de los comicios. El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, recordó que en las elecciones del 2012 se instalaron el 22% de casillas –unas 18 mil— en escuelas de Oaxaca, aunque para estas elecciones no se utilizarán centros escolares, pues ahora se colocarán en domicilios alternos o bien en plazas públicas, para evitar que los docentes boicoteen la instalación de mesas receptoras el 7 de junio. “Justamente de esta conflictiva (magisterial) que ya tiene tiempo en una entidad como Oaxaca, que poco a poco se fue desplazando de establecimientos escolares hacia otros lugares como domicilios particulares, plazas públicas, etcétera. En este momento prácticamente de todas nuestras casillas en Oaxaca, no va a haber ninguna que esté en una escuela pública. Ya tenemos los domicilios alternos donde se instalarán las casillas”, detalló Asimismo el funcionario, aseguró que el INE perfila un abstencionismo cercano al 60 por ciento derivado de varias circunstancias, entre ellas que se trata de una elección intermedia.
