- INE tira plan de parar el Tri-Brasil el día de la elección
- Los 11 consejeros rechazaron, en sesión extraordinaria, la solicitud de Morena y el PAN para que la Femexfut reprograme el encuentro
- Concluyen que el organismo electoral carece de facultades legales para gestionar la suspensión del evento deportivo
El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó solicitar a la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) la reprogramación del partido México-Brasil, que se efectuará el mismo día del proceso electoral, el próximo 7 de junio.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que su oficina ya entró en contacto con la Femexfut. “Me parece que los proyectos, de acuerdo con los términos que se han planeado, implicarían asumir una competencia, que lo digo con toda franqueza y todo respeto, no me parece que sea competente de esta propia autoridad”, señaló.
Durante la sesión extraordinaria, Horacio Duarte, representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que no es un tema menor porque puede tener un impacto en el electorado, “ya que ‘ponte la verde’ hace alusión a un tema de la realidad actual, como lo es el posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México”.
“Esto tiene que ver con garantizar que el día de la jornada electoral no haya elementos de distorsión en la voluntad de los electores. Sí hay elementos que influyen negativamente”, consideró Duarte.
En su intervención, Francisco Gárate, del PAN, comentó que el juego desincentivaría la participación electoral, así como a los funcionarios de casilla.
“El poner un juego de la Selección Nacional el 7 de junio no es un incentivo, sino lo contrario. Es un asunto relevante y grave que debe de considerarse”, expuso.
En su oportunidad, el representante del Partido del Trabajo (PT), Pedro Vázquez González, solicitó formalmente que el partido se realice un día después del proceso electoral, ya que la equidad puede vulnerarse.
Por su parte, el representante del PRI ante el Instituto, Carlos Ramírez Marín, señaló que el juego de fútbol no es una amenaza para las elecciones y una reprogramación del encuentro castigaría a los aficionados al futbol, entre ellos menores de edad.
“Cientos, miles de veces más importantes que el futbol es qué vamos a hacer con las escuelas de Oaxaca o los lugares que están en peligro en Guerrero, eso sí ponen en peligro las elecciones y esos sí son objeto de nuestro interés y sobre eso sí tenemos facultades para intervenir”, dijo.
“Lo que yo esperaría que usted hiciera, consejero presidente (Lorenzo Córdova), en esa llamada (con la Femexfut) es lo que se ha hecho en otras ocasiones. Pídale usted a la Federación Mexicana de Futbol que se sume a la promoción del voto y que en el partido y en los comerciales digan, después de votar no te pierdas el partido de la selección”, refirió Ramírez Marín.
El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Herrera, indicó que se debe aprovechar este juego que tiene tal aceptación en la población para invitar a los mexicanos a que sin importar el color, candidato, solamente importando su convicción y lo que quieran para México, acudan de manera copiosa a las urnas.
Mientras que el consejero legislativo del PRI, Pedro Ignacio Domínguez, expresó que pedir cancelar el partido sería como tratar al votante como un menor de edad. “No es la forma de incentivar esa participación cívica a partir del desconocimiento de la madurez del ciudadano para poder acudir a votar libremente a las urnas”.
Además, Fernando Vargas, representante del PRD, coincidió con el presidente nacional de su partido, Carlos Navarrete Ruiz, quien hace unos días pidió a las autoridades que no haya inducción del voto en el partido de futbo
· Partidos temen al crimen; piden seguridad en elecciones
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de abril.- PAN, PRD y Partido Verde exigieron ayer a la autoridad electoral tomar las medidas necesarias para que la delincuencia organizada no pueda tener injerencia en las próximas elecciones.
En Michoacán, PAN y PRD expusieron la necesidad de que los comicios se realicen en paz. “Lejos de las amenazas y del chantaje y la extorsión de la que son víctimas los candidatos y las candidatas de todos los partidos políticos”, expuso Adrián López Solís, representante perredista ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
El panista Javier Mora Martínez pidió al órgano electoral no “minimizar el tema de la inseguridad, a una semana de que inicien las campañas para gobernador”.
Ramón Hernández Reyes, presidente del IEM, aseguró que realizan una valoración de la situación en el estado. Sin embargo, llamó a no maximizar el tema.
Salvador Jara, gobernador de Michoacán, dijo que serán atendidas las peticiones de algunos candidatos de su estado que han solicitado seguridad personal.
En la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, del PVEM, pidió que autoridades garanticen las condiciones de seguridad durante el actual proceso electoral.
PAN Y PRD TEMEN A MANO DEL NARCO
PRD y PAN temen que el crimen organizado tenga injerencia en las próximas elecciones en Michoacán.
Los representantes de ambos partidos ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) recordaron el proceso de 2011, en el que se dio dicha intromisión y piden al órgano electoral local que tome medidas en el asunto.
El presidente del órgano electoral de la entidad, Ramón Hernández Reyes, dijo que no minimizaban dichas denuncias; sin embargo, de acuerdo con su experiencia, no ven problemas en ninguna de las regiones del estado para que no puedan llevarse a cabo las elecciones a causa de la inseguridad o crimen organizado.
Por su parte, el representante del sol azteca ante el IEM, acusó al Partido Revolucionario Institucional de tener vínculos con el crimen organizado, a lo que su compañero, el portavoz del tricolor, Arturo José Mauricio Bravo, pidió más responsabilidad al dar ese tipo de declaraciones, no desmintió las desapariciones y asesinatos de los comicios pasados, pero sí deslindó cualquier vínculo con su partido.
PIDEN A INE Y PARTIDOS AYUDAR A PAZ ELECTORAL
El partido Verde en la Cámara de Diputados solicitó a las autoridades competentes garantizar condiciones de seguridad, confianza, certidumbre y paz durante el actual proceso electoral, sobre todo, enfatizó, “ante el brutal asesinato de dos precandidatos en entidades del sur del país”.
La legisladora Ruth Zavaleta señaló que al existir la presencia de “focos rojos” en ciertos estados, es tarea del INE y los partidos políticos fortalecer las estrategias encabezadas por el gobierno federal para erradicar actos de violencia, crimen e intimidación, principalmente, en Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.
Precisó que, para que ni los candidatos ni mucho menos la ciudadanía vean truncados y amenazados sus derechos políticos, es fundamental minar la operatividad del crimen organizado.
Por lo cual, aseguró, “se requiere de la aplicación de mecanismos, y un compromiso certero por parte de las autoridades para blindar las elecciones del uso de recursos públicos en las campañas, y de la intervención de dinero o candidatos relacionados con la delincuencia organizada.
En este sentido, Zavaleta Salgado expresó que ante la crisis de credibilidad que vive la clase política, es corresponsabilidad de todos los actores políticos construir condiciones adecuadas para los próximos comicios, por lo cual, los partidos políticos tendrán que ir, de la mano con el INE y organismos de inteligencia del Estado, para revisar meticulosa y exhaustivamente el perfil de sus aspirantes.
Y es que dijo, frente a un proceso electoral de tal relevancia donde se definirán nueve gubernaturas, mil alcaldías y 500 diputados federales, las postulaciones tienen que ser responsables, “no queremos un proceso electoral enmarcado por actos de impunidad y corrupción, por atentados contra el derecho a la vida y a la seguridad de cualquier persona, y rebasado por la delincuencia”.
- ‘‘Recibí presiones para minimizar mi informe sobre tortura’’: Méndez
Por tercera vez señala que esa práctica es generalizada y rechaza ataques a su persona
Pérez Silva
La tortura en México es ‘‘generalizada’’, afirmó por tercera ocasión el relator especial, Juan Méndez, en una carta dirigida este miércoles al representante permanente de México ante oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales en Ginebra, Jorge Lomónaco.
‘‘Ha sido con mucho pesar que arribé a esa conclusión, pero lo he hecho bajo el entendimiento de que su gobierno me invitó a conducir una visita para que realice una evaluación sincera de la situación, y no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible.
‘‘Hubiera sido una falta de ética de mi parte haber sucumbido a presiones que recibí en ese primer momento para que cambiara de parecer, del mismo modo que sería una falta de ética cambiar mi parecer al redactar el informe, o incluso ahora, cuando toda la evidencia que tengo a disposición solamente ratifica mi evaluación.’’
El texto de Méndez es en respuesta a la carta enviada por Lomónaco al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con fecha 13 de marzo de 2015, ‘‘especialmente debido a que inmediatamente luego de que recibí copia de la misma, los medios de prensa en México difundieron comentarios del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo (luego respaldados en su totalidad por el canciller José Antonio Meade), y que constituye un ataque personal’’, advierte el especialista.
Agrega no estar de acuerdo con lo dicho por Gómez Robledo, ‘‘cuando afirma que mi labor es quedar bien con los gobiernos con los que tengo que trabajar. Muy en contrario, para que mi diálogo con los gobiernos sea realmente constructivo tengo que ser justo, pero también honesto, al describir la situación tal como la veo’’.
En el extenso texto, Méndez sostiene que cuando el gobierno de México le solicitó la presentación de casos individuales, ‘‘yo lo interpreté como una muestra de interés de buena fe para tomar medidas respecto de los casos que pudiera presentarles. En ese sentido, sigo muy atento e interesado en conocer en cuáles de estos casos (14) se ha avanzado para investigar, enjuiciar y castigar adecuadamente a los perpetradores, así como para excluir evidencias obtenidas con tortura.
‘‘Ese intercambio de información con respecto a algunos casos jamás se presentó, como su gobierno pretende, como el único fundamento de las conclusiones del informe sobre la situación actual de la tortura en México’’. Sostiene que su evaluación se basa, además de los casos particulares, en otros presentados en años anteriores y precisa que en 2012 y 2013 se trató de 25 víctimas.
Añade a la carta de Lomónaco, en la que se le señala que sólo pudo confirmar 14 casos: ‘‘Quiero aclarar que esos 14 casos que he enviado a lo largo de pocos meses, representan la situación de 107 víctimas, además de un grupo indeterminado de personas que habrían recibido tratos crueles, inhumanos o degradantes como resultado del uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones’’.
Cita además el hecho de que diversas fuentes aducen circunstancias similares: ‘‘La tortura y los malos tratos ocurren en las primeras 24 a 48 horas de la detención y generalmente terminan luego de que la persona es consignada; los métodos utilizados incluyen amenazas, insultos, destrucción de propiedad, pero también golpes, usualmente con objetos duros, electrocución, el llamado water-boarding, en muchos casos violencia y violación sexual.
‘‘Más importante aún, las historias eran muy similares independientemente de quién llevara a cabo la detención, se tratara de la policía municipal, estatal o federal, las procuradurías estatales o federales, o el Ejército y la Marina.’’
Añade que es engañoso expresar sorpresa por sus conclusiones, ya que ‘‘el propio Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, presentado por su gobierno, refiere a la tortura como un tema recurrente y ejemplifica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue de una denuncia en 2005 a 2 mil 126 en 2012, además de que en 2003 el Comité contra la Tortura estableció que en México esta práctica ilegal se cometía de forma habitual y sistemática’’.
Méndez expresa su preocupación, al concluir el texto, porque ‘‘la discusión de mi informe se reduzca al uso de la expresión tortura generalizada, término que considero justificado, objetivo y justo por todas las razones ya mencionadas.
‘‘Me preocupa aún más que la discusión se centre ahora en mi ética e integridad profesional, como si disparar contra el mensajero pudiera ocultar los problemáticos hechos que señalé a su gobierno (…)
‘‘A pesar del lenguaje ofensivo que ha sido publicado en México para referirse a mi persona, quisiera asegurarle a usted, a su gobierno y al Consejo de Derechos Humanos (de la ONU), que mantengo inalterable mi actitud de diálogo constructivo.
‘‘En ese sentido, respetuosamente me permito pedir que le traslade a su gobierno mi interés en realizar una visita de seguimiento’’, concluye el relator de Naciones Unidas
- Recorte a educación superior y seguridad
FERNANDO DAMIÁN
México
El gobierno federal anticipó a la Cámara de Diputados un recorte al presupuesto del próximo año para 48 de los 114 programas clasificados como prioritarios en materia de seguridad nacional, seguridad pública, infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria, así como ciencia, educación y desarrollo social.
Entre los programas con mayor afectación por la caída de los ingresos petroleros destacan los de Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado, con una reducción de mil 169 millones de pesos; Reconstrucción y Conservación de Carreteras, con 483 mdp; el Sistema Federal Penitenciario, con 436 mdp; los Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional, con 221 millones, y los Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Estados y Municipios, con 142 millones de pesos menos que en el actual ejercicio fiscal.
Los recortes forman parte de los 135 mil millones de pesos que la Secretaría de Hacienda aplicará al Presupuesto de Egresos 2016, pero sin considerar aún la reingeniería a la administración pública federal, ni los ajustes del esquema Presupuesto Base Cero, que el Ejecutivo presentará al Congreso de la Unión en septiembre.
De acuerdo con las proyecciones de los Criterios Generales de la Política Económica para el año entrante remitidos por el Ejecutivo federal al Palacio de San Lázaro, los programas prioritarios de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina, así como de la Procuraduría General de la República, no sufrirán ninguna merma.
No obstante, el documento tampoco prevé un solo peso de aumento en dichas áreas para el Presupuesto de Egresos 2016.
Así, los programas de Defensa de la Integridad, Independencia y Soberanía del Territorio Nacional; de Operación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana; de Adquisición, Reparación y Mantenimiento de las Unidades Navales, además de la Investigación y Persecución de Delitos Federales y Delincuencia Organizada mantendrán los mismos recursos asignados para este año.
Las prioridades programáticas de las secretarías de Salud, de Turismo y de Hacienda conservarán también su presupuesto del ejercicio 2015.
En contraste, programas clave de la reforma educativa, como el de Escuelas de Tiempo Completo y el Nacional de Becas enfrentarán un recorte de 311 millones y 367 millones de pesos, respectivamente; mientras que el de Prestación de Servicios de Educación Media Superior contará con casi 218 millones de pesos menos.
En el sector desarrollo social, el programa Pensión para Adultos Mayores de 65 años dispondrá en 2016 de 402 millones de pesos menos que este año, en tanto que el de Apoyo Alimentario tendrá un impacto negativo de casi 32 millones; el de Abasto Social de Leche Liconsa, 23 millones, y el de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa, otros 22 millones de pesos.
El ajuste a casi la mitad de los programas prioritarios del gobierno federal responde a la caída de los ingresos federales por el desplome de los precios internacionales del petróleo y la disminución de la plataforma de producción de hidrocarburos durante los últimos meses.
En ese contexto, los criterios preliminares de política económica para 2016 prevén escenarios complejos para el próximo año, con una estimación del precio del crudo nacional en 55 dólares por barril, es decir, 24 menos que en la Ley de Ingresos 2015.
«Sube deuda pública»
-La senadora del PRD Dolores Padierna advirtió que durante el primer bimestre de 2015 la deuda pública aumentó a 7 billones 144 mil millones de pesos, 18.2% más de la registrada a febrero de 2014, lo cual, afirmó, junto con los bajos precios de petróleo pone en riesgo las finanzas públicas del país.
-Confirmó que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público ascendió a 7 billones 662 mil millones de pesos, equivalentes a 46 por ciento del PIB.
Explosión e incendio destruyen una plataforma de Pemex
Un incendio en una plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de Campeche, la madrugada de este miércoles, provocó la muerte de cuatro trabajadores y dejó heridos a 16, informó la paraestatal.
El incendio ocurrió en el área de deshidratación y bombeo de la plataforma Abkatun Permanente, que está ubicada en la Sonda de Campeche, uno de los yacimientos petroleros mexicanos más grandes del Golfo de México.
De los cuatro trabajadores fallecidos, uno era empleado de Pemex, otro de la empresa Cotemar, subcontratista de Pemex, y dos más aún no han sido identificados. De los 16 lesionados, cuatro son de Pemex y 12 de compañías que brindan servicios a la plataforma.
Dos de los heridos se encuentran en estado delicado y 14 presentan lesiones leves. Son atendidos en el Hospital General de Pemex, en Ciudad del Carmen, y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la paraestatal en un comunicado.
En este sentido, precisó que como parte de los protocolos internos de la empresa, se dio aviso de manera prioritaria a los familiares de los trabajadores fallecidos y hospitalizados.
Pemex informó que sus trabajadores lograron prevenir un derrame, ya que sólo se registró un escurrimiento de petróleo que está siendo contenido por embarcaciones especializadas.
“Al seccionarse los ductos en cuanto ocurrió el incendio, se logró prevenir un derrame y el humo que se presentó es del crudo remanente en el ducto”, señaló la empresa en un comunicado.
“La afectación a la producción tendrá un impacto mínimo debido a que al tratarse de una plataforma de proceso y no de producción, el hidrocarburo que recibía de los pozos aledaños será direccionado a otros centros de proceso”, agregó.
La emergencia generó el desalojo de 302 trabajadores, y hasta la tarde de este miércoles, la paraestatal, con el apoyo de la Secretaría de Marina, realizaba labores para sofocar las llamas, con ocho barcos contraincendio.
El director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, encabezó una reunión de trabajo en la terminal marítima Dos Bocas para continuar con las tareas de atención a la emergencia, luego del incendio en la plataforma Abkatún en la Sonda de Campeche.
En su cuenta de Twitter, Lozoya dio a conocer que realizó un sobrevuelo a la plataforma para supervisar las labores de control del incendio. Asimismo, agradeció a la Secretaría de Marina su atención durante la contingencia y a los trabajadores de Pemex que continúan en las labores.
Hasta el momento se desconocen las causas del incendio. Pemex señaló que técnicos especializados de la empresa realizarán, con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), el análisis de la causa del siniestro.
El peor derrame de una plataforma en México tuvo lugar en 1970, cuando una torre de perforación, la Ixtoc 1, explotó y derramó 140 millones de galones de petróleo. Le tomó nueve meses a Pemex y varias empresas de Estados Unidos controlar el desastre. Las corrientes llevaron el petróleo a las zonas costeras de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y también zonas de Texas resultaron contaminadas
· Fitch castiga a México, pero inversionistas lo ignoran
Inversionistas en bonos no están tomando en cuenta la baja calificación que Fitch ha otorgado a las empresas mexicanas que han caído en impagos.
De todos modos, el impacto de las notas más bajas que Fitch da a las compañías mexicanas es difícil de detectar en el mercado de bonos. Los costos crediticios promedio de las empresas del país, de la más a la menos solvente, son de 4.6 por ciento, en comparación con 7.1 por ciento de sus pares de Centroamérica y América del Sur.
“Como inversor, la calificación no determina si voy a invertir”, dijo por teléfono desde San Diego Claudio Robertson, jefe de negociación de renta fija de Investment Placement Group. “Uno presta atención a otras cosas más actuales. En mi caso, la calificación no incide”.
EL CASO DE VITRO
Robertson agregó que las nuevas leyes mexicanas sobre quiebras proporcionan más protección a los acreedores.
El presidente Enrique Peña Nieto reformó la ley luego de que la empresa fabricante de vidrio Vitro SAB, tras un impago de bonos de 2009, utilizó un vacío para convertirse en su propio mayor acreedor e impulsar una reestructuración a pesar de las objeciones que los tenedores bonos plantearon ante la justicia local. Un juez de los Estados Unidos rechazó más tarde el acuerdo.
Si bien cinco compañías mexicanas tuvieron impagos en 2013, sólo ha habido uno desde que las nuevas normas que rigen las quiebras se publicaron en el boletín oficial en enero de 2014, según Moody’s Investors Service.
Fitch dijo que no estima que vaya a cambiar su metodología de calificación hasta que haya visto más ejemplos de empresas que usan la nueva ley de quiebras.
Antes de que México reformara su legislación sobre quiebras, una clasificación del Banco Mundial basado en el cumplimiento de los contratos ubicó al país en el puesto 71, por debajo de Rusia y Argentina. Ahora ocupa el lugar 57, por encima de Argentina y Chile
El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, no sólo ratificó que la tortura es una práctica “generalizada” en México, sino que es una “epidemia”, y reveló que recibió “presiones” de diplomáticos mexicanos para que corrigiera el contenido de su informe.
En entrevista con EL UNIVERSAL TV, manifestó que ratifica las conclusiones de su documento, pues “no he encontrado todavía ninguna razón para cambiarlas”, por lo que demandó un diálogo más constructivo y civilizado “que lleve a México a poder lidiar mejor con la epidemia de tortura que tiene”.
Respecto a las presiones, apuntó que hubo llamadas telefónicas, encuentros con Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y Organismos Internacionales de Ginebra, así como una carta del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, en las que le insistían eliminar el término de “generalizado”, del informe que presentó el 9 de marzo pasado.
Calificó de “falsas” las acusaciones del embajador Lomónaco. Expuso que nunca expresó que la metodología que usó en nuestro país para elaborar su informe fuera “rudimentaria” e “insatisfactoria”.
Sus palabras, dijo, fueron sacadas de contexto, en el mejor de los casos, y aclaró que se refería exclusivamente al procedimiento de quejas que aplican los relatores especiales. “Digo que es rudimentario porque no tenemos ninguna oportunidad para entrevistar a los testigos directamente, para analizar documentos o para contrastar opiniones. Lo único que hacemos es esperar del gobierno una respuesta.
“Y además es insatisfactorio porque en 50% de los casos —lo que no aplica para México—, ni siquiera recibimos respuesta”, detalló el experto.
Añadió que el gobierno mexicano se equivoca al decir públicamente que su informe está basado en 14 casos, pues éstos involucran a 107 mexicanas y mexicanos que fueron víctimas de tortura. “Son muchos otros y no pretendieron nunca ser el universo que me llevan a la conclusión de que es generalizada”.
Subrayó: “Es una práctica generalizada porque la mayoría de los testimonios que recabé repiten las mismas características: la tortura ocurre en las primeras 24 o 48 horas de la detención; es violenta porque incluye amenazas, electrocuciones, ahogamientos, asfixias, golpes con instrumentos duros y armas punzocortantes o la destrucción de propiedades, e incluso abuso sexual”.
Además, la tortura se da en reiteradas ocasiones, la aplican los policías federales, estatales o municipales responsables de la detención, y luego quienes laboran en la PGR y las procuradurías estatales, así como en el Ejército y la Marina. “Decir que es algo generalizado no es una aberración, porque no son casos alejados o que ocurrieron por error”.
Méndez apuntó que la impunidad, en el caso de perseguir y castigar la tortura, es un hecho pues los procuradores, fiscales y jueces que reciben las denuncias las desestiman.
“En los últimos 10 años, de todas las denuncias que existen —estoy hablando de miles—, hay solamente cinco en las que se ha llegado a condenar judicialmente a posibles perpetradores de la tortura. Las cifras son muy contundentes”.
Consideró injusto que funcionarios mexicanos lo hayan calificado de “irresponsable y poco ético” y comentó que es la primera vez en su carrera que su honestidad ha sido puesta en entredicho.
“Entiendo perfectamente que tengamos visiones distintas sobre las conclusiones que saqué de mi visita, pero me parece que no hay ninguna necesidad de personalizar y atacarme”.
Y aunque manifestó que no espera una disculpa, sí exigió respeto y una rectificación para mantener un “diálogo civilizado” y la colaboración con la administración del presidente Enrique Peña Nieto. “Fuera de eso, no espero nada más. Voy a insistir que en adelante me traten como lo hacían hasta antes de la presentación de mi informe”.
