27 de Abril de 2015
Se disparan en el país secuestros de extranjeros La privación de la libertad de extranjeros –indocumentados o no— es un fenómeno creciente que se disparó en México. Registros del Instituto Nacional de Migración (INM) revelan que entre 2012 y 2014 un total de 844 personas, de nueve nacionalidades distintas, fueron asistidas por su personal después de haber sido víctimas, por horas o días, en territorio nacional. Un reporte de la dependencia, que obtuvo El Universal, detalla que los plagios en contra de personas de otros países se incrementaron más de 800%, al pasar de 72 privaciones ilegales de la libertad en 2012, a 75 en 2013, y el año pasado repuntaron a 697 casos de “extranjeros asistidos víctimas del delito de secuestro”, indica el documento. Los secuestros de indocumentados o de personas que cuentan con papeles para transitar por territorio nacional se han cometido en Chiapas, Coahuila, Tabasco, Guanajuato, Distrito Federal, San Luis Potosí, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo, Veracruz, Michoacán y Tamaulipas. Los datos del INM indican que en el estado fronterizo de Tamaulipas se han cometido 86% de los plagios durante el periodo referido, al reportar 721 apoyos a extranjeros, luego de ser víctimas de este delito. Este fenómeno del que en su mayoría son víctimas los migrantes que cruzan por territorio nacional, también ha impactado a otros extranjeros.
Investiga el SAT perdones de Padrés Los perdones de Guillermo Padrés por 708 millones de pesos están bajo investigación del SAT. El Servicio de Administración Tributaria confirmó ayer que indaga irregularidades en la fiscalización del Gobierno de Sonora, indagatoria que podría llevar a funcionarios hasta el Ministerio Público. Aristóteles Núñez, Jefe del SAT, reveló que, a partir de denuncias anónimas, el organismo está actualmente revisando si se aplicaron los procedimientos correctos en el cobro de impuestos en Sonora. Ayer, REFORMA publicó que 41 empresas, entre ellas las del Gobernador Padrés, de su familia y del candidato del PAN a la gubernatura, Javier Gándara, resultaron beneficiadas por el «perdón» de impuestos por casi 708 millones de pesos que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda de la entidad. «Se recibieron dos denuncias anónimas a principio de año de que se estaba llevando a cabo la fiscalización de parte de autoridades de Sonora sin seguir la normatividad. «El SAT inició la revisión y las evaluaciones están en proceso», indicó. «En primer lugar, en caso de identificarse que hay contribuyentes que no pagaron lo que les correspondía, el SAT sí puede iniciar auditorías». Agregó que si se comprueba que la autoridad competente consintió tal situación, se puede iniciar un juicio de lesividad que se lleve en primera instancia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Además, dijo, se iniciará una investigación contra funcionarios y que es una indagatoria compleja porque cada irregularidad detectada se da notificación a la entidad.
Lideran Veracruz y Sonora delitos electorales: PGR La Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó en marzo pasado 149 averiguaciones previas, que junto con las 248 de enero y las 123 de febrero suman 520 en este año. Al comenzar marzo, la Fepade tenía pendientes por resolver 4 mil 494 averiguaciones previas. Con las 149 iniciadas y dos más reingresadas, ahora tiene 4 mil 645 averiguaciones por solucionar. El pasado 16 de abril, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, dijo que al recibir la fiscalía (el 19 de febrero pasado) se encontró con 4 mil 500 previas en trámite, lo que representa un rezago. De acuerdo con el Informe Mensual de Actividades, las entidades donde más se cometieron hechos que podrían constituir delitos electorales son Veracruz (71), Sonora (27), Distrito Federal (11) y Puebla (11). Le siguieron Estado de México (6), Oaxaca (5), Baja California (2), Chiapas (2), Chihuahua (2), Michoacán (2) y Zacatecas (2). Aunque en Veracruz se registraron más delitos, la Fepade señaló que Sonora es la entidad con mayor incidencia delictiva electoral, pues se cometen 1.01 ilícitos electorales por cada 100 mil habitantes. En Veracruz es de 0.93 por ciento. De las 149 averiguaciones previas iniciadas, 122 se abrieron por denuncias de autoridades electorales, 17 por servidores públicos federales, nueve por particulares, una por funcionario partidista y una por servidor público estatal.
Priva la impunidad, sentir a siete meses del crimen de los 43 Siete meses después del crimen contra los normalistas de Ayotzinapa, cientos de ciudadanos lanzaron un reto simbólico al gobierno federal: instalaron en uno de los camellones de Paseo de la Reforma una escultura roja de metal de más de tres metros de altura donde se lee +43. Fue un mensaje contundente: siete meses después de los hechos en Iguala, Guerrero –que dejaron seis personas ejecutadas, tres de ellos normalistas, y 43 más desaparecidos–, la única conclusión del caso es la impunidad. Unas 400 personas tomaron una vez más las calles para demandar justicia y verdad por esta agresión en lo que fue la undécima acción global por Ayotzinapa. Pero la manifestación fue distinta: más allá de marchas y discursos, varios colectivos se organizaron para, con la ayuda de palas y picos, colocar un antimonumento para recordar que ese crimen de Estado sigue impune. Esta estructura se colocó justo en el cruce de Reforma y Bucareli, a fin de que quienes transiten por esta avenida recuerden que aún no hay verdad, justicia ni castigo a los responsables, por lo que se demandó a las autoridades no retirarlo hasta que aparezcan con vida los normalistas. Al mediodía del domingo parecía que sobre un templete –instalado al pie del edificio de la Lotería Nacional– habría una decena de discursos que reiteraban que los hechos de Iguala se tratan de un crimen de Estado. Pero a las 14 horas sorpresivamente el orador llamó a poner la atención en el camellón ubicado frente a la Fuente Bicentenario.
Lentos avances contra la obesidad y diabetes La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes no ha tenido los resultados esperados, y aunque podría ser un buen instrumento para combatir estos problemas de salud, la regulación de publicidad, etiquetados y políticas en bebidas azucaradas no han sido efectivos, coinciden investigadores y asociaciones civiles. El estudio “Contra la obesidad y diabetes: una estrategia secuestrada”, realizado por la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), refiere que tanto en su diseño como en su implementación la estrategia tiene diversas debilidades y muchas regulaciones no están basadas en evidencia científica. De acuerdo con los especialistas de la ASA —que agrupa a decenas de organizaciones civiles, sociales y académicas— ante la magnitud del problema de sobrepeso y obesidad que enfrenta el país, donde uno de cada de tres niños y siete de cada diez adultos presentan estos padecimientos (de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2012), las medidas de la Estrategia “no son suficientes, además de que denota la presencia del conflicto de interés desde su diseño”, refiere el documento. La alerta es mayor bajo el enfoque de que estos padecimientos metabólicos pueden generar diabetes mellitus, que en adultos tiene una prevalencia del 14% en la población, de acuerdo con el INEGI. Por otra parte, uno de cada tres niños, nacidos a partir de 2010, sufrirá la enfermedad en algún momento de su vida, refiere el estudio “Mexican diabetes devastation. It is essential to tax the soda”, publicado recientemente en la revista World Nutrition. “Este es un dato científico que si tomara en cuenta la incidencia de la enfermedad de 2005 en niños, en vez de 2010, referiría que uno de cada dos la desarrollaría”, señala Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, una de las organizaciones miembro de la ASA. “Pero no estamos lejos, 14 por ciento de la población adulta ya tiene diabetes. Ya veremos por población y edades si la incidencia es mayor”.
