22 de Abril de 2015
El Senado aprobó atacar la corrupción desde tres frentes Con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el Senado aprobó ayer 14 reformas constitucionales para abatir la corrupción en el país. Una vez aprobado en lo general y en lo particular, el texto fue enviado a trámite a los congresos locales. Al presentar el dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales, el priista Enrique Burgos dijo que el nuevo marco jurídico tiene mayor amplitud y alcances para la prevención, detección y sanción a los tres Poderes y los tres órdenes de gobierno. Aseguró que con las modificaciones a 14 artículos de la carta magna se articula una nueva concepción para prevenir hechos de corrupción, investigar las denuncias ciudadanas y las presuntas responsabilidades de que conozcan las autoridades, y la sanción aplicable. La priista Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que es doloroso y preocupante que México se ubique en el segundo lugar como el país de más impunidad en un ranking de 59 naciones, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015. De ahí que, dijo, las reformas sentarán las bases para inhibir, prevenir y castigar a quienes cometan actos de corrupción. Sienta las reglas y los principios —añadió— para desarrollar un Sistema Nacional Anticorrupción. Señaló que este Sistema contará con un Comité Coordinador encargado de diseñar y promover, en todo el país, las políticas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. El perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo que si bien con las reformas aprobadas ayer se ha dado un paso adelante en contra de la corrupción, aún quedan muchas cosas por hacer. “Lamentablemente el combate a la corrupción y la impunidad no basta enfrentarlo con la creación de nuevas leyes e instrumentos jurídicos administrativos y penales, sino que se requiere un cambio de actitud, un cambio en el ejercicio de la administración pública, un cambio cultural en la sociedad y particularmente el cumplimiento irrestricto de la ley por parte de la autoridad”, expresó. Encinas instó a la Comisión de Puntos Constitucionales que a la brevedad dictamine la minuta enviada por la Cámara de Diputados y las iniciativas presentadas por senadores para eliminar todo tipo de fuero establecido en la Constitución.
Opera narco mexicano aduanas de Guatemala El 24 de mayo de 2011, el ex presidente Álvaro Colom decretó la intervención de Puerto Quetzal con el objetivo de combatir la evasión fiscal, el contrabando y el narcotráfico. Quitó a la Junta Directiva y dejó al mando dos figuras que responden directamente al Presidente: el interventor y el subinterventor. Esta intervención volvió a ocurrir con el actual gobierno de Otto Pérez Molina y es en la que se escuda Alejandro Sinibaldi, ahora ex presidenciable del partido de gobierno, para decir que la información sobre el puerto (defraudación aduanera y narco incluidos) iba directamente a la Presidencia y no pasaba por él. La idea era detener el tráfico de precursores químicos para hacer drogas sintéticas. Tanto que entre 2010 y 2014, la PNC incautó tres mil 500 toneladas de precursores. Pero igual no se revisan todos los contenedores. En 2011 en la aduana no se revisaba más de 40%. Con el gobierno de Pérez Molina, de revisar el 100% de contenedores, hoy apenas representa el 25%, según datos de la Empresa Portuaria Quetzal. Puerto Quetzal se colocó en primera plana el pasado jueves 16 cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano encargado de desarticular estructuras paralelas al Estado, desarmaron una mafia de defraudación aduanera. Su centro estaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en el puerto. Los importadores pagaban sobornos a cambio de evadir impuestos. La bomba, que no ha terminado de reventar, es que la estructura, de la que fueron detenidas 21 personas, estaba liderada por dos jefes de la SAT.
Califican de limitada ley anticorrupción El Senado aprobó ayer el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el cual en opinión de la Oposición, es muy limitado. De acuerdo con legisladores contrarios al PRI esta ley será insuficiente para atacar los abusos, excesos y desvíos de recursos públicos cometidos por funcionarios de los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de Gobierno. Las bancadas del PRI y del PVEM impidieron que se modificara el Artículo 108 de la Constitución para retirar la inmunidad al titular del Ejecutivo, con la finalidad de que pueda ser procesado por actos de corrupción. Tampoco aceptaron eliminar el fuero de altos funcionarios, por lo que, para poder llevar ante la justicia a Gobernadores, Alcaldes y legisladores, primero será necesario desaforarlos. Otro de los puntos que los legisladores se negaron a incorporar fue la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos. Los senadores de Oposición consideraron que la reforma se queda corta frente al fenómeno de impunidad y corrupción que ha dejado pérdidas en el País por 86 mil millones de dólares en los últimos 10 años. «La política seguirá siendo un espacio de impunidad gracias al fuero. No se podrá tocar con el pétalo de una averiguación previa a un político. El Presidente no va a ser sujeto de las leyes de responsabilidad administrativa ni será sujeto del Sistema Anticorrupción», criticó el senador del PAN, Roberto Gil. «Esta reforma se queda corta para responder a los millones de mexicanos que, así como vieron la Colina del Perro -residencia del ex Presidente José López Portillo-, hoy se indignan con la ‘Casa Blanca'», expresó el perredista Armando Ríos Piter. Algunos de los legisladores coincidieron en que la simple creación del sistema anticorrupción no garantiza la caída de «peces gordos» o personajes señalados por peculado, cohecho, conflictos de interés, tráfico de influencias, moches o enriquecimiento ilícito. «No hay que generar falsas expectativas. Lo malo de todo esto es que, por más candados que se pongan, la corrupción seguirá existiendo. Son rateros, no estúpidos», soltó el senador panista Javier Lozano.
Pasa la reforma anticorrupción; el fuero se queda Sin modificaciones, el Senado aprobó ayer con 97 votos las reformas constitucionales que crean el Sistema Nacional Anticorrupción con el que se pretende instrumentar la política pública de combate a este delito, y del que derivarán sanciones administrativas para servidores públicos y particulares. La reforma no toca el fuero constitucional, por lo que la oposición aclaró que no será posible fincar responsabilidades penales al Presidente de la República, gobernadores, legisladores, presidentes municipales o líderes sindicales —sin aprobación del Congreso—, por lo que no es ni la panacea ni una varita mágica para ver «peces gordos» tras la cárcel de inmediato. Sin embargo, a excepción del Partido del Trabajo, todos los partidos reconocieron los avances para combatir este «mal endémico» que según estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le cuesta al país 1.5 billones de pesos al año, equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto . La reforma a los 14 artículos constitucionales fue aprobada en lo general después de más de seis horas de discusión con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, con lo que se prevé que en las próximas horas se turne a los congresos de los estados para su aprobación, con el fin de emitir las leyes secundarias a más tardar en un año. La reforma da nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación para auditar en tiempo real los recursos públicos y deudas de los estados; podrá integrar los expedientes de casos de corrupción, que se remitirán al nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa que será autónomo y sancionará faltas graves y no graves, de funcionarios públicos y particulares, entre otros aspectos.
Videgaray: los recortes al gasto, por varios años El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, planteó que los recortes presupuestales para disminuir el gasto gubernamental serán por varios años porque el futuro de la economía nacional e internacional es incierto, los precios del petróleo se mantendrán bajos y se observará alta volatilidad en el tipo de cambio. Por eso, afirmó, México debe preparar su economía para ejercer menor gasto gubernamental y poder enfrentar un menor crecimiento internacional, la elevación de tasas de interés en Estados Unidos, que provocará un reflujo de capitales a ese país, y los bajos precios del petróleo para un periodo que puede durar años, advirtió. Adelantó que si bien para este año se cuenta con las coberturas petroleras que garantizan un nivel de 79 dólares por barril, para 2016 se buscará contratar garantías con el mismo fin, pero serán a un precio mucho menor, y de acuerdo con las condiciones de los mercados. Al participar en The Real State Show 2015 organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el funcionario federal planteó un panorama económico incierto a mediano y largo plazos, que representa un reto para el país y su desarrollo.
